Tradicionalmente en el viejo sistema político mexicano, en cada periodo gubernamental, ya sea el del Gobierno Federal; el de una Entidad Federativa; o el de un Municipio; se llamaba a colaborar a los hombres y mujeres de confianza del nuevo mandatario; y después a los hombres que por su capacidad, preparación y experiencia, resultaban necesarios para el buen funcionamiento del gobierno. Independientemente del número de funcionarios públicos incorporados o ratificados para colaborar con “el que llegaba a mandar”; habría algunos (muy pocos) a quienes les movía la idea de trabajar para “servir al pueblo”; o para fortalecer el Estado Democrático de Derecho. Y otros más (que siempre han existido) que buscaban trabajo en el gobierno “solo para robar”.
El poder no se comparte, afirma Maquiavelo; pero la responsabilidad de gobernar, forzosa y necesariamente tiene que compartirse por el que manda. De tal forma que existe una corresponsabilidad a partir de que se acepta un empleo en el gobierno, en el que “el Jefe debe Predicar con el Ejemplo” y por consiguiente si el jefe es honesto, sus colaboradores estarán obligados a serlo; pero si el jefe resulta un ladrón, sus colaboradores también lo serán. Y que nadie se escude tratando de eludir su responsabilidad con el principio de “obediencia jerárquica”, porque en este caso no aplica.
Por muchos años, los mexicanos estuvimos acostumbrados a observar a los gobernantes, como los hombres “del gran poder”, cuyo quehacer público, se fundaba en la Constitución Política de la República, para elaborar su programa de gobierno sexenal o trianual; para lo cual el presidente de la república, el gobernador de un estado o el alcalde, además de su equipo de trabajo, nombraban un “operador político” que era el principal vocero del gobierno y quien a su vez, cuidaba que las órdenes superiores se cumplieran, sin mayor discusión, pero procurando que estuvieran apegadas a la Ley. De ahí que se acuñara la frase “todo dentro de la Ley, y nadie por encima de la Ley” frase que ha servido para pronunciar discursos políticos, informes de gobierno o ruedas de prensa, en donde se reafirma el principio de Supremacía Constitucional y Estado de Derecho.
Lamentablemente, con la nueva generación de gobernadores se deshumanizó el ejercicio de la política y se perdió el sentido de pertenencia a un “equipo político”; creando en su lugar una cleptocracia que asociada al lema “Divide y Vencerás”, da como resultado el resquebrajamiento de un gobierno, el encarcelamientos de los gobernantes, y la aparición de una lucha fratricida de “todos contra todos”, como la que se acaba de escenificar en la sala de los juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz.
