Por Estela Casados González
El sábado 17 de junio amaneció con el hervidero en redes sociales en torno al cíclico supuesto de las agresiones de las que ha sido objeto la esposa del Secretario de Gobierno del estado de Veracruz. Este caso ha ocupado la atención pública en redes sociales, al menos un par de veces en el último año. También se han asomado una serie de comentarios que se centran en lo de siempre: culpabilizar y ridiculizar a quien sufre violencia. El agresor, bien gracias.
Dada la envergadura del puesto gubernamental que ocupa el supuesto agresor y los tiempos que corren en la entidad, la única en donde coexisten una Alerta de violencia de género contra las mujeres por el delito de feminicidio y una segunda solicitud de Alerta por agravio comparado, los comentarios deberían trascender el lugar común del chismorreo y la crítica en que cómodamente nos sitúa la misoginia y el machismo.
¿Qué implicaciones tiene que surjan estas acusaciones y desistimientos sobre violencia física atribuibles al único perredista que ocupa un puesto de primer orden en un gobierno enteramente blanquiazul? No tengo la respuesta a esa pregunta. Ahí la dejo a quien tenga experticia y sapiencia para el análisis político calificado. Pregunto como ciudadana, nomás.
El tema de fondo en este asunto es la manera en que la administración estatal actual ha tratado el tema de la violencia hacia las mujeres. Si bien es cierto que varias activistas tanto veracruzanas como del ámbito nacional han empujado el tema, no debemos de perder de vista que en 2017 se han registrado 97 asesinatos de mujeres, ello sin tomar en cuenta lo que va del mes de junio. Las desapariciones de veracruzanas actualmente suman 113. Los reportes de violencias contra mujeres ascienden a 435 hasta el mes de mayo pasado.
La sociedad veracruzana tampoco se ha involucrado en la exigencia. Se supone que son las organizaciones de mujeres las que deben empujar la Alerta y la segunda solicitud que se ha hecho ante gobierno federal.
Lo cierto es que este asunto debe tratarse no solo como “el problema de un sector de la población”, sino como un tema que debe involucrar a toda la sociedad en la exigencia del cumplimiento de la declaratoria de Alerta.
En vez de ello, encontramos que quienes usan las redes sociales y los medios de comunicación están enardecidos ante el morbo que traen consigo las imágenes de una mujer golpeada. En esta ocasión no es una más de las que andamos a pie, no es una más que tiene que soportar los maltratos de la Fiscalía o la burla de las vecinas y vecinos por ser “una comodina que se deja golpear”, para luego desdecirse de los hechos.
Sin embargo, quienes opinan sobre el caso reaccionan igual: juzgando a partir de supuestos burdos, misóginos y cómodos porque no requiere de mayor reflexión ni exige la contextualización política que el caso requiere.
Pervive la costumbre de personalizar y depositar sobre las mujeres todo aquello que permita censurarlas. ¿Y los agresores? De ellos nos olvidamos.
No se trata de hacer lucir como víctimas indefensas a las mujeres y, con ello, revictimizarlas. Se trata de que como sociedad revisemos nuestro proceder y opinión ante la violencia contra las mujeres, que volteemos a observar críticamente a los agresores.
Debemos exigir al Estado que castigue y sancione a quienes agreden y violentan. Como ciudadanía es un tema que tenemos pendiente.
