El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado, Rodrigo García Escalante, finalmente presentó su cuestionada iniciativa de decreto por el que se busca se adicione la fracción VIII al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el título cuarto con un capítulo único a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana.
Dicha propuesta jurídica pretende que el derecho que fue dado a la máxima casa de estudios superiores de la entidad, por conducto de sus autoridades, de iniciar proyectos de iniciativas de leyes o decretos relacionados con la autonomía, organización y funcionamiento de la Universidad Veracruzana; también se le otorgara a sus estudiantes universitarios.
En la exposición de motivos, García Escalante afirma que la nuevas atribuciones que se le otorgaron a la Universidad Veracruzana permiten que a través del derecho de iniciar leyes o decretos propongan al Congreso cambios que verdaderamente busquen la excelencia de la Institución a partir de la consolidación de la calidad de los servicios educativos que presta y del fortalecimiento de su función social.
“Que mejor que los propios universitarios, sugieran mediante las iniciativas que presenten, las alternativas de solución a las carencias de la Institución, sin duda, sus propuestas serán resultado de la capacidad crítica y autocrítica de una comunidad formada e informada, lo que permitirá que el Congreso conozca el escenario real de la vida universitaria”, refiere el documento.
En este contexto, añade, el Congreso deberá legislar a partir de la inclusión de su comunidad en el proceso de elaboración de iniciativas de leyes o decretos, para que los proyectos sean resultado de la experiencia y del conocimiento que cada integrante tiene sobre su quehacer cotidiano.
El legislador panista insiste que en la potestad que otorgó a la UV, se debe considerar que su comunidad es una extensa población compuesta por estudiantes, personal académico, personal de confianza, personal administrativo de base técnico y manual y funcionarios.
Por lo que la reforma, “buscó fortalecer su autonomía y su capacidad de autogobernarse, pero reconociendo que la Universidad Veracruzana, es el espacio donde se puede ejercer el derecho de pensar, opinar y di- sentir libremente, donde caben todas las posibilidades, y la exclusión debe ser un asunto superado”.
De nueva cuenta, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, exhortó al Congreso del Estado a “no irrumpir” en su capacidad de construir su marco jurídico y pidió que la iniciativa fuera retirada, lo cual no ocurrió.
“La comunidad entera exhortamos hoy al Legislativo a no irrumpir en nuestra capacidad de construir nuestro marco jurídico”, refirió en un comunicado.
Insistió en que la reforma Constitucional reciente que otorgó a la UV la facultad para presentar iniciativas con relación a sus actividades sustantivas, “está en pleno ejercicio al día de hoy mientras discutimos e integramos un anteproyecto de Ley Orgánica por mandato del Consejo Universitario General, este ejercicio está en franco proceso y se desarrolla con una nutrida participación”.
