El caos que se ha generado en el Sistema Penitenciario Federal, desde las famosas “fugas”, primero de Puente Grande Jalisco y después del penal del Altiplano, del extraditado padrino o jefe del cártel de Sinaloa Joaquín “el Chapo” Guzmán; y posteriormente las fugas masivas en CEFERESOS (Centro Federales de Reinserción Social), con saldos indeterminados de muertos y heridos, cuyas cifras carecen de validación o certificación, pero sin duda con un repaso de los últimos tres años a las tomas de los penales y sangrientos motines; una búsqueda en la hemeroteca nacional, reflejará la falla de los funcionarios públicos, para mantener el control de los centros de reclusión federales, estatales y municipales.
Y en esa falta de control carcelario, donde algunos reos llevan el autogobierno, que significa control de la dirección del penal y cobro de favores por el gobierno interno y administración de los penales, es donde se genera la corrupción. Esos favores que se pueden dispensar en el autogobierno se traducen en la venta a precios exorbitantes, de licores y drogas, mujeres en visita conyugal, prostitutas para fiestas y atenciones a presos de relativa “importancia, televisores, equipos de sonido, teléfonos celulares, jabones, perfumes, pastas dentales, armas blancas, armas de fuego y explosivos, más todo lo que a un interno rico, caprichoso y loco se le pueda ocurrir; todo eso y más en los CEFERESOS y reclusorios de los Estados y municipios, donde quien manda es aquel que tiene más dinero que todos; más injerencia en el tráfico de drogas; y más operaciones de trata de personas para el “comercio carnal”.
Y todas esas acciones que se realizan fuera de la ley en las prisiones de México, presentan un panorama desolador, por el que nadie desea pasar; para no sufrir los daños y secuelas que las cárceles dejan en quienes han padecido como internos; sea de manera legal o injustificadamente y por el tiempo que sea.
Desde las Islas Marías, que cuenta con 8061 internos; más los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), que son 16 en diferentes entidades federativas, pero bajo el estricto control del gobierno federal, donde se encuentran recluidos todos los reos federales; más las cárceles estatales y municipales; y todas esas dependencias que generan un alto costo para su mantenimiento, representan una aplicación del presupuesto público que se tira en un hoyo sin fondo, al que nadie le quiere invertir y mucho menos, apostar.
Quizá por ello y por los altos índices de corrupción de los directivos, custodios y personal de seguridad, de manera frecuente se dan “las tomas de los penales” por internos que destruyen el mobiliario y equipo que encuentran a su paso y con las armas que fabrican los propios reclusos; pero más con las armas que se introducen ilegalmente a los internos, en los últimos meses se han escenificado batallas con saldos de muertos, heridos y desaparecidos, cuyas cifras resultan variadas e inconfiables.
En ese oscuro panorama se acaba de repetir un “presunto suicidio”, del acusado de violación, de la niña Valeria, cuyos apellidos se omiten por disposición de la ley, ya que lo sucedido a la menor ultrajada y asesinada, generó una gran preocupación social y el clamor de los vecinos de Neza, fue total para exigir a las autoridades el inmediato esclarecimiento del crimen, con la detención del autor material y en su caso intelectual, para ser sancionado con la más alta penalidad. Tan solo en los últimos cuatro años, se han registrado cuarenta y ocho suicidios en penales de la Ciudad de México, sin contar los ocurridos en el interior del país.
Es el caso de la niña Valeria, ultrajada, violada y asesinada, cuyo cadáver fue abandonado en una combi de transporte público, manejada por el presunto autor material del crimen, al que llegaron las autoridades de investigación ministerial, a través de las cámaras de video vigilancia, que permitieron la detención del presunto violador y asesino, quien horas después apareció colgado en su celda de reclusión, sin que pudieran las autoridades penitenciarias y el servicio médico del penal, hacer algo para que el presunto asesino, sufriera el castigo de la pena privativa de libertad. Antes que su cobarde huida a través del suicidio.
