Un comienzo más telúrico no pudo tener el proceso electoral federal 2017-2018. No solo fue la entrada del huracán Katia en la costa norte de la entidad el jueves 7 y el sismo de intensidad de 8.2 grados en la medianoche del viernes 8, que causó graves daños en Chiapas, Oaxaca y el sur de Veracruz. También tuvo consecuencias funestas en lo político, sobre todo en el proyecto político sucesorio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Cuando se da manga ancha para que actúe con cierta libertad un enorme cuerpo formado por militantes, simpatizantes y funcionarios públicos, para la colocación de Miguel Ángel Yunes Márquez en la mente de los electores como el mejor hombre para suceder a su padre, se corren riesgos incalculables que pueden causar daños incorregibles en la imagen política.
En abril de 2013 ocurrió un caso patético de denuncia contra operadores electorales del PRI, cuando el PAN reveló la operación para usar padrones y recursos públicos de los programas sociales para favorecer al PRI y sus campañas.
El video escándalo, impulsado por el actual gobernador de Veracruz, hizo que tanto el PAN como el PRD se levantaran de la mesa del Pacto por México, poniendo en riesgo las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto, quien obligó al entonces gobernador Javier Duarte a despedir a varios funcionarios, entre ellos el operador electoral estrella Ranulfo Márquez y el entonces más fuerte aspirante a candidato del PRI a Gobernador, Salvador Manzur Díaz, quien tenía dos meses como titular de la Sefiplan.
Cuatro años después, quien operó el mayor trago amargo para un gobernador de Veracruz y prácticamente selló la primera derrota del PRI en una elección de Gobernador, cruza por una grave crisis, muy similar, aunque no por planear el uso de recursos públicos a favor de su partido [lo que todo mundo afirma pero de lo que no existe un video revelador].
Lo que ocurrió fue que se llevaron a cabo acciones de apoyo a población en desgracia utilizando una fundación, Yúnete, cuyos promotores, todos ellos funcionarios públicos del gobierno estatal, hoy lamen sus heridas causadas por el desprestigio y el fulminante despido, pese a reconocer que lo hicieron por instrucciones de Miguel Ángel Yunes Linares.
El escándalo fue nacional. Yunes Linares difundió tres días después, el lunes 11, que había tomado la decisión de despedir a Rafael Jesús Abreu Ponce, director de CAEV en Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, y Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchtal.
Según el comunicado de prensa, estas personas, sin la anuencia del gobernador Yunes, “repartieron apoyos a damnificados por el sismo en Coatzacoalcos, utilizando colores y tipografías similares a partidos políticos con la finalidad de que sean investigados por la Fiscalía General del Estado”.
Pero el daño ya estaba hecho. Este martes circuló un video en que el principal operador de este reparto, Rafael Jesús Abreu Ponce, señala que lo estaban haciendo por instrucciones del gobernador del estado. Por su parte, los medios estatales nacionales, y particularmente las redes sociales, prodigaban notas, señalamientos, comentarios, cartones y memes criticando la grave utilización de la desgracia de los veracruzanos con fines electorales.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong condenaron, sin nombrarlo, a los políticos que negocian con la desgracia humana para llevar agua a su molino.
Esto puede marcar el inicio de un distanciamiento del PAN respecto a los electores, porque en muy poco tiempo de gobierno estatal no ha logrado casi nada en materia de gobierno y, en cambio, ha mostrado un fuerte activismo en su favor, utilizando abiertamente recursos públicos.
POLVO DE GIS
¿INDIRECTA? Apenas la semana pasada, el senador José Yunes Zorrilla publicaba en su cuenta de Twitter una cita del escritor y periodista inglés John Galsworthy, Premio Nobel de Literatura 1932, cuando señala: “Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición”. Era, quiero pensar mal, una velada recomendación al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dada su marcada proclividad a repetir las mismas frases que le hicieron obtener votos de esperanzados ciudadanos pero que, estando en el gobierno, solo suenan a una justificación de su pobre desempeño.
Un complejo proceso electoral
Este proceso electoral, que concluye el 1 de julio de 2018, será el más complejo de la historia del país. Entrarán a elección más de 3 mil 400 cargos populares, desde Presidente de la República hasta alcaldes, pasando por gobernadores en ocho entidades del país, como Veracruz, así como para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Junto con la elección federal, que servirá para elegir al sucesor de Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos, así como a los integrantes del Congreso de la Unión completo (128 senadores y 500 diputados federales), en varias entidades federativas habrá comicios para Gobernador, diputados locales y, en algunos casos, cargos edilicios.
En efecto, el próximo año se realizarán 30 elecciones locales. Además de ocho gobernadores y el jefe de gobierno de la capital del país, los ciudadanos elegirán 972 cargos de diputados locales (585 de mayoría relativa más 387 de representación proporcional) y, en el caso de la Ciudad de México, 160 concejales. También votarán por integrantes de 24 juntas municipales en Campeche y 1 mil 596 ayuntamientos.
Dos estados colindantes, Puebla y Veracruz, habrán de elegir a los gobernadores que sucedan a quienes fueron electos el año pasado y para quienes, tras una reforma política electoral, se les ungió para gobernar solo dos años. Será la primera vez en que ambos estados realicen elecciones concurrentes con la elección federal.
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