La Guardia Nacional tuvo que entrar en operaciones en el sur de Veracruz porque después de lo ocurrido en Minatitlán no había otra opción: la violencia estaba descontrolada, las fuerzas de seguridad locales rebasadas o corrompidas, el gobierno estatal no atinaba a dar siquiera una respuesta en los medios y no se podía esperar a que el congreso sacara las leyes secundarias de la Guardia cuando está, evidentemente, rebasado en tiempo y forma, atorado con demasiadas nuevas regulaciones, algunas necesarias e importantes, otras intrascendentes y fruto de ocurrencias legislativas
o ejecutivas.
Es un riesgo para los integrantes de la Guardia Nacional comenzar a operar sin que estén aprobadas las leyes secundarias que establecen las normas legales sobre las que deberán basarse. No están rebasando la legalidad al hacerlo, quizás es más delicado aún: sus integrantes están desprotegidos legalmente.
Es verdad que quienes han entrado en operaciones todavía podrían escudarse en las normas de la policía militar, la naval o la federal de donde provienen, incluso están protegidos, en ese sentido, por el transitorio que se aprobó junto con la creación de la Guardia Nacional, pero el hecho no deja de evidenciar el grado de deterioro que muestra la seguridad en el país y, sobre todo, en los ámbitos donde ha comenzado a operar la Guardia Nacional: el sur de Veracruz, tres alcaldías de la ciudad de México (sobre todo la Gustavo A. Madero) y la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca.
Ésa es una de las razones por las que ha comenzado a operar la Guardia, otra es más compleja. Existe el interés en algunos sectores políticos de darle marcha atrás al esquema aprobado en la reforma constitucional, distorsionándolo en las leyes secundarias, incluso retrasando la aprobación de éstas. La Guardia Nacional es una institución civil, que depende de la secretaría del ramo, pero está formada en lo esencial por militares y marinos y sus mandos directos provendrán también de ese origen, como su comandante, el general, próximo al retiro, Luis Rodríguez Bucio. Sería insensato cambiarles la disciplina, el tipo de mando, el espíritu de cuerpo que siempre han tenido, a miles de elementos que vienen de las áreas militares, a través de cambiarle también el tipo de mandos de los que gozará la corporación.
Existe también el interés de bajar de categoría el organismo que funcionará como una suerte de Estado Mayor de la propia corporación policial, integrado por un representante de la Defensa, uno de la Marina, uno de la Policía Federal y uno de la propia secretaría de seguridad. Hay quien quiere, a través de la negociación de las leyes secundarias, darle un papel sólo consultivo, cuando el mismo será plenamente operativo, como se aprobó en la reforma constitucional y se requiere.
Ésas son algunas de las razones por las cuales la Guardia Nacional ha entrado en operaciones cuando aún falta un trecho legal y logístico para poder hacerlo plenamente. Es un riesgo que asumen sus mandos ante el deterioro de la seguridad en varias zonas del país y así debe aquilatarse.
Porque, además, en Coatzacoalcos, junto a Minatitlán, está uno de los extremos de uno de los proyectos estratégicos del actual gobierno, el tren transístmico que unirá esa ciudad con Salina Cruz, y que convertirá a ambos puertos en una de las entradas y salidas estratégicas del país, en términos comerciales y energéticos. Desconcierta por eso que el gobierno haya acabado con las zonas económicas especiales, sobre todo la que cubría el tramo de recorrido de este tren, porque era un instrumento muy importante para la consolidación del mismo como un verdadero polo de desarrollo, más allá de la operación del tren respectivo. Hay que recordar que las zonas económicas especiales ya tenían compromisos de inversión por dos mil 800 millones de dólares, que inevitablemente se perderán.
Pero mucho más importante que eso es que para las obras e inversiones futuras exista seguridad. Nadie invertirá en un tren o en un polo de desarrollo si no se garantiza la seguridad de empresas, inversiones y personas.
Y eso hoy en todo el sur de Veracruz es más una expresión de deseos que una realidad. Recuperar la seguridad en toda esa zona del país, disputada por varios grupos criminales, resulta prioritario. Ninguna gran vía de comunicación funcionará y será eficiente, tendrá inversionistas y usuarios sin restaurar la seguridad perdida.
Con un agregado: ese tren y esa zona de desarrollo se terminarán convirtiendo, si se construyen, en la única barrera física real de nuestra frontera sur. En términos geopolíticos es una obra imprescindible.
RAZONES / Jorge Fernández Menéndez / Excélsior / 30 Abril 2019
