Se quiera o no, los prejuicios continuarán, aún en contra de los intereses generales y colectivos de la población, cuya defensa demanda la unidad nacional que hace mucho tiempo dejó de ser la meta o uno de los objetivos de lucha de los militantes y simpatizantes de un partido político, como en su momento lo fue del Partido Revolucionario Institucional, en cuyos propósitos se persigue mantener un gobierno centro-derechista, en sustitución del nacionalista y revolucionario, cuya meta surgió a partir de su fundación el 4 de marzo de 1929; la ideología del PRI, de su fundación a la fecha, ha sufrido una transformación que va del centralismo-corporativismo, a la tecnocracia-neoliberalista, impuesta bajo el lema “DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”.
El principal enemigo a vencer en la elección de 2018 para el PRI, será sin duda el Partido Acción Nacional, cuya ideología muestra el paso del conservadurismo liberal, a la democracia cristiana y al humanismo, ubicándose en una posición centro-derechista, que le ha permitido un posicionamiento inicial en las entidades federativas del norte, y principalmente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nayarit, y hacia el centro y sureste del país, en Guanajuato, Puebla, Querétaro, Veracruz y Quintana Roo.
La ideología del PAN es humanista y su lema “Por una Patria Ordenada y Generosa y una Vida Mejor y más Digna para Todos”, encierra una legítima aspiración, no sólo de los mexicanos, sino de toda persona que aspire al reconocimiento de los derecho humanos, de Libertad, Justicia e Igualdad, que en las dos administraciones presidenciales encabezadas por Vicente Fox Quezada y Felipe de Jesus Calderón Hinojosa, no se alcanzaron por la frivolidad de ellos mismos y la ambición política y económica de la clase dirigente del partido que fundó Manuel Gómez Morin en 1939.
La otra alternativa que se presentará el próximo año para la lucha político electoral por la presidencia de México, la representa el Partido de la Revolución Democrática, cuya presidenta Alejandra Barrales Magdaleno, haciendo una autoevaluación de las posibilidades de triunfo del partido del sol azteca, ha preferido pronunciarse públicamente por una coalición con el Partido Acción Nacional, desafiando a las reglas que dieron por muerta anticipadamente cualquier alianza entre la izquierda y la extrema derecha; como quedó demostrado con el sorprendente triunfo en los gobiernos de los Estados donde llegaron para defenestrar y encarcelar o perseguir a los gobernadores del PRI.
Y el partido MORENA, fundado apenas en 2011, con una ideología política basada en el nacionalismo-Cardenismo, con un crecimiento inusitado que mantienen treinta y ocho Diputados Federales, dieciséis Senadores, treinta Alcaldes más los actores políticos que sigan desertando y afiliándose a este creciente movimiento que dirige como presidente AMLO y como Secretaria General Yeidckol Polevnsky. El slogan de MORENA es “La Esperanza de México” su ideología es reformista y su posicionamiento de izquierda; de no ganar la elección presidencial de 2018, que constituye el tercer intento del licenciado Andrés Manuel López Obrador por llegar a los Pinos, de todas formas como instituto político nacional, tiene garantizado un futuro que lo ubica como primera fuerza política cohesionada de México.
Pero considerar la contienda política como una lucha de ideologías, propuestas y compromisos para dar solución a los grandes problemas nacionales, que sufren en carne propia y de manera principal los más de sesenta millones de mexicanos que viven en estado de pobreza, frente a los otros sesenta millones de habitantes que distribuidos en distintas capas sociales, ostentan los mejores empleos en una pirámide social que de la base a la cúpula, posee la propiedad de la riqueza de México, distribuyéndose las rentas del gran capital, en forma inequitativa y desigual, con tantas clasificaciones como los del INEGI quieran asignar desde los más ricos (dueños de México), hasta los más pobres asalariados (no desempleados, pero con sueldos miserables), entre los que se encuentra el mejor caldo de cultivo, para promover las inconformidades políticas durante el próximo proceso electoral, mismas que se expresarán al emitir el sufragio.
Habría que revisar la administración, asignación y gasto de los recursos financieros que se destinarán el próximo año al proceso electoral y para empezar, habría que considerar las cifras multimillonarias que ya ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que asciende a TRES MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS; lo que ha permitido que los distintos consejeros privilegiados, respaldados por los partidos políticos nacionales y por poderosos padrinos miembros de la clase gobernante, perciben en concepto de costo anual para la ponencia; que incluye pago de honorarios a funcionarios y sueldo de los magistrados que se promedian en cuatro millones y medio anuales, con asesores, dictaminadores y proyectistas que entre todos suman un costo anual por ponencia, cercano a los cincuenta millones de pesos, por siete, constituyendo un verdadero poder con una permanencia asegurada por nueve años, garantizando a las magistradas y magistrados que permanezcan todo ese tiempo, una percepción ganada por más de cuarenta millones de pesos durante todo su desempeño. Desde ahí comienzan las inequidades y tratos preferenciales, discriminatorios, de quienes participarán en el próximo proceso electoral de 2018.
