Al margen de los procedimientos legislativos y del tema relacionado con la legalidad del nombramiento del fiscal anticorrupión de Veracruz, el asunto fue ubicado ya en un contexto político e incluso mediático.
Sin importar si el nombramiento de Marcos Even Torres es o no legal, la bancada de Morena en la Legislatura del Estado exige la destitución o, en su defecto, la renuncia del recientemente nombrado funcionario.
Sin embargo, bien vale la pena hacer un recuento del procedimiento legislativo, sobre todo ahora que han sido desechadas las solicitudes de amparo de quienes fueron excluidos en el mencionado proceso de selección:
El 2 de octubre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto 343, en el que se estableció la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El 19 de diciembre de ese mismo año se analizó por el Pleno el dictamen por el que se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que incluyó el procedimiento de elección del Fiscal anticorrupción.
Recordemos que en dicha sesión, la del 19 de diciembre, el diputado José Roberto Arenas Martínez presentó un modificatorio al dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad.
En el acuerdo por el que se emite Convocatoria Pública para Nombrar al Fiscal, en las Bases Tercera, Cuarta y Sexta, se otorga competencia a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia para recibir las propuestas y para sustanciar y resolver lo no previsto dentro del procedimiento de designación.
La confusión de los legisladores de Morena deriva de que el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 508, sin la inclusión del modificatorio aprobado por el Congreso.
Unos días después, el 2 de enero, la Gaceta publicó una fe de erratas que incluye el modificatorio; sin embargo, ese documento ya no fue previsto ni tomado en cuenta por la bancada de Morena.
En pocas palabras, el error de los de Morena obedece a que sólo se enfocan en la publicación original y no en la fe de erratas, que es tan legal como la primera.
Pues bien, durante enero se realizaron las entrevistas a los aspirantes, que fueron públicas y calificadas por diputados de todos los Grupos Parlamentarios.
El martes 24 de julio, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia emitió el dictamen con proyecto de decreto por el que se remite al Pleno del Congreso del Estado la terna para la designación del fiscal especializado en combate a la corrupción.
En su artículo primero se estableció que “se nombra como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por un periodo de cinco años, a la ciudadana o ciudadano que resulte designado de entre las personas que integran la terna conformada por Andrés Domínguez Fernández, Marcos Even Torres Zamudio y Gustavo Fernando Vasto Pulido”.
Después de dos votaciones y en cumplimiento a la convocatoria establecida por la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, se emitió un Decreto que fue aprobado al interior de la comisión y toda vez que esta misma es la que debe resolver “lo no previsto dentro del procedimiento”, la Comisión estableció: “designar como Titular de dicha Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al Ciudadano que haya obtenido el mayor número de votos de entre las ternas sometidas a la consideración del Pleno de esta Soberanía, correspondiendo al ciudadano Marcos Even Torres Zamudio, … con base a las votaciones referidas…”.
Así las cosas, al margen de las consideraciones políticas y del escándalo mediático, es evidente que el procedimiento de elección del fiscal anticorrupción se ajustó a las normas vigentes al momento del acto de designación.
Lo anterior causó irritación entre algunos diputados, sobre todo los de Morena; sin embargo, el procedimiento fue apegado a la convocatoria, que tiene el rango de norma constitucional, toda vez que se refiere como el método para la elección del fiscal, por lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lo anterior fue ratificado una vez que el Poder Judicial de la Federación desechó más de 25 amparos de ciudadanos y ex aspirantes a la Fiscalía Especializada.
Así quedó confirmado que el Fiscal especializado fue nombrado con legalidad, y se observa muy difícil que a pesar del cambio de Legislatura, dicha designación sea revertida. @luisromero85
