El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), determinó que las actividades de afiliación y reafiliación por parte del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud al Seguro Popular, deberán observar en todo momento el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que están bajo su responsabilidad.
Evitando influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos y candidaturas, desde el inicio de las campañas electorales el próximo 29 de abril y hasta la conclusión de la jornada electoral el 1 de julio.
Y es que María del Consuelo Anaya Arce, encargada de la referida dependencia estatal, presentó una consulta al OPLEV en la cual expuso que el Régimen Veracruzano cuenta con diversas estrategias de afiliación que permitirán paulatinamente dar cumplimiento a las metas establecidas por la federación.
Agregó que conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, el Régimen Veracruzano recibe del Gobierno Federal anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), por lo que establece metas de afiliación que deben ser cumplimentadas por la Entidades Federativas, con la finalidad de recibir dichos recursos que permitan financiar la prestación de los servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular.
En ese sentido, le pidió a las autoridad comicial que se pronunciara respecto a la viabilidad de que dicho organismo durante el periodo de las campañas electorales, continuara implementando las estrategias de afiliación y con la operatividad en materia de afiliación y reafiliación.
En la respuesta, avalada por los consejeros y publicada en su página web del OPLEV, se lee que éste no cuenta con facultades para validar o modificar las actividades que pretende llevar a cabo el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, respecto de la operatividad en materia de afiliación y reafiliación.
Pero reitera que durante el periodo de las campañas deberá ajustarse y respetar el principio de imparcialidad, para evitar ser sometido al procedimiento administrativo, en caso de que se violen las normas legales establecidas.
