Se ha preguntado ¿de qué sirve tener al ex gobernador Javier Duarte y a algunos de sus colaboradores en la cárcel?
Por supuesto, es un tema de procuración e impartición de justicia; dar a cada quien lo que se merece, como se ha traducido al jurista romano Domicio Ulpiano; sin embargo, para efectos prácticos, el ex gobernador resulta muy caro en el reclusorio, más de mil 500 pesos diarios, y el dinero que cuesta mantenerlo vigilado le sigue costando a los contribuyentes.
El problema es que nada garantiza que en el juicio que se le sigue prevalezca la justicia y se dicte sentencia condenatoria; al contrario, cada vez se fortalece más la percepción de que podríamos estar ante un caso más de impunidad.
Por otro lado, del dinero que presuntamente fue desviado nada se ha dicho; y de los miles de millones de pesos que se atribuyen a ese desfalco, sólo se han reintegrado a las arcas estatales algunas propiedades y 171 millones de pesos que la Procuraduría General de la República entregó al gobierno estatal el pasado 10 de enero.
Recordamos que en esa fecha, el titular de la PGR dio al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dos cheques; uno por 171 millones y el otro por 851 mil pesos, producto de intereses, mismos que corresponderían a dinero recuperado de los desvíos de recursos en la entidad.
Antes, el 30 de noviembre de 2016, la misma dependencia entregó 250 mil pesos, en propia mano, a la ex secretaria de Finanzas del gobierno estatal, Clementina Guerrero. El dinero mencionado sería utilizado por Javier Duarte para la compra de una empresa.
El problema es que la recuperación es equivalente a casi nada, si se compara con los altos montos que le atribuyen a Javier Duarte y compañía; a los miles de millones de pesos que habrían desaparecido de Veracruz durante los últimos seis años.
Ello simplemente confirma los datos a los que de manera reciente se refirió Francisco de la Portilla, experto en delitos con dinero de procedencia ilícita, quien declaró al diario El Economista que en nuestro país sólo se recuperan 3 pesos de cada mil desfalcados al gobierno.
De acuerdo con esa información, las instancias responsables del combate a la corrupción gubernamental únicamente recuperan 30 centavos de cada cien pesos desviados del erario público, una cantidad tan insignificante que es casi igual a cero, porque entre eso y nada, la diferencia es mínima.
Si a eso le sumamos el hecho de que México no cuenta con una dependencia especializada en la recuperación de bienes obtenidos por desfalcos o desvíos de recursos públicos, el resultado es tan dramático como los niveles de impunidad en nuestro país.
La cárcel contra los responsables del saqueo, como decía, no basta en tanto los recursos públicos desviados no se reintegren en su totalidad, o al menos en su mayor parte, a los veracruzanos.
Este martes, por cierto, la Procuraduría General de la República ordenó que las cuentas bancarias de los familiares cercanos, lo que podríamos considerar el primer círculo de Javier Daurte, sean congeladas.
Al parecer, la autoridad piensa que Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte; Daniel Duarte de Ochoa, hermano del ex gobernador; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del hoy reo del Reclusorio Norte; y Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla, suegros, tienen el dinero desviado del erario público veracruzano en cuentas bancarias, de ahorro o inversión; ¿de verdad lo creen así?.
A estas alturas, nos dicen, lo más probable es que con tanto movimiento y cambio de manos, a ese dinero ya le hayan perdido el rastro.
@luisromero85
