La negación que existe en el derecho a la información, que según el artículo sexto constitucional será “garantizado por el Estado”, enfrenta ahora la cerrazón de los funcionarios públicos, que no desean responder los cuestionamientos de los medios de comunicación, a sabiendas de que en un régimen democrático como el nuestro, es fundamental el conocimiento de la actividad que realizan los hombres y mujeres que asumen responsabilidades públicas, sostenidas por las partidas presupuestales que paga el contribuyente a través de sus impuestos.
En diversos Estados y Municipios de la República, la queja recurrente de los ciudadanos es que “nadie está en su oficina” y los empleados encargados de abrir y cerrar puertas, desconocen el funcionamiento de las dependencias donde cubren un horario y cobran por no hacer nada, porque ante la ausencia de los que mandan, los que obedecen están imposibilitados para cumplir con su trabajo.
Ni los medios comunicación a través de sus reporteros, logran obtener la información del día, relacionada con las actividades que corresponden a la función pública de las dependencias oficiales; y cuando finalmente los representantes de los medios de comunicación encuentran a los funcionarios, su negativa a informar es recurrente, a tal grado que por este vicio consuetudinario de guardar la información oficial, han sido creadas instituciones totalmente innecesarias como el IVAI y el IFAI, que mediante procedimientos burocráticos y tardíos, van respondiendo lo que las autoridades se han negado a informar.
Si los funcionarios públicos, entendieran que son servidores públicos, si acudieran con regularidad a sus oficinas y estuvieran conscientes de que lo público debe darse a conocer a cualquier ciudadano que lo solicite, siempre que sea de manera comedida y respetuosa, como lo impone el artículo 8 de la Constitución, se evitarían las deficiencias de información que tienen obligación de proporcionar los funcionarios públicos, a particulares y medios de comunicación, sin tener que ampliar la plantilla burocrática.
Menos aceptar la propuesta que ya se conoce en la Cámara Federal de Diputados, para crear al Ombudsman de los Medios de Comunicación, porque duplicaría la función de las Comisiones de Derechos Humanos que existen en el ámbito federal y en el de los estados. Esas inteligentes ideas, poco ayudan a la buen marcha de este país.
