El diputado panista, Rodrigo García Escalante, presenta este jueves una iniciativa para que la Universidad Veracruzana pueda iniciar leyes o decretos y por lo tanto se pueda reconocer el derecho constitucional que ahora tiene la Casa de Estudios en la presentación de éstas, además, sostiene que el anteproyecto de Ley Orgánica, considerando que el proyecto presentado por las autoridades universitarias, fue “precipitado” y no responde a un verdadero consenso universitario.
En su exposición de motivos, el legislador definió que existe una “imposibilidad” normativa que facilite a la Universidad Veracruzana el ejercicio del derecho que se le otorga, y la ausencia de regulación puede derivar en un ejercicio arbitrario.
Asimismo, que la Universidad Veracruzana, como institución pública, es más “compleja” de lo que parece, su transformación debe abordarse desde distintas perspectivas, y “aunque goza de autonomía, no se debe olvidar que la educación superior es una responsabilidad del Estado”.
“Por lo que es necesario hacer una serie de adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y a su Ley de Autonomía, lo que conlleva reconocer ese derecho constitucional que ahora tiene la Universidad Veracruzana, otorgando las atribuciones correspondientes a las autoridades y órganos colegiados, debiendo además, regular la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, así como el procedimiento que se requiere al interior de esta Casa de Estudios para la aprobación de un proyecto de iniciativa de tal envergadura”, destaca el texto de su iniciativa.
Lo que busca el panista, es adicionar la fracción VIII al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Título Cuarto con un Capítulo Único a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana.
García Escalante recordó que en la sesión del día 21 de mayo de 2018, votó a favor del Decreto número 758 que adiciona la fracción VII al artículo 34 de la Constitución Política del Estado, que autoriza a la Universidad iniciar leyes o decretos en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento, haciéndose la declaratoria de reforma constitucional por la Diputación Permanente de esa Legislatura, el 28 de agosto de este año, y publicada en la Gaceta Oficial, el pasado 6 de septiembre.
La iniciativa detalla que el decreto número 758, en su artículo transitorio tercero, instruyó al Congreso del Estado a realizar las adecuaciones a las leyes secundarias dentro de los 60 días naturales siguientes al inicio de su vigencia, lo que constituye un mandato constitucional expreso, pero dicho plazo ya concluyó.
“La inactividad del Congreso del Estado para atender una obligación derivada de nuestra norma constitucional local, implicaría una omisión legislativa, que propicia la falta de eficacia plena del artículo 34 fracción VII, ya que existe una imposibilidad normativa que facilite a la Universidad Veracruzana el ejercicio del derecho que se le otorga, y la ausencia de regulación puede derivar en un ejercicio arbitrario, por lo que es necesario hacer una serie de adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y a su Ley de Autonomía, lo que conlleva reconocer ese derecho constitucional que ahora tiene la Universidad Veracruzana, otorgando las atribuciones correspondientes a las autoridades y órganos colegiados, debiendo además, regular la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, así como el procedimiento que se requiere al interior de esta Casa de Estudios para la aprobación de un proyecto de iniciativa de tal envergadura”, se aprecia en el texto que se presentaría en tribuna.
Asimismo, García Escalante mencionó que el 25 de septiembre de 2018 presentó ante la Diputación Permanente el proyecto de decreto que hoy se retoma, destacando que por los tiempos cercanos a la conclusión de la anterior Legislatura, su estudio quedó como un gran pendiente, que tiene que desahogarse de forma inmediata para dar cumplimiento a lo decretado por la reforma constitucional, y dejar establecidas las reglas a las que debe sujetarse la Universidad Veracruzana para iniciar un proceso de elaboración de proyecto de iniciativa relacionada con su autonomía, organización y funcionamiento, evitando con ello que se vulneren los derechos de participación a la comunidad universitaria.
Definió que las nuevas atribuciones que se le otorgaron a la Universidad Veracruzana permiten que a través del derecho de iniciar leyes o decretos propongan al Congreso cambios que verdaderamente busquen la excelencia de la Institución a partir de la consolidación de la calidad de los servicios educativos que presta y del fortalecimiento de su función social.
Opinó que mejor que los propios universitarios, sugieran mediante las iniciativas que presenten, las alternativas de solución a las carencias de la Institución, sin duda, sus propuestas serán resultado de la capacidad crítica y autocrítica de una comunidad formada e informada, lo que permitirá que el Congreso conozca el escenario real de la vida universitaria.
“En este contexto, el Congreso deberá legislar a partir de la inclusión de su comunidad en el proceso de elaboración de iniciativas de leyes o decretos, para que los proyectos sean resultado de la experiencia y del conocimiento que cada integrante tiene sobre su quehacer cotidiano”, añade el texto.
Aseveró que la Universidad Veracruzana, como institución pública, es más “compleja” de lo que parece, su transformación debe abordarse desde distintas perspectivas, y aunque goza de autonomía, no se debe olvidar que la educación superior es una responsabilidad del Estado, conforme lo establece la fracción V del artículo 3 de la Constitución Federal, que a la letra establece:
“Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”, refirió.
Pidió recordar que la Universidad se debe y le sirve a la sociedad motivo suficiente para que el Congreso del Estado, asuma con responsabilidad la potestad que los veracruzanos les han conferido.
El desarrollo de cada una de las etapas del proceso legislativo hasta la resolución que dará el carácter de ley o decreto corresponde al Congreso.
Recordó que la Universidad Veracruzana inició un proceso de elaboración de un anteproyecto de reforma de ley orgánica, antes de la publicación en la Gaceta Oficial de la reforma constitucional que le otorga dicha atribución, y antes de que el Congreso le otorgue al Consejo Universitario General las atribuciones para conocer de la materia.
Por otro lado, las autoridades universitarias sometieron a consulta pública el citado anteproyecto, lo que generó una serie de “inconformidades” que se volvieron mediáticas, siendo del conocimiento público que estudiantes y académicos se manifestaron coincidiendo en que los problemas de la Universidad aún no han sido suficientemente discutidos por los integrantes de la comunidad, para estar en condiciones de elaborar un anteproyecto de Ley Orgánica, considerando que el proyecto presentado por las autoridades fue precipitado y no responde a un verdadero consenso universitario.
Refirió que en su página oficial, la Universidad estableció un periodo de consulta a la comunidad universitaria sobre el citado anteproyecto, del 2 de julio al 30 de noviembre del 2018; por eso, es importante que se realicen las reformas correspondientes, para que se “reponga” el procedimiento en el marco de la ley y se le otorgue voz a los universitarios.
“Es necesario exhortar nuevamente a las autoridades de la Universidad Veracruzana, ya que la nueva etapa en que incursiona la Universidad debe ser aprovechada para su mejoramiento, y que el derecho que la Constitución local hoy le confiere, para iniciar leyes o decretos, debe apegarse al cumplimiento de las funciones y de los fines que establece la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Federal a las universidades que gozan de autonomía, en tanto dicha disposición continúe vigente, cuyo texto también lo contempla el cuarto párrafo del artículo 10 de la Constitución local”, argumentó.
Sostiene que es indispensable también subrayar que el derecho ahora consagrado en la Constitución local, se le otorgó a la Universidad Veracruzana, considerando que su comunidad es una extensa población compuesta por estudiantes, personal académico, personal de confianza, personal administrativo de base técnico y manual y funcionarios; que la reforma buscó fortalecer su autonomía y su capacidad de autogobernarse, pero reconociendo que la Universidad Veracruzana, es el espacio donde se puede ejercer el derecho de pensar, opinar y disentir libremente, donde caben todas las posibilidades, y la exclusión debe ser un asunto superado.
Es en este sentido, que en reconocimiento a la importancia de la comunidad universitaria en la vida pública de nuestro Estado y en reciprocidad a la función sustantiva que realiza nuestra Máxima Casa de Estudios, atendemos lo señalado en el artículo tercero transitorio del Decreto que otorga la posibilidad de que la Universidad Veracruzana presente iniciativas relativas a su autonomía, organización y funcionamiento, adecuando a través de la presente los ordenamientos secundarios.
El panista propone que para elaborar, estudiar y dictaminar un proyecto de iniciativa de ley o decreto, el Consejo Universitario General conformará una Comisión multidisciplinar que será integrada por personal académico y estudiantes de cada una de las Áreas Académicas de la Universidad Veracruzana. El personal académico y los estudiantes de la Universidad, podrán ser externos al propio Consejo Universitario.
Que el Consejo Universitario determinará el número de personal académico y de estudiantes que integren la Comisión multidisciplinar que no podrá ser menor de cinco por cada Área Académica. El Rector o Rectora, designará a tres funcionarios para sumarse a la Comisión, uno de ellos será el Abogado General de la Institución.
Que el Consejo Universitario General Convocará a la Comunidad Universitaria a participar en el proceso de elaboración del proyecto de iniciativa de ley o decreto relacionado con la autonomía, organización y funcionamiento de la Universidad, estableciendo las bases y los términos en la convocatoria respectiva.
Que para que el proyecto de iniciativa de ley o decreto pueda ser presentado ante el Congreso del Estado, será necesaria la aprobación de la mayoría de las Juntas Académicas de las entidades de la Universidad Veracruzana, lo que se dará en sesión ordinaria o extraordinaria, debiéndose comunicar el resultado al Consejo Universitario General en un plazo de treinta días naturales, para la declaración respectiva.
Que el Rector o Rectora deberá suscribir el proyecto de iniciativa de ley o decreto declarado aprobado por el Consejo Universitario General, para efecto de iniciar el procedimiento legislativo ante el Congreso del Estado.
El proyecto de iniciativa de Ley o Decreto relacionado con la autonomía, organización y funcionamiento de la Universidad Veracruzana, se sujetará a lo establecido en el Titulo IV, Capítulo I de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y demás leyes aplicables.
Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la presente reforma, el Consejo Universitario General determinará en un plazo no mayor de 60 días hábiles, en sus Estatutos y Reglamentación correspondiente, los términos en que los Universitarios: personal académico, personal de base administrativo, técnico y manual, personal de confianza, y estudiantes podrán participar en la presentación ante el Consejo Universitario General del proyecto de iniciativa de ley o decreto relacionado con la autonomía, organización y funcionamiento de la Universidad Veracruzana.
