a vida del migrante se complica cada vez más. Nuevas rutas para alcanzar el Norte, cada vez más peligrosas, están siendo probadas por quienes buscan llegar a Estados Unidos, reveló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que denunció la agresiva política xenofóbica y discriminatoria del presidente Donald Trump.
En tanto, el secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, y el fiscal general, Jeff Sessions, indicaron en una visita a la línea divisoria, que enjuiciarán a los padres que paguen a polleros (traficantes de personas) para que ayuden a sus hijos a cruzar la frontera.
Crónica publicó este jueves que, debido a las nuevas condiciones para los migrantes en la era Trump, las cuotas que cobran los polleros se multiplicaron por cuatro, esto sin contar los gastos de traslados para llegar hasta la frontera. Cruzar la línea divisoria se está cotizando hasta en 13 mil dólares, según constató Crónica en el área de Mexicali.
Los datos confirman también lo que la red de apoyo de Sedesol a migrantes ha detectado durante este año.
XENOFOBIA. Para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien presentó una ponencia al respecto en la UNAM, “hay migrantes desaparecidos en su intento de buscar nuevas rutas de ingreso a ese país, y muchos otros han sido obligados a formar parte del crimen organizado”. El fenómeno, indicó, se presenta en México y del lado norteamericano.
Advirtió que “ningún muro va a impedir a los migrantes la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que lleva a estos a tratar de incursionar en territorio estadunidense por veredas y caminos desconocidos”.
Señaló que esto implica mayores peligros, por lo que llamó a condenar de manera enérgica “el discurso de odio” que ha emprendido Trump; “porque se empieza por un lenguaje discriminatorio, se pasa a la persecución y luego al exterminio”, alertó.
Al participar en la inauguración del coloquio “Diálogo por la Dignidad de los Migrantes”, organizado por la Faculta de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de la Universidad Nacional (en el que participó la sede de la máxima casa de estudios en Chicago), González Pérez dijo que más allá de las deportaciones, lo que genera esta política estadunidense “son agresiones inaceptables hacia los migrantes”.
Acusó que Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, “vigila, inspecciona y califica a todos los países en materia de derechos humanos, pero no hay a quién rindan cuentas ellos; nadie los supervisa. No tienen autoridad moral de criticar a los países si ellos se niegan a que se les evalúe”.
