La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y desaparición de recursos federales en la administración de Javier Duarte en Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero, hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un juez.
Autoridades federales confirmaron que las averiguaciones se encuentran en integración y comprenden un posible fraude al erario federal por 21 mil 76 millones de pesos.
Eso sin contar otros 35 mil millones, que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF presentará en los próximos meses.
La primera denuncia en contra de la administración de Javier Duarte ante la PGR se presentó oficialmente el 11 de noviembre de 2014 y fue por haber simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como faltantes.
La última denuncia se presentó el pasado 23 de diciembre y correspondió a un posible desvío de 800 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en el ejercicio fiscal de 2014.
Todas estas averiguaciones están a cargo de la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR sin que ninguna haya sido cerrada pero tampoco sin que alguna esté resuelta y consignada ante un juez federal.
De acuerdo con la ASF, se realizan reuniones periódicas con los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la esa Unidad Especializada para dar seguimiento a las averiguaciones presentadas y los requerimientos de información que se presenten.
Cabe señalar que se trata de denuncias de hechos en las que la auditoría aporta la evidencia de los recursos que desaparecieron o no fueron utilizados adecuadamente, pero donde es responsabilidad de la PGR determinar quiénes son los funcionarios responsables y consignarlos,
¿De dónde viene el dinero denunciado?
De los 21 mil millones que la Auditoría ya denunció penalmente ante la PGR, 16 mil 308 millones corresponden a recursos pertenecientes al denominado “gasto federalizado” entregado a Veracruz.
El gasto federalizado es dinero destinado a los denominados Ramos 28 y 33, cuya finalidad es que se canalice a programas sociales y obras que beneficien a la población.
Los otros cuatro mil 770 millones de pesos son por un concepto que los auditores denominan como “simulación de reintegros”, que consiste en que la autoridad señalada (en este caso el gobierno de Veracruz) deposita recursos que los auditores le indicaron como faltantes en las cuentas autorizadas, pero que luego vuelve a retirarlos.
El desvío de recursos que los auditores han observado y denunciado se han presentado de forma generalizada en múltiples programas: Van desde partidas destinadas para obras y programas sociales, hasta recursos que debieron usarse en programas de salud o de seguridad pública. Entre los programas afectados se encuentran, por ejemplo, el Seguro Popular y Prospera.
Fue el propio Javier Duarte quien oficializó casi desde el arranque de su gobierno el que pudieran tomarse recursos etiquetados del gobierno federal con otros fines.
Animal Político informó que el 19 de diciembre de 2011 el gobierno de Duarte publicó el Decreto 289, a través del cual dio luz verde a la Secretaría de Finanzas de su gobierno para echar mano de partidas estatales y federales y “priorizar” el gasto de acuerdo con las necesidades del estado.
Se prevé que en los próximos meses la ASF presente un nuevo paquete de denuncias en contra de la administración de Duarte por el desvío de otros 35 mil millones de pesos detectados hasta el ejercicio 2015, así como por nuevas irregularidades correspondientes a 2016.
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Fuera de la extradición de Duarte
El próximo 15 de junio vence el plazo legal que marca el tratado de extradición entre México y Guatemala para que se presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte, detenido a mediados de abril en ese país centroamericano.
De acuerdo con autoridades con conocimiento del caso, la solicitud se estará presentando días antes de finalizar el plazo.
El tratado entre ambos países indica que la solicitud de extradición procede en los casos en los que exista un requerimiento judicial en forma girado por un juez, es decir, una orden de aprehensión.
Hasta ahora hay cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra del exgobernador: Dos de estas son del orden federal y son por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos electorales. Además hay dos órdenes obtenidas por la Fiscalía de Veracruz y relacionadas con cinco delitos distintos, todos vinculados a posibles hechos de corrupción.
Ninguno de los desvíos reportados y denunciados por la ASF ha derivado en una orden de aprehensión contra Javier Duarte porque tampoco han sido consignados.
Pobres resultados, el común denominador
La Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR es la responsable, entre otras cosas, de investigar los posibles hechos de corrupción derivados de las denuncias que presenta la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con datos de la ASF, hasta ahora, se han presentado más de 750 denuncias penales ante esa Unidad por presuntos fraudes derivados de las auditorías que se practican en los estados y en las dependencias federales. De todas ellas, solamente 30 han sido consignadas.
Lo anterior significa que, en promedio, apenas 4% de los fraudes que denuncia la ASF terminan en una consignación ante un juez con el señalamiento de quienes son los responsables.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, ha advertido en varias ocasiones que la PGR no cuenta con el personal ni recursos suficientes para sacar adelántelos los casos.
“Lo que podemos ver es que, a la fecha hay un rezago importante, tanto para la sanción de las penas administrativas, como las penales, las que tiene que aplicar la Procuraduría General de la República”, dijo Portal el pasado 23 de mayo.
Cabe señalar que la Unidad será reemplazada por la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que, en el papel, tendrá una mayor estructura y facultades para atender todos estos casos.
Pero el funcionamiento de dicha fiscalía está sujeto primero al nombramiento de un fiscal anticorrupción. Dicha determinación está a cargo del Senado de la República el cual lleva tres años sin concretarlo. (ANIMAL POLITICO / ARTURO ANGEL)
