Desde la propia Secretaría Estatal del Trabajo, se inicio con la corrupción del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal, el operador del chiquero, es nada mas y nada menos que el Subdirector del Trabajo y gente de todas las confianzas de la titular, María Guadalupe Argüelles, Carlos Amir Ruiz Ramírez quien con el Directorio Estatal de Empresas en la mano, tiene el poder de manipular el padrón de registro y rasurar a miles de becarios hasta con el 50 por ciento -la beca es de 3,748.00 pesos-, dinero que se reparte entre media docena de cómplices.
Otros dos operadores del fraude y abuso en contra de los jóvenes son los hermanos
Brisa y Johanan de apellidos Veláquez Alejandre que trabajan en la Secretaría del Trabajo y han tejido una red de corrupción con personas físicas y morales de Tantoyuca, municipio de origen de la titular de a dependencia, Guadalupe Argüelles.
De acuerdo a jóvenes denunciantes, los funcionarios corruptos utilizan diversa empresas como tutoras en Xalapa y Tantoyuca, mismas que se prestan para el fraude entre ella se encuentran; Construcción y Costos, Suko Consultoría, Hardword Construcción e Igor Consultoría que registran a los becarios sin necesidad de que acudan a las empresas a cambio del 50 por ciento del ingreso.
Un tal Beny es el contacto con los jóvenes que a través de grupos de whapsapp los mantiene coordinados para resolver dudas y tratar de sofocar cualquier conato de fuga de información, sin embrgo, alguno de los jóvenes que sí tienen interés de aprender un oficio y recibir completo el apoyo del Gobierno de México hicieron la denuncia con copia al Súper Delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Los funcionarios involucrados actúan de manera ventajosa con información de primera mano y el contacto con las empresas, además de la coordinación institucional que como Secretaría del Trabajo en Veracruz, tienen con la estructura del Gobierno Federal para avalar la falsa capacitación a cienos de jóvenes.
CFE verdugo en la crisis
Por si algo faltara al apocalíptico episodio que se avecina con la Fase III de la Contingencia Sanitaria del Covid-19, la Comisión Federa de Electricidad hizo efectivo que en abril, las tarifas eléctricas para el sector doméstico aumenten un 4.0 por ciento para que los usuarios paguen 0.837 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora en el rango de consumo básico.
La noticia cayó como balde de agua helada en plena contingencia sanitaria en la que mayoría de los trabajadores promedio ha visto mermados sus ingresos desde hace ya un mes y que darán prioridad a la alimentación.
Pero el Movimiento Renovador Democrático que encabeza Marco Antonio Moncayo Parra en el Puerto de Veracruz, anunciará este miércoles medidas de mayor presión a la dependencia federal para tratar de contener el aumento y generar un periodo de tolerancia para quienes por su condición económica no pueda pagar el servicio.
La intención es evitar que continúen los cortes del servicio por falta de pago como ha sucedido en el último mes, además de los ventajosos ajustes en los que el usuario siempre pierde ante la empresa, sin importar que interpongan sus quejas ante la Procuraduría Federal de Consumidor.
Los usuarios organizados ya no están dispuestos a ser víctimas de los abusos de la empresa del gobierno que carece de todo sentido social y de solidaridad en el periodo crítico por el que atraviesan más del 50 por ciento de las familias veracruzanas que dependen de la informalidad para sus sustento.
Protestas en el IMSS
Ya no es ninguna novedad que el personal del IMSS salgan a las calles a denunciar los riesgos que corren sus vidas y la de sus familias por la falta de condiciones para ejercer la atención a los pacientes en general y en especial a los del Covid-19 que cada vez elevan su frecuencia de ingreso a los nosocomios.
Este martes fueron los de la Clínica 79 del Puerto de Veracruz que lo único que piden es una garantía de material necesario para hacer frente a la contingencia, pero que no encuentran respuesta en las autoridades.
