Con el caso Lozoya, envuelto en una situación crítica con una orden de aprehensión a cuestas por compras de chatarra a sobreprecio y el embarre de Pedro Joaquín Coldwell, también, por presuntos contubernios que dieron como resultado compras infladas muy infladas y, por ello, espeluznantes, además, de la adquisición de deuda para PEMEX, obligaron al Presidente AMLO a señalar que esas compras o transacciones se hicieron con la probable “autorización” del Presidente Peña Nieto.
De ser así, digo, por eso de la presunción de inocencia, lo que quiere decir es que, AMLO, no está barriendo para atrás, sino que inicia la investigación y persecución del otro mal que aqueja al país y que es la impunidad, ese gran escudo que se consolidó como si fuera pacto de sangre entre los bandidos de los regímenes gubernamentales anteriores y que nadie, incluyendo a los dos presidentes de oposición, quisieron éntrale para interponer denuncias e investigaciones a los ex presidentes del régimen revolucionario.
Esta figura, la impunidad, es el flagelo que ha dado al traste a la justicia, a la operación administrativa del gobierno con, precisamente, corrupción, prepotencia y arrogancia fomentando las bandas de ladrones de cuello blanco incrustados en los gobiernos pasados.
Además es un tema del que todo mundo, en este país habla, pero que nadie le quiere entrar ¿por qué? porque ahí es donde se gestan todas las complicidades del voraz mundo de los corruptos y que en el ejercicio público y ungidos de políticos, de servidores públicos roban, tranzan, violentan las normas todo por la insaciable ambición de tener y tener a costa de los que no es suyo, roban del erario, pero eso sí al amparo de las leyes que modifican y acomodan para sus perversos fines.
Por eso, la “mañanera” del miércoles pasado, ha dado votos de confianza y a favor y aceptación al Presidente, López Obrador, quién además dijo que “sí la gente lo quiere” se hará una investigación sobre todo el periodo neoliberal; aunque aseguró que no es partidario de la persecución ni la venganza, pero si hay delito sin castigo hay impunidad y si hay impunidad los delitos no se castigarán y eso seguiría fomentando la proclividad de algunos funcionarios a seguir esas viejas prácticas neoliberales rateristas, metiéndole la mano al cajón o traficando con influencias e intereses, privilegiando las grandes redes de complicidad.
Obviamente, la posición solicitada y aclamada por el pueblo, provoca sentimientos encontrados cuando, AMLO, decide preguntarle a los ciudadanos si es que queremos que se investigue la crisis económica y quienes la provocaron, porque los habitantes de este país queremos justicia y rendición de cuentas, no amnistías ni perdones, ni mucho menos olvido, estamos en una de las peores situaciones económicas, sociales y humanitaria por la inseguridad y entramos a la crisis política, por no recurrir a la aplicación de la lay a los corrupto e impunes en el omento preciso. Es hora de decidir.
Todos los aludidos en el caso PEMEX-Odebrecht, han negado su participación en actos de corrupción y, obviamente, niegan que haya impunidad en los quebrantos de la petrolera, sin embargo los ciudadanos sabemos y conocemos de todas las atrocidades que se han realizado en la paraestatal bajo la miopía gubernamental, desde los groseros sueldo de los trabajadores, la voracidad del líder sindical y una serie de tropelías donde participan los bandoleros de cuello blanco.
Mención aparate merecen los involucrados en el “huachicol” y otros tantos vericuetos que se dan hacia el interior del universo que representa PEMEX, contratos, concesiones, arrendamientos y un gran etcétera, la gran industria petrolera que ha servido de botín de algunos, en deterioro del pueblo y ocasionado un gran estancamiento del progreso de la industria, a tal grado que siendo un país productor de petróleo, ni siquiera seamos capaces de autosuficiencia de abasto de gasolina.
El contexto obliga a analizar el desempeño de Lozoya Austin, como director de PEMEX, un auténtico “fifi” que cuando presentó su declaración patrimonial, antes de tomar el cargo, se habló de una gran fortuna personal; eso lo catapultó como un funcionario que podría contener la depredación de la industria más importante del país y reservar una fama pública de honesto para él y su familia.
Sin embargo, la maldición del poder gubernamental, ese que echa a perder las mejores hombres, las intenciones de quienes lo ostentan y, cuya red de conspiraciones, intereses ocultos, complicidades y bondades, si se le puede llamar así, que genera el dinero producto de acciones de corrupción y compra de conciencias, acaba, dadas las presiones de la complicidad obligada por tantos intereses.
El revire presidencial para realizar investigaciones y medir los tamaños del boquete creado históricamente desde Luis Echeverría para acá, pone nerviosos a miles, quizás cientos de miles de corruptos que se protegieron con la impunidad fortalecida por todos los políticos de los últimos sexenios.
El caso Lozoya podría ser el antes y después de la impunidad y corrupción, que haría creíble la gestión de AMLO y el pueblo con la aplicación de la Ley, podría olvidar todos los yerros políticos al ver enjuiciados y condenados a los culpables de tanto deterioro social, económico y político que tiene sumido al país e, esta crisis nunca antes vista.
No sabemos que vaya a pasar, si Lozoya será detenido, si Pedro Joaquín Coldwell será llamado a declarar por la FGR, además investigar el consejo de administración de PEMEX y al ex presidente Enrique Peña Nieto.
Lo que si sabemos, si esto no avanza, es la consolidación de la percepción ciudadana de que la corrupción es un problema frecuente y más de la mitad creemos que ha aumentado significativamente en los últimos años.
Suburbio 1
¿Qué fue primero la corrupción o la impunidad?
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