Tal como ocurre con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y varios de sus ex colaboradores, el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y su hijo el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, también son investigados por enriquecimiento ilícito, derivado de una denuncia que interpusieran en su contra en 2015 los actuales diputados federales, los ex diputados locales del PRI, y el propio Duarte.
Desde entonces, Yunes Linares y Yunes Márquez iniciaron su defensa a través de su “defensor voluntario”, el actual fiscal Jorge Winckler Ortiz, consiguiendo amparos provisionales y en definitiva para frenar la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero apenas este miércoles fueron notificados que la carpeta será atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el expediente 1224/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río, se tomó en los primeros días del mes de junio la siguiente determinación: “… el fiscal segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con residencia en Xalapa, Veracruz, por medio del cual informa que la Investigación Ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del servicio público, incoada en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, fue solicitada mediante oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016 suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en ejercicio de la facultad de atención de la Procuraduría General de la República, motivo por el cual comunicó al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el acuerdo dictado en ese sentido, dentro del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, por el que se ejerce la facultad de atracción de la citada Investigación Ministerial”.
De esta forma se detalla que la investigación que presentaron en el año 2015 por separado la organización de los 400 Pueblos y los diputados federales priístas Jorge Carvallo Delfín, Alberto Silva Ramos y Érick Lagos Hernández, entre otros, ya no será llevada por la actual Fiscalía de Veracruz, sino por la PGR.
Fue apenas el pasado 16 de mayo pasado cuando el juez federal ordenó a la FGE entregar todo el expediente a la PGR, y aunque le dio un plazo de tres días para cumplir, apenas fue la semana pasada, en que se dio parte al Ministerio Público federal del expediente.
Dentro de este expediente resalta que el actual Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, titular del organismo autónomo, sigue siendo el abogado no sólo de Miguel Ángel Yunes Linares sino de toda su familia, incluyendo a sus hijos, señalados dentro de la denuncia.
El origen de este caso, deriva de la investigación ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del servicio público, incoada en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 en contra de su hijo el alcalde de Boca del Río.
“Los Yunes” y priístas, mismos argumentos
En octubre de 2015, la familia Yunes Márquez manifestó los mismos argumentos que hoy en día hacen los ex colaboradores duartistas, de acusar a la Fiscalía General de una “persecución política”.
Y es que en dicha denuncia no sólo se involucró a Miguel Ángel Yunes Linares, sino también a su hijo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien igualmente se le acusó de enriquecimiento ilícito basado, únicamente en la mansión que posee a un lado del río Jamapa.
Incluso en octubre de 2015, Yunes Márquez fue citado a declarar por parte de la Fiscalía, a cargo en ese entonces de Luis Ángel Bravo Contreras, quien días antes ordenó una “diligencia ocular” del inmueble, que generó una confrontación con vecinos de Boca del Río, quienes fueron acarreados al exterior de la casa del alcalde de Boca del Río.
Dicho día, Yunes Márquez acusó al gobierno de Javier Duarte de una persecución política contra sus adversarios, en vez de atender los graves problemas que hay en el estado.
“Por lo visto no le preocupa la grave situación que vive Veracruz: inseguridad, homicidios, secuestros, crisis económica, falta de recursos para atender las necesidades básicas de las personas o incluso para pagar los sueldos de maestros y empleados”, declaró en su momento Yunes Márquez, mismos argumentos que hoy los priístas lanzan contra el gobernador Yunes Linares.
Winckler, en conflicto de interés
El Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, pudo haber incurrido en una violación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, o al menos en un conflicto de interés, pues como titular de dicha dependencia, al mismo tiempo era el abogado defensor de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que se convirtió en juez y parte, de un caso que debía investigar y al mismo tiempo defender a su cliente.
De acuerdo con dicha ley, uno de los principios del personal de la Fiscalía es actuar con “buena fe” y no perseguir intereses propios o ajenos, sino que, como representante de la sociedad, realiza llanamente la voluntad de la ley.
Sin embargo, conforme al tablero de avisos, que puede ser consultado en el sitio http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm aparece el nombre de Jorge Winckler como “defensor voluntario” de Miguel Ángel Yunes Márquez, pero en el expediente judicial se advierte que también lo es del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares según el sitio http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=47&listaCatOrg=210&listaNeun=18235217&listaAsuId=
1&listaExped=1224/2015&listaFAuto=08/06/2017&listaFPublicacion=09/06/2017.
(LA JORNADA VERACRUZ)
