Este domingo, casi diez meses después de haber iniciado su administración, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por fin se reunió con los representantes de las cámaras empresariales para tratar lo referente a la deuda que mantiene el gobierno del estado con proveedores y contratistas que siguen reclamando el pago de cientos de millones de pesos que les quedó a deber el régimen priista anterior.
Entrevistado al respecto, Yunes declaró este lunes que hasta el momento los proveedores del gobierno sólo han reclamado el pago de 405 millones de pesos, cifra que no representa ni el 2 por ciento de los 20 mil millones de pesos que se manejaba de manera extraoficial. Y precisó que de mil 703 proveedores a los que supuestamente se les adeuda, nada más 80 se han presentado a realizar este trámite ante la Secretaría de Finanzas.
Aunque sea un poco tarde, pero Yunes hace bien en revisar con lupa la deuda del gobierno anterior, pues en todos lados menudean los seudoempresarios que buscan sorprender o abusar valiéndose de todo tipo de artimañas, corruptelas y, por supuesto, del tráfico de influencias.
Precisamente el diario Milenio acaba de citar el caso de los cobertores que adquirió en diciembre de 2015 el gobierno de Nuevo León, escándalo que, por cierto, ha salpicado a Manuel Muñoz Ganem, a quien Yunes le creó, un año después, la Jefatura de la Oficina del Gobernador, asignándole un jugoso presupuesto y transfiriéndole funciones de la Secretaría general de Gobierno.
Y es que la edición regiomontana del periódico capitalino descubrió que Muñoz Ganem fue publirrelacionista de la empresa Comercializadora Dinámica Cárdenas, subcontratada por Comercializadora Mirof, la del “Cobijagate”, cuyo representante legal de ambas era Cuauhtémoc Chávez Hinojosa.
El 21 de diciembre de 2016, ya como funcionario, el incondicional de Yunes confirmó en el sitio web 3de3 que fue el publirrelacionista de la empresa Comercializadora Dinámica Cárdenas desde el 1 de agosto de 2015, es decir, cuatro meses antes del “Cobijagate”, cargo por el que percibía un ingreso de 213 mil 550 pesos, que es mucho más alto del sueldo que oficialmente recibe su actual jefe y compadre, el gobernador.
Esta empresa ha despertado sospechas porque en el padrón de proveedores de San Nicolás de los Garza aparece entre 2010 y 2015 con dos direcciones diferentes, y el correo
electrónico para recibir notificaciones es de Jaime Robledo, el suegro del representante legal Chávez Hinojosa.
Cuauhtémoc Chávez y su hermano Hernán, además de Fidel Guadalupe Cortéz, eran hasta 2014 dueños de esa empresa. Todos ellos vinculados con la supuesta empresa fantasma Mirof y Consorcio Empresarial Regiomontano Especializado en Seguridad Privada S.A. de C.V. (Ceressa), la primera inhabilitada por el “Cobijagate”, y la segunda investigada por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría estatal
Sin embargo, las acciones fueron cedidas a otros prestanombres ligados a ellos, entre los que resalta Gerardo Vigo Partida, quien según la publicación regiomontana falseó sus datos personales en las escrituras públicas de las compañías.
El diario puntualiza que Muñoz Ganem –quien, por cierto, en junio de este año fue trasladado de emergencia por la vía aérea de Veracruz a Monterrey, donde fue hospitalizado por un serio problema cardiaco– todavía no era Jefe de la Oficina del Gobernador en el palacio de Xalapa cuando se hizo la compra de las cobijas a precio súper inflado por parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
Y es que fue en diciembre de 2015, recién iniciada la administración del gobernador “independiente”, cuando fueron adquiridas en 28.9 millones de pesos un lote de 200 mil cobijas que fueron repartidas en poblados rurales de Nuevo León.
En febrero de 2016, el diario El Norte reveló que cada cobija fue pagada a 144.9 pesos, o sea, a un sobrecosto estimado en 167 por ciento, el triple de su verdadero valor comercial.
Pero, además, la empresa Comercializadora Mirof, pese a no ser fabricante textil, ganó la subasta electrónica el 24 de diciembre del año antepasado debido a que inexplicablemente fue la única que se inscribió. Y, por si fuera poco, pese a ganar el contrato con un valor excesivamente alto, al momento de realizar la entrega de los 200 mil cobertores se evidenció que las prendas no cumplieron con el peso ni con las medidas de la ficha técnica de la subasta.
El primer damnificado político de este escándalo fue Rogelio Benavides Pintos, quien en febrero de 2016 tuvo que renunciar como subsecretario de Administración del gobierno neoleonés, no obstante que apenas llevaba tres meses en el cargo. Ahora, curiosamente, colabora en el gobierno panista de Tamaulipas, que colinda con Nuevo León y Veracruz.
Y, en septiembre de 2016, en su primera sesión después de que el gobierno de Rodríguez Calderón decidió no proceder penalmente contra los involucrados en el “Cobijagate”, seis de los siete integrantes de la Contraloría Ciudadana creada para coadyuvar en el combate a
la corrupción mejor optaron por abandonar sus puestos honorarios ya que consideraron que la dependencia no cumplió con sus expectativas.
Afortunadamente para el gobernador Yunes, ahora tiene en Muñoz Ganem a un experimentado colaborador que mucho le puede ayudar para impedir que proveedores y contratistas le quieran vender a precios inflados o a través de empresas fantasmas, bienes y servicios al gobierno de Veracruz.
De hecho, el exalcalde tuxpeño sería merecedor de un gran reconocimiento público por parte del pueblo y gobierno veracruzanos, pues decidió sacrificar su ingreso de más de 213 mil pesos que percibía en la empresa Comercializadora Dinámica Cárdenas, subcontratada por la proveedora protagonista del “Cobijagate”, para venir a servir a su estado natal por un sueldo oficialmente mucho menor.
