La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal determinó que el Congreso de Veracruz se extralimitó y violó la ley al autorizar a los 212 municipios utilizar dinero de un fondo federal de 2017 para terminar obras sociales programadas en 2016.
Fue el director general de Desarrollo Regional de Sedesol, Ariel Álvarez Fernández, quien presentó un análisis legal y determinó que los diputados locales veracruzanos cometieron una ilegalidad al autorizar a los alcaldes tomar dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2017, para concluir obras del año pasado.
En el oficio 614.DGDR/206/2017, en poder de EL UNIVERSAL, el funcionario federal recomendó presentar una queja ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues con esta medida autorizada por el Congreso y publicada en la Gaceta Oficial del estado se estaría violentando la Ley de Coordinación Fiscal.
El Congreso de Veracruz —como lo denunció El UNIVERSAL—, desde marzo del presente año autorizó a los 212 municipios utilizar recursos públicos federales de 2017 para culminar obras de 2016.
Sin haber mostrado evidencias de aprobación de autoridades hacendarias, los legisladores permitieron usar de esa forma el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2017.
Si los municipios utilizan esos recursos, se alertó, se estaría violentando el Presupuesto de 2017, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Responsabilidad Administrativa, que entró en vigor el pasado 19 de julio, la cual establece que los recursos de un año fiscal no pueden utilizarse para otro distinto al autorizado.
En la Gaceta Oficial del estado, con número extraordinario 110, se notificó el acuerdo mediante el cual los diputados autorizaron disponer de los recursos. El documento señala que aquellas obras que se incluyeron en el programa 2016 y no se iniciaron podrán incluirse en el Programa General de Inversión FISMDF o con cualquier otro fondo disponible, del ejercicio fiscal 2017.
Al ser la Sedesol federal la dependencia coordinadora de dicho fondo, se vio obligada a emitir un diagnóstico legal en el cual se señala que, en principio, el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que serán los gobiernos estatales quienes cubran los pendientes de pagos generados.
“Las entidades serán responsables de cubrir los compromisos pendientes de pago generados durante cada ejercicio fiscal, a través de sus tesorerías con cargo a su presupuesto modificado autorizado del año en que se efectúe el pago, incluyendo aquellos compromisos pendientes de pago generados durante el ejercicio inmediato anterior”.
Además, se determinó que el destino de los recursos de ese fondo se encuentra regulado por el artículo 33 la Ley de Coordinación Fiscal y el catálogo de acciones es responsabilidad de la Sedesol y no del Congreso de Veracruz ni de los presidentes municipales.
El director general de Sedesol también alerta que corresponde a esta dependencia federal resolver los casos que la ley y los lineamientos no consideren, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo relativo al manejo presupuestal de los recursos federales.
De acuerdo con especialistas en derecho consultados, los diputados locales, a partir de este diagnóstico legal, pueden ser denunciados penalmente ante instancias federales y enfrentar la justicia por violentar leyes fiscales federales.
(Edgar Ávila-El Universal-14/08/17)
