En la nube del análisis público-periodístico permea la hipótesis de que Javier Duarte aprovechó las “bondades” del Nuevo Sistema Penal mexicano y pactó su entrega con el gobierno federal a cambio de indulto e impunidad para su esposa, la ex titular del DIF Estatal, Karime Macías, padres, cuñados y hermanos, principalmente.
Este “arreglo” pudo ocurrir con el gobierno federal.
¿Es la misma postura del Gobierno de Veracruz?.
El 20 de febrero en una bodega en Córdoba el titular del Poder Ejecutivo y el de la FGE presentaron las presuntas agendas de Karime Macías con información de alta relevancia sobre el trasiego del erario público para compras personales.
Se entiende que el fiscal Winckler posee información para investigar y procesar a la presunta autora de esas anotaciones y sus implicaciones. A menos que aquello haya sido un egocéntrico montaje teatral.
El 11 de abril el gobernador Yunes -un tanto exaltado por la insistencia de reporteros veracruzanos que lo obligaron a pensar en un nuevo modelo de Comunicación- sostuvo tajante: “yo no pacto con criminales”.
Queda en la nube el destino inmediato de Karime Macías y el resto de los familiares-cómplices de Javier Duarte.
¿La Fiscalía General de Justicia de Veracruz puede vincularlos a algún delito y solicitar órdenes de aprehensión para ellos?
¿El pacto de Javier Duarte con la PGR incluye también al Gobierno de Veracruz?
El papel y las responsabilidades de Karime Macías, y su séquito, en el multimillonario robo al erario público veracruzano no está dilucidado.
La expresión “yo no pacto con criminales” está en el ambiente justiciero veracruzano. (Filias y Fobias… del Poder, Miguel Angel Rueda-ruiz/ Veracruz en Red/ 18 de abril de 2017).
