Michoacán fue en 2016 el mayor expulsor de población a causa de la violencia del crimen organizado.
De acuerdo con el informe “Desplazamiento Interno Forzado en México” elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), al menos 10 mil personas dejaron sus lugares de origen en un evento masivo registrado los días 23 y 24 de mayo del año pasado.
En el transcurso de los siguientes meses, expone la organización que por años se ha dedicado a estudiar el tema, la misma cantidad de población proveniente de dicho estado fue registrada por autoridades y organizaciones civiles de Tijuana, Baja California.
El coordinador de Estudios, Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, Gerardo Herrera Pérez, asegura que el organismo tiene detectado este fenómeno en los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Coahuayana, Aquila, Apatzingán, Múgica, Aguililla y Tepalcatepec.
Y revela en entrevista con Crónica que en Jiquilpan y Sahuayo, localidades colindantes con Jalisco, ha empezado a haber desplazamiento interno forzado de personas, debido a la pugna entre grupos criminales michoacanos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que busca el control de los espacios dejados por los Caballeros Templarios.
“Estuve el 5 de abril en un evento en la plaza de Jiquilpan y la gente se retira temprano a sus hogares, están en los espacios públicos, pero a buena hora el centro histórico y otros sitios están sin gente”, agrega.
El funcionario detalla que unos michoacanos emigran a los Estados Unidos y otros se desplazan a Morelia, Lázaro Cárdenas y a la Ciudad de México donde generalmente tienen familiares.
“Pero también ha empezado a haber movimientos en Jiquilpan y Sahuayo porque son municipios que colindan con Jalisco y ahí la pugna entre los cárteles de Michoacán y el de Jalisco Nueva Generación está atemorizando a la gente”, comenta.
Desde Pátzcuaro, Herrera Pérez explica, vía telefónica, que pobladores de los municipios costeros de Coahuayana y Aquila suelen desplazarse a Colima y al puerto de Lázaro Cárdenas, ya sea por la violencia del crimen organizado o porque no hay condiciones para desarrollar un proyecto de vida.
“Otros procesos se dan en la región de la Tierra Caliente, en Huetamo y San Lucas, que son municipios que producen melón, pepino y que hay mucho desplazamiento de gente que viene de fuera para poder hacer corte en los campos, pero también de gente que vive ahí y que se va porque no hay condiciones para poder sacar adelante un proyecto de familia”, explica.
En Apatzingán, Múgica, Aguililla y Tepalcatepec, que también son fruticultores y ganaderos, agrega, ha habido desplazamientos de personas, ahí principalmente por la inseguridad.
Herrera Pérez refiere que la mayoría de las quejas que recibe la CEDH de Michoacán están relacionadas con violaciones al debido proceso, tortura, cuestiones de salud y educación.
No tiene duda de que el desplazamiento interno forzado en Michoacán se agudizó cuando el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado en diciembre de 2006.
“El proceso inicia a partir de que el ex mandatario genera este proceso y desde el inicio de su administración, vimos desplazar un conjunto de estructuras militares hacia la Tierra Caliente, y eso calentó más las cosas, por lo que hubo muchos desplazados”, considera.
