Comisiones Unidas del Congreso declararon procedentes dos denuncias de juicio político contra el fiscal

Los integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, en el Congreso Local, declararon procedentes dos de los tres dictámenes que recibieron con denuncia de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

De esta manera, los referidos expedientes fueron turnados a la Secretaría General del Congreso del Estado, cuyo titular, Domingo Bahena Corbalá, deberá referirlos a la Comisión Instructora para que comience la siguiente fase del proceso de desafuero en contra del funcionario ministerial.

Las solicitudes validadas fueron las del abogado Jorge Reyes Peralta, representante jurídico del exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto “N”, quien acusó a Winkler Ortiz y a sus colaboradores por los delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas en contra de la administración de justicia.

La otra denuncia fue la presentada por el ciudadano Francisco Zarate Aviña, ex colaborador del exfiscal Luis Ángel “N”, quien acusa a Winckler por el delito de desaparición forzada.

Dichas comisiones de la Sexagésima Quinta Legislatura local, desecharon la denuncia que presentó la organización civil ONEA, quien acusó al fiscal veracruzano de omisiones cometidas por la Fiscalía en la atención a los casos de víctimas de desapariciones en la entidad.

La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia establece que la Secretaría General tiene tres días, una vez recibidos los expedientes, para turnarlos a la Comisión Permanente Instructora.

“Dentro de los tres días de recibidos el dictamen previo y el expediente, la Comisión Permanente Instructora emplazará al denunciado, para que en el plazo de siete días siguientes al que surta efectos la notificación exponga lo que a su derecho convenga, por comparecencia personal o por escrito, a su elección”, añade la legislación en comento.

Posteriormente Comisión Permanente Instructora practicará las diligencias necesarias con base en las manifestaciones del denunciado, y notificará personalmente al denunciante y al denunciado la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

La audiencia de pruebas y alegatos se desahogará dentro de diez días posteriores al vencimiento del plazo concedido al denunciado, para manifestar lo que a su derecho convenga.

La Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos, para determinar si procede o no presentar el dictamen con la posible responsabilidad del denunciado ante el pleno, quien en sesión privada deberá votar a favor el desafuero solicitado.