“No es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y de los magistrados.” – Aristóteles.
Los cambios que el nuevo régimen político está imponiendo en el país se están desarrollando vertiginosamente, parece que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene plazo y fecha de caducidad en el 2021.
Una de las más recientes y controvertidas propuestas es la que pretende ser vendida como Reforma Política, que junto con otras ya aprobadas y en curso parecieran cumplir con un manual especifico, con un objetivo también muy puntual.
La permanencia de un proyecto político transexenal es la verdadera causa del mandatario nacional.
Pero conocer y comprender su confección requiere del conocimiento que da los años de estudio y conocimiento de la materia electoral.
Este reportero converso con el consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, uno de los 10 consejeros electorales del país, convocados por la Cámara de Diputados a un ejercicio de Parlamento Abierto en donde diversas voces expusieron sus opiniones al respecto, en el afán de mejorar la democracia en México.
Según Vázquez Barajas el tema debe partir de emitir un diagnóstico.
En primera instancia las competencias constitucionales otorgadas por la reforma del 2014 al artículo 41 de la Constitución otorgaron el 100% de las atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) para lo concerniente con el desarrollo de las elecciones de orden federal.
De igual manera, esa misma modificación el asignó al INE el 45% de las acciones a desarrollar en procesos electorales locales, deja un 23% de acciones concurrentes entre el INE y OPLES, y da solo el 32% de las acciones exclusivamente a los Organismos Públicos Locales Electorales de los 32 estados del país.
Dicha medida provoca que exista una distribución de competencias que inclina la balanza de tareas hacia el INE, pues han asumido gran parte de aquellas que en origen pertenecían a OPLES.
El INE es responsable de ubicar casillas, capacitar funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casillas, dirigir los trabajos de geografía electoral, distritación, fiscalización, gestión de temas relativos a radio y televisión, padrón electoral y lista nominal, entre otras.
Por otro lado, los OPLES se encargan de difundir cultura cívica, mecanismos de participación ciudadana, ministrar prerrogativas, vigilar la jornada electoral, cómputo, escrutinio y declaración de validez de la elección.
Cuestionado sobre ¿cuáles son los riesgos latentes del escenario actual?
El funcionario electoral advierte que exista una sujeción a poderes locales a Tribunales y OPLES, se presente una asfixia económica-presupuestal, se desarrolle una violencia política contra los consejeros electorales, se presente una conflictividad normativa entre Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) versus las 32 Leyes Electorales Locales.
Así mismo, se siga presentando una configuración orgánica deficiente para estandarizar la función electoral, se presente un outsourcing de funciones electorales sustantivas, se den múltiples licitaciones a precios diferenciados, lo que evidentemente encarece los procesos electorales, apunta el Consejero Vázquez Barajas.
Respecto al tema de la inversión económica emprendida por el Estado para el desarrollo de la función electoral advierte, para que tengamos una idea, el INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los 32 Tribunales Electorales y sus respectivos OPLES así como los Partidos Políticos en sus ámbitos nacional y local han costado al erario la friolera cantidad de 2015 al 2019 de 169 mil millones de pesos.
Y sostiene que en 2015 el costo alcanzó los 35.6 mmdp; en 2016, 29.2 mmdp, en 2017, 29 mmdp; en 2018, 45 mmdp, y en este año se estima que entre 30 y 33 mmdp.
Ante el costo tan elevado que representa la democracia, el cuestionamiento es ¿deben desaparecer los OPLES?
El consejero Juan Manuel Vázquez refiere, que lo que debe importarnos es cómo perfeccionamos nuestro sistema electoral, para hacer que más ciudadanos voten y se involucren en la toma de decisiones públicas.
Advierte que la permanencia de los OPLES deberá ser consecuencia de la recuperación de las funciones electorales locales y ante la ausencia de la recuperación de competencias, debemos preguntarnos sobre conservar órganos huecos y con funciones disminuidas.
¿Debemos dar transito al centralismo o al federalismo?
El integrante del Consejo General del OPLE Veracruz advierte que el cree que las competencias sustantivas, han sido centralizadas y permanecen bajo control desde el centro.
Y afirma, tan solo cabe recordar que ha sido progresiva desde las primeras reformas en materia político-electoral, retomándose en las reformas de 1990, 1993, 1996 y 2007.
Es señala, hasta 2014 que culmina este proceso centralizador donde disminuyó la participación de autoridades locales y generó una autoridad electoral nacional.
¿Considera que existe áreas de oportunidad?
El ex funcionario electoral en el Estado de México afirma, debemos ver esto en cuatro rubros:
Primero en un Esquema de Elecciones, en donde existan elecciones generales cada 3 años, donde se realicen procesos electorales de tan solo cinco meses, a su vez se den campañas electorales de dos meses, con la asignación de un presupuesto electoral único.
Segundo, la Innovación, en donde se empleen centros de votación únicos, se creen reglas para homologar los distritos federales y locales, en donde se implemente paulatinamente el voto electrónico.
Tercero, la Normatividad, en donde se privilegie el optimizar los medios de impugnación, se revise las competencias, se estandaricen los procedimientos electorales y se creen Leyes Electorales Únicas.
Y cuarto y último, se de paso a la viabilidad de constituir un Órgano Electoral Único Nacional, que permite eliminar la duplicidad de funciones, permita garantizar mayor imparcialidad del árbitro electoral, se presente un total respeto a la autonomía presupuestal, se den elecciones certeras y de calidad en todo el país, se garantice la igualdad de actores políticos y ciudadanía.
De igual modo se permita la homologación de procedimientos y marco jurídico nacional y local, se garantice la eficiencia de los recursos humanos y materiales, así como se imponga el empleo de una austeridad en el manejo de los recursos financieros.
Así es como un experto del tema electoral visualiza el tema de la Reforma Electoral, que comienza a causar cierto malestar entre algunos segmentos de la sociedad, pero especialmente contrapone a los actuales Consejeros Nacionales del INE y algunos integrantes de las Cámaras Federales, los cuales pretenden erigirse en Tribuna Experta en la materia, cuando está comprobado que no cuentan ni con un perfil a la altura del reto que representa desarrollar una elección.
Al tiempo.
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