Gobierno espía

De acuerdo al influyente periódico The New York Times “ Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”.
La publicación por obvias razones levantó ampula y provoco la unión inmediata de varias organizaciones y periodistas con una cobertura de muy alto nivel, denunciaron y alertaron sobre la vigilancia masiva a activistas de derechos humanos y comunicadores en México.
Carmen Aristegui lanzo el reto al presidente Enrique Peña Nieto para que de explicaciones al respecto; reclamo que los agentes del estado mexicano, han utilizado nuestros impuestos para cometer ilícitos graves y recordó que son más de 100 periodistas asesinados en los últimos años.
Otros activistas también acusaron que el espionaje en el país se ha convertido en un mecanismo de control efectivo y de abuso de poder
contra periodistas y defensores de derechos humanos que han sido vigilados por el gobierno mexicano, así de plano.
No son casos aislados, se trata de una vigilancia sistemática donde fue usada una infraestructura común dentro del gobierno federal señalan.
Los enlaces que fueron enviados para que le dieran “clic” en los celulares o computadoras se asegura, se hicieron desde el mismo dominio que calculan en un precio de alrededor 212 millones de pesos solo por el programa de espionaje.
La vigilancia en comunicaciones, tendría que estar regulada por varias medidas, la invasión genera el espionaje y le da gran poder al atacante, se llevan literalmente los secretos y se considera el abuso absoluto.
La red en defensa de los derechos digitales (R3D) es un organismo que utiliza diversas herramientas legales y de comunicación para hacer investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas con el objetivo de promover los derechos digitales en México. En particular, la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre.
Ayer convocaron a una amplia reunión, en donde exigieron que se lleve a cabo una investigación imparcial, seria y de cara a la ciudadanía; ya fueron presentadas denuncias penales y se insistirá en transparentar los procesos de contratación, se notifique puntualmente a todas las victimas y se conozca públicamente a los autores intelectuales y materiales.
En el conclave estuvieron presentes: Carmen Aristegui, periodista, John Scott Railton, de Citizen Lab, Luis Fernando García, director de R3D, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, Ana Ruelas, directora de ARTICLE 19, Rafael Cabrera, jefe de información de BuzzFeed News México, Mario Patrón, director de Centro ProDH, Daniel Lizárraga, de Mexicanos Contra la Corrupción, Salvador Camarena, director de Mexicanos Contra la Corrupción, Alejandro Calvillo de El Poder Del Consumidor y Alexandra Zapata, de IMCO.
Temas como Ayotzinapa, Casa Blanca, Tlatlaya, Michoacan y los abusos militares han sido el comun denominador para el espionaje. Se exige incluso la investigación de intromisión de gobiernos de todos los niveles.
Lo que será muy dificil es lograr que el gobierno federal se investigue asimismo; importante tambien será lograr una comisipon integrada con expertos externos, que realicen incluso un monitoreo expreso y profundo y se den a conocer los resultados.
@monicamarena