Tres ex funcionarios del gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue de menores que se incendió la semana pasada y se cobró la vida de al menos 40 adolescentes, fueron detenidos ayer, informó el Ministerio Público.
Los arrestados son el secretario de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas, la secretaria de Protección de la Niñez, Anahí Keller, y el ex director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes salieron de sus cargos tras la tragedia, que ocurrió el pasado miércoles.
Según los primeros indicios, las jóvenes afectadas, de las cuales hay 12 hospitalizadas, estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.
Los ex funcionarios, que fueron puestos a disposición judicial, están acusados de “homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad”, según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
En los juzgados, Keller, dijo que no se puede culpar a una sola persona por el hecho, sino que es un “sistema completo” de protección a la niñez.
Ayuda a EU. El presidente Jimmy Morales asumió la responsabilidad del Estado por la tragedia y pidió apoyo a las autoridades federales de Estados Unidos para investigar las causas del siniestro.
En Guatemala “no se tiene ninguna institución especializada en investigar incendios”, argumentó Morales, al precisar que se solicitó ayuda al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para “llegar a determinar el origen del fuego, hacer una investigación transparente y profesional”.
Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía señala que las niñas estaban encerradas en una habitación como castigo por un intento de fuga y que, en protesta, incendiaron un colchón.
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
