De la entrevista concedida a Gabriela Jiménez (del Sol de México) por el popular director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dependiente de la SHCP, destacan dos casos que han sido denunciados ante la dependencia a su cargo y que tienen importancia nacional, por tratarse de políticos de carrera que han destacado en diferentes ámbitos de la administración pública federal.
Uno es el de los sobornos imputados a la empresa Odebrecht para beneficio de Emilio Lozoya y el otro es el relativo al ocultamiento de bienes en su declaración patrimonial del actual director de CFE, Manuel Bartlet, a quien se le acusó de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
Se ufana Nieto Castillo, de haber conseguido órdenes de aprehensión contra el prófugo Emilio Lozoya, su hermana y su esposa, su madre en arresto domiciliario y sus bienes asegurados en espera de aplicarles la “extinción de dominio” que permitirá que las propiedades gravadas en favor de Hacienda pasen a ser propiedad del Gobierno Federal, seguramente para ser objeto de remate y recaudar fondos “para devolver al pueblo lo robado”.
Lo anterior, hasta donde se sabe, es un caso de aplicación de la ley “a secas”, es decir, de manera estricta y sin contemplaciones para la familia Lozoya, investigada en los términos del plan que se estableció la UIF, en julio del año pasado denominado “La Casa Limpia”. Viejas cuentas que podrían incluir la exigencia de Santiago Nieto a la FEPADE, para que se sume a las órdenes de aprehensión mencionadas, por el soborno señalado al entonces director de PEMEX, Emilio Lozoya, otorgado por Odebrecht para los gastos de campaña del expresidente Peña.
Para los conservadores fifís, cuyas riquezas no han sido plenamente justificadas, el otro caso que involucra al ex Secretario de Gobernación, ex Gobernador de Puebla, y actual director de CFE, Manuel Bartlet, sería un asunto de justicia y gracia para el amigo, tal como dicen que operaba en su momento el Presidente Juárez, con el mazo de la justicia en la mano. Y todo porque la UIF anticipó su regalo de Navidad, exonerando de enriquecimiento ilícito, al responsable de que “se cayera el sistema del conteo de votos”, en la elección presidencial de 1988.
Que Manuel Bartlet, sus hijos y su compañera de vida, posean más de 25 residencias, no configura el enriquecimiento ilícito, porque una cosa es la letra de la ley y otra cosa resulta de su aplicación.
