De acuerdo con medios de comunicación locales, diciembre de 2018 cerró con 20 mujeres asesinadas en el estado de Veracruz. Así finalizó un año que registró 213 delitos de esta naturaleza, justo a dos años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por el delito de Feminicidio, la cual emitió el gobierno federal el 23 de noviembre de 2016.
En 2018, septiembre fue el mes más letal. Las notas periodísticas exhibieron 31 reportes de asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales 12 presentaron al menos una de las razones de género que establece el Código Penal de Veracruz para ser considerados como feminicidios.
Los asesinatos de mujeres tienen una larga historia en Veracruz. Lamentablemente, cada año se incrementa el número de estos ilícitos, los cuales presentan repuntes cuando hay cambio de gobierno estatal.
En la pasada administración, que inició el 1 de diciembre de 2016 y finalizó el 30 de noviembre de 2018, fueron asesinadas 474 mujeres, según lo reportado por diversos medios de comunicación. De ellas, 302 presentaron alguna o varias de las razones de género para ser considerados como feminicidios. En promedio, en ese bienio 19 mujeres fueron asesinadas cada mes. De estos ilícitos, 12 podrían ser feminicidios.
En 2017, el primer año de la gestión encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares, se registraron 268 asesinatos de veracruzanas. De estos, 177 podrían ser catalogados como feminicidios. Esta información también fue recabada a partir de notas periodísticas.
Los medios de comunicación reportaron que el número de mujeres asesinadas fue menor en 2016. En el último año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa a 190 veracruzanas les fue arrebatada la vida. De éstas, 142 podrían haber sido víctimas de feminicidio. En 2015, los medios de comunicación reportaron 99 y en el año anterior 74 casos. Para 2013 se registraron 92 posibles feminicidios y en 2012 fueron 95.
Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, destacaron que en 2010, último año del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, se registró una tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 1.5. Ésta se duplicó en 2011, el primer año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa: fue de 4.0 y, curiosamente, ese año se tipificó el delito de feminicidio en la entidad.
También en 2011, el entonces Procurador General de Justicia del estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, dio el único informe oficial sobre asesinatos de mujeres que hasta la fecha haya concendido algún titular de lo que ahora conocemos como Fiscalía General del Estado. Escobar declaró ante la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, que 728 veracruzanas fueron asesinadas en nuestro estado en la primera década del siglo XXI.
Tal como nos permiten observar los datos expuestos, tres administraciones gubernamentales de extracción priísta y panista – perredista atestiguaron el incremento de asesinatos de mujeres que eran parte de la población que gobernaron.
Bajo el mandato de Herrera Beltrán y de Duarte de Ochoa se crearon instancias e instrumentos legales para la promoción de la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, la transversalización de la perspectiva de género, la atención a delitos contra las mujeres y la tipificación del delito de feminicidio. Cabe señalar que gracias al vasallaje que les rindieron las legislaturas del congreso local, intentaron y lograron mutilar uno de los derechos fundamentales que da sentido a la vida ciudadana y, específicamente, de las ciudadanas: el derecho a decidir.
Concretamente, con Duarte de Ochoa repuntaron los delitos contra las mujeres, creando una tendencia irreversible.
A la administración gubernamental de la alternancia, encarnada en Miguel Ángel Yunes Linares, le correspondió entrar en funciones ocho días después de que se emitió la Declaratoria de Alerta de Género por el delito de feminicidio. Al cumplir un año de gobierno recibió una segunda Declaratoria, esa vez por agravio comparado. No hubo política pública ni acciones mínimas encabezadas por el entonces titular del poder ejecutivo para responder a la crisis que experimenta la población veracruzana en materia de derechos humanos. Mucho menos hubo una intención de responder efectivamente al señalamiento que hacía la federación entorno a los feminicidios y derechos humanos de la población femenina de la entidad.
Los números expuestos nos hablan de veracruzanas asesinadas, el recrudecimiento de los eventos delictivos que segaron sus vidas, pero también de un enorme desdén hacia las mujeres que vivimos en esta entidad por considerar nuestros graves problemas como un tema menor y sin importancia.
Si bien la corrupción y el fortalecimiento del crimen organizado son actores principales en el escenario donde han prosperado los crímenes contra veracruzanas, lo cierto es que no se ha formulado una política pública estratégica e integral que permita no solo responder a las Alertas de Violencia de Género, sino también evitar que la violencia contra las mujeres se solape socialmente y se valide gubernamentalmente a través de la impunidad.
En diciembre pasado Cuitláhuac García Jiménez inició una nueva administración gubernamental. En enero reconoció que en su primer mes de gestión más de 100 personas perdieron la vida de manera violenta en el estado. La tendencia histórica de los asesinatos de mujeres en Veracruz indica que se incrementarán en 2019. ¿Cuál será la estrategia a seguir para evitarlo? ¿Es tema de interés para este gobierno? En las administraciones gubernamentales anteriores solo se cubrieron las apariencias.
Estamos por concluir la segunda década del siglo XXI y la opinión pública sobre el feminicidio en Veracruz está cambiando.
Tras 24 meses de gestión sin referirse al tema e informar a la población, en diciembre pasado el Fiscal General del Estado comenzó a emitir declaraciones y, con ello, datos oficiales al respecto. Esperemos que esta tendencia no se revierta, que informe cuántas carpetas han sido iniciadas y cuántas judicializadas por feminicidio desde que asumió la titularidad de la FGE.
En 2019, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene la oportunidad y obligación histórica de revertir la situación. Es urgente. Las ciudadanas de este estado se lo exigimos.
