El Ministro Arturo Zaldívar y sus diez colegas, que conforman la máxima autoridad Jurisdiccional-Constitucional del país, sepultaron las pretensiones del Gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdéz, quien habiendo sido electo para gobernar al Estado de B.C., por un periodo de 2 Años, pretendió extenderlo a 5, apoyado por la mayoría calificada de su Congreso Local.
Se le olvidó que la soberanía reside en el pueblo, y en una democracia, el pueblo la ejerce a través de su voto, para decidir quienes habrán de gobernarlo, así como, la forma de su gobierno y las funciones a realizar; y si fue convocado para elegir un gobernante por 2 años, ninguna instancia puede ampliar ese periodo, sin cometer un fraude electoral.
El papel que jugó el INE, como garante de la legalidad que debe cumplirse en los procesos electorales, fue determinante para la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley Bonilla”. A ello debe sumarse la opinión de los lideres históricos del Frente Democrático Nacional (1988), Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñóz Ledo, quienes fustigaron enérgicamente lo que parecía ser un experimento reeleccionista.
Germán Martinez, ex-presidente nacional del PAN y actual Senador por MORENA, se pronunció por un castigo a los que aprobaron la ley-Bonilla, de quienes se dice, que sus votos fueron “comprados” con una dádiva equivalente a 1 Millón de dólares, que los propios Diputados estimaron “suficiente” para tapar sus vergüenzas políticas.
Ahora se afirma que participaron del soborno, la totalidad de los diputados de la Legislatura Local, sin exclusión de partidos, pues para lograr la mayoría que creyeron les daría legitimación en tal fraude, debían reunir el voto de militantes de MORENA, PAN, PRD, MC, PRI, y los satélites de ellos mismos.
El Presidente López Obrador, hasta donde se sabe, se mantuvo al margen del fraude legislativo ejecutado en el ámbito local de B.C. y al conocer el fallo de la SCJN, el Gobernador Bonilla, se concretó a decir que en democracia, se gana o se pierde, y que los bajacalifornianos son los que más pierden, porque no le dará tiempo de cumplir sus compromisos contenidos en el Plan estatal de desarrollo.
Mal augurio significó para la Ley Bonilla, el comentario favorable que antes expresó la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, por que exhibe una contradicción a su jefe el presidente y a sus ex compañeros ministros, que ni la retractación, pudo remediar.
