Elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal desbloquearon los pozos Kenora y Terra 123, ubicados en la comunidad de Oxiacaque, en el municipio de Nacajuca, los cuales llevaban cuatro años cerrados por presuntos grupos sindicales a los que el gobierno estatal calificó de extorsionadores.
Este sería el primer desalojo que se presenta, luego de que el Congreso local aprobó el pasado 29 de julio una reforma al Código Civil del estado, en el que se establecieron penas de hasta 20 años a quienes extorsionen u obstaculicen el trabajo de empresas que realizan proyectos en la entidad, la llamada Ley Garrote.
Ayer por la mañana, un convoy de fuerzas federales y estatales acudieron a estas instalaciones, después de que se presentaron varias demandas penales contra quienes mantenían cerrado el acceso, informaron autoridades estatales.
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, afirmó que con esta acción de liberalización se busca poner en producción estas instalaciones petroleras y establecer el Estado de derecho.
“Sí, ahí hay grupos de seudosindicatos que tiene tarifada la circulación o la entrada a esos pozos. Entiendo que hay denuncias presentadas y que la autoridad está haciendo las investigaciones, pero por lo pronto, se trata de que haya plena libertad de tránsito para las empresas y para Petróleos Mexicanos, y que puedan reanudarse los trabajos”, indicó el mandatario.
El gobernador agregó que hasta el momento no tiene el reporte de personas detenidas y especificó que el operativo de desalojo lo realizaron un convoy de la Guardia Nacional y fuerzas estatales.
López Hernández señaló que su administración garantiza la libertad de emprender y establecer empresas, así como el respeto a los derechos humanos, la libre manifestación y el derecho al trabajo.
Tan sólo en lo que va de este año han sido cuatro los bloqueos a los que se han enfrentado empresarios y el gobierno del estado; el más escandaloso fue el que se presentó en los pozos de Pemex Madrefil 61 y 64, ubicados en el municipio de Cunduacán, el pasado mes de marzo.
Ley polémica. El pasado 29 de julio, el Congreso del estado avaló en periodo extraordinario —con 24 votos a favor y uno en contra— las modificaciones al Código Penal local, que sanciona hasta con 20 años de cárcel a quienes extorsionen o impidan el libre tránsito para la ejecución de obras públicas o privadas, y la cual entró en funciones el 1 de agosto.
En esa ocasión, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, rechazó que se tratara de una modificación para reprimir manifestaciones, pues fue calificada como Ley Garrote.
“A ver, señores, la protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución, insisto, esta reforma al Código Penal es antiextorsión, en ningún momento es antimanifestación”, enfatizó.
La aprobación de esta reforma dejó confrontados a los diputados del PRD, pues el consejero estatal, Roberto Romero del Valle, solicitó al CEN del partido la expulsión de su coordinador parlamentario, Agustín Silva Vidal, por haber votado a favor de la iniciativa.
Sindicatos patito. Por lo menos 120 seudolíderes sindicales se han instalado en los accesos a las zonas petroleras del estado y están dedicados al negocio de la extorsión, denunció hace unos días Ricardo Castellanos Martínez de Castro, presidente de la Coparmex Tabasco.
El líder empresarial afirmó que el estado ocupa el primer lugar en el delito de extorsión en todas sus modalidades debido, principalmente, a que durante los últimos años se ha creado una “industria” de seudosindicatos que han crecido sin control, según le han alertado sus agremiados.
“Estos seudosindicatos llegan a ser más de 120 seudolíderes instalados en las zonas de acceso a las zonas petroleras del estado, los cuales han desarrollado la industria de la extorsión. Estos seudosindicatos han mantenido secuestrado el libre tránsito a cambio de cuotas, acosando a empresas públicas y privadas”, acusó el dirigente.
