Por Estela Casados González
Veracruz es un cementerio de mujeres. En el primer semestre de este año, 129 veracruzanas fueron asesinadas. Las agresiones aumentan y se normalizan de manera escandalosa. Las autoridades guardan silencio. Restan importancia a esta crisis humanitaria creando un peligroso ambiente de desinformación.
No sabemos si se les da puntual seguimiento a los asesinatos, como lo exige la ley. Incluso, en aquellos casos que han ocupado la atención de la opinión pública, como los de las estudiantes de la Universidad Veracruzana víctimas de feminicidio y homicidio, los familiares han referido a los medios de comunicación que no hay avance ni mayor noticia en las investigaciones, que no se han capturado a los asesinos.
Todo ello sucede mientras estamos en medio de una Alerta de Violencia de Género por feminicidio implementada por la Secretaría de Gobernación; pero es como si no sucediera nada.
Recordemos que el pasado 23 de noviembre de 2016 el gobierno federal implementó este mecanismo en un intento por salvaguardar la vida de las mujeres de la entidad, ello ante la presión de organizaciones de la sociedad civil veracruzana.
Desde entonces poco o nada se ha hecho sobre el tema. La población en general, si bien le va, solo escucha que hay una declaratoria, pero no sabe en qué consiste, qué debe hacer y a quién acudir en los casos de violencia contra mujeres.
Prácticamente son inexistentes las campañas que de manera masiva concienticen a la población sobre la violencia de género y la obligación de respetar los derechos humanos de más de la mitad de la población de la entidad. En vez de ello, priva un clima de impunidad que envía un mensaje implícito de crimen sin castigo.
Ni siquiera se realizan las cuestiones más operativas de la declaratoria de la Alerta, tales como mejorar el alumbrado público. Este se encuentra cada vez peor, incluso en la capital del estado. El mecanismo federal también señala que los cuerpos policiacos deben estar presentes y atentos para salvaguardar la integridad de las ciudadanas. Lo cierto es que solo están en los perímetros más importantes del estado, si es que se les puede ubicar ahí.
En tanto, las cifras hablan por sí solas: el año pasado se registraron 190 asesinatos; de los cuales, 142 reunían las características para ser considerados como feminicidios. En 2017 estamos a un paso de alcanzar esos números y el mes de julio aún no termina.
Sin embargo, los feminicidios y homicidios de mujeres son la punta del iceberg de la misoginia. De enero a junio 133 niñas y mujeres han desaparecido en Veracruz; 500 han sufrido algún tipo de violencia. Casos que apenas tienen cierto seguimiento. Se desconoce cuántos de ellos han sido resueltos.
Me pregunto cuál es la opinión del gobernador del estado. Pocas veces hemos tenido oportunidad de escucharlo hablar sobre el tema. Ha sido sintomático, por ejemplo, que la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de las Mujeres nunca ha contado con el honor de que él presida sus sesiones, tal como lo marca la ley.
Es urgente que Miguel Ángel Yunes Linares asuma su responsabilidad política, jurídica y constitucional para garantizar la vida de las mujeres en Veracruz.
