“Caso Duarte: justicia que no es justicia”

Caso Duarte: justicia que no es justicia… Como la mujer del César, la justicia, para que lo sea, no sólo debe serlo sino parecerlo. Y la sentencia que un juez federal le dictó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, parece todo menos justicia. Porque aprovechando las “ventajas” del nuevos Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el protagonista del mayor escándalo de corrupción de la era reciente de este país, cuyos desvíos millonarios de recursos públicos se han llegado a estimar hasta en 60 mil millones de pesos, obtuvo una pena mínima de cárcel y una multa tan ínfima, que lejos de reparar el grave daño que hizo al erario federal y de su estado, es más bien una ofensa, una burla que indigna, enoja y lástima a una sociedad ya de por sí harta y agraviada por la corrupción de sus políticos. “El caso Duarte es un duro revés para el Derecho, la decencia pública y la confianza social. Es una invitación a delinquir”, dijo Diego Valadés en la red social de Twitter. Y la frase del destacado jurista, catedrático e investigador de la UNAM, resume certeramente el sentir de muchos mexicanos que ven con desencanto, desesperanza y decepción cómo un nuevo sistema de justicia penal, que se propone ser la solución y la salida a la profunda crisis de impunidad y falta de justicia que vivimos, termina siendo utilizado para favorecer, igual que lo hizo durante siglos el viejo sistema penal, a los más poderosos, a los que pueden pagar el precio de la justicia con influyentes y mañosos abogados que, aprovechándose también de una manca, ciega, torpe e inservible Procuraduría General de la República —con su aún más torpe encargado de despacho— convierten a un sociópata y saqueador mayor del presupuesto público, en un delincuente confeso y menor que, por su confesión —fingida, con expresión de burla en su sonrisa y sin el más mínimo asomo de arrepentimiento— obtiene benecios casi tan enormes como la fortuna que amasó en 6 años de robarse los impuestos de los contribuyentes. Porque con su anza de 58 mil pesos —2 mil 376 libras esterlinas que su esposa y socia de saqueo, Karime Macías, puede sacar de un cajero en la esquina del lujoso barrio donde vive en Londres— Javier Duarte apenas si pagaría 600 pesos por cada mil millones de pesos que se robo, mientras que su pena de cárcel se reduciría de 9 a sólo 2 o 3 años por reducción de condena. ¿Puede eso considerarse justicia, aún cuando nos digan que fue algo “histórico” que un gobernador acusado de corrupción (asociación delictuosa y lavado de dinero) se declarara culpable ante un juez? Puede ser muchas cosas, pero menos justicia. Tiene razón el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando se refiere al caso Duarte, casi en los mismos términos que antes lo hizo al de Rosario Robles, como un “circo”, un espectáculo jurídico-mediático en el que parece haber habido muchas intenciones, menos la de castigar realmente la corrupción de un gobernador que fue amigo y financiero de la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y que pudo robar, saquear y desviar los miles de millones de pesos durante sus seis años de gobernador bajo la mirada cómplice y complaciente del titular del Ejecutivo federal, que nunca actúo a tiempo contra su amigo a pesar de haber recibido avisos y documentos de la Auditoría Superior de la Federación, y sólo dio la orden de que la PGR procediera contra él cuando el escándalo era insostenible y cuando Duarte ya había huido del país. Por eso, detrás de la apariencia de “legalidad” y “justicia” de este fallo judicial, es inevitable pensar que la amenazas y advertencias que Javier Duarte mando reiteradamente desde la cárcel, e incluso la sospecha de una negociación en su momento cuando fue capturado en Guatemala, en abril del 2017, estén detrás de su cómoda sentencia. “Si me hunden yo voy a hablar”, llegó a decir un desquiciado y desesperado Duarte desde la prisión. Y está claro hoy que no sólo no lo hundieron, sino que pagaron su silencio con decisiones como reclasificarle el delito de “delincuencia organizada” por el de “asociación delictuosa” —por una supuesta dificultad para probarlo por parte de la PGR— y le abrieron el camino para una estrategia legal que le permitió beneficiarse de las rendijas y beneficios legales del nuevo sistema de “justicia” penal acusatorio. Así que como en la historia que cuenta Plutarco, en sus Vidas Paralelas, Cayo Julio César se divorció de su esposa Pompeya Sila, al poco tiempo de ser ungido emperador, al enterarse de que ésta había acudido a una “Saturnalia” u orgía sexual, y cuando otras damas de la aristocracia le pidieron disculparla porque ella había acudido sólo como observadora, pero no había participado, el emperador pronunció la frase de que “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo”. Y la justicia impartida en el caso de corrupción de Duarte ni es ni parece justicia y, en una de esas, la indignada y ofendida sociedad mexicana termina también divorciándose tempranamente de su amante sistema de justicia penal acusatorio. (FUENTE: EL UNIVERSAL, “SERPIENTES Y ESCALERAS”; SALVADOR GARCIA SOTO, 29/SEP/2018).