En un país donde se vive bajo el Estado de Derecho; donde las autoridades se concretan a realizar únicamente las tareas para las que las leyes autorizan expresamente su función, es decir, sujetando a la autoridad al ámbito de su competencia y sin que pueda extralimitarse bajo ningún pretexto; sobre todo cuando se trata de la afectación a los derechos fundamentales del hombre como la Libertad Personal y los Derechos Humanos, diseminados en su mayor parte en el contenido y alcance de los artículos del 1º al 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sobre todo si se recurre a la Presunción de Inocencia, tan socorrida en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, bajo estas circunstancias o condiciones, ningún ciudadano en México, tendría que preocuparse de sufrir una detención o aprehensión por parte de la autoridad policial, sin que previamente se hubiera citado a la persona, y se le hubiera hecho llegar un citatorio personal y directo, que conste en actuaciones judiciales.
Y para prevenir una acción arbitraria, de fuerza, contra un inerte ciudadano, existe en el sistema Jurídico Mexicano, el Juicio de Amparo, al que puede recurrir toda aquella persona que tenga temor fundado de sufrir una violación a sus garantías de libertad y debido proceso judicial, solicitando desde la demanda inicial, la Suspensión de los Actos que se Reclaman a quien se considera como Autoridad Responsable, en favor del Solicitante del Amparo llamado o identificado dentro del juicio como el “Quejoso”. Esto es precisamente lo que ha utilizado como instrumento legal en defensa de su libertad personal el señor licenciado MANLIO FABIO BELTRONES. Con esta acción de Beltrones, consigue que un juez federal ordene a la o las “Autoridades Responsables” suspender cualquier orden para detener, aprehender o privar de su libertad al quejoso; a la vez que se le exige a la autoridad responsable, que informe sobre los hechos que preocupan al quejoso y si pudiera existir alguna orden de juez competente, para privar de su libertad al licenciado Beltrones, si llegaran a existir elementos de prueba suficientes, que hagan presumir la comisión de un delito de los que el moderno Derecho Penal Mexicano, considera necesario como medida cautelar, el aseguramiento del presunto responsable y su internamiento en alguna institución penitenciaria.
Por declaraciones públicas del abogado de Beltrones, se sabe que se le concedió la Suspensión en el Amparo que promovió, como medida cautelar dictada en forma potestativa y unilateral por un juez federal, quien ha ordenado a las autoridades responsables que paralicen o detengan su actuación durante el tiempo que dure la substanciación del Juicio de Amparo, y hasta que se resuelva en forma definitiva si los actos reclamados por el licenciado Manlio Fabio Beltrones, son legalmente fundados o no; ya que de lo contrario pondrían ejecutarse actos irreparables por las violaciones a las garantías constitucionales, de libertad, del debido proceso judicial y todas aquellas que alegue el quejoso, por considerar que no ha cometido ningún delito de los que la fiscalía del estado de Chihuahua le imputa el licenciado Alejandro Gutierrez, ex Secretario General Adjunto del PRI por haber triangulado recursos públicos de gobiernos estatales de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas. Hasta donde se ha filtrado por parte de funcionarios del gobierno estatal de Chihuahua, existen ya declaraciones de personajes allegados al ex gobernador y prófugo de la justicia Cesar Duarte Jáquez, como la que le imputan al supuesto tesorero, por un probable desvío de 250 millones de pesos aplicados en las campañas estatales del PRI en el año 2016 y en parte también se ha dejado ver la declaración de un tal Ricardo Yáñez que fuera Secretario de Educación en Chihuahua y quien refiere que el licenciado Beltrones maniobró esa triangulación de recursos.
Por los tiempos electorales que se viven y la disputa por la Presidencia de la República, este asunto se ha convertido en un escándalo que ahora involucra también al actual gobernador de Chihuahua Javier Corral, por haber acusado al gobierno federal, de retención de recursos participables que tendría que haber recibido el Secretario de Finanzas de Chihuahua, por parte de funcionarios de Hacienda encargados del envío de esos recursos a los Estados y acusa Javier Corral a la Federación de un “intento de estrangulación económica” en contra del Estado de Chihuahua; lo que desde luego ha sido ya negado, tanto por el titular de la propia dependencia federal, como por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Las chispas que está sacando este asunto, pueden generar la llama que incendie el proceso electoral que termina en el primer semestre de este año, último periodo del sexenio del gobierno del licenciado Peña Nieto y si las vestiduras de los azules y tricolores se rasgan por una contradicción tan sencilla de resolver, aplicando el refrán popular de que “aclarando amanece”, estaríamos frente a una cerrazón política, en donde se anteponen intereses personales y mezquinos, por encima de la tranquilidad y la paz social.
La desconfianza popular en contra de los gobiernos federal, estatales y municipales, está plenamente justificada, por las tantas raterías, desvío de recursos públicos y enriquecimientos ilícitos; que casi todo lo que se publica en medios de comunicación y redes sociales, se cree aunque no exista el sustento necesario. Solo queda insistir en que a nadie conviene una radicalización en los conflictos entre partidos y políticos, que degenere en una lucha fratricida y sangrienta que haga que se aplique la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, porque resultará difícil pacificar al pueblo, después de que se inicie un conflicto que a nadie conviene, solo por satisfacer los intereses y las ambiciones perversas contenidas en ésta disputa por el poder.
Hay que insistir en no “despertar al México bronco” y velar por la preservación de las Instituciones Públicas y el Estado Democrático de Derecho.
