Samantha Aparicio tenía los ojos oscuros, el cabello largo, 25 años, una hija. Cuando se anunció su muerte, el breve relato de los reporteros apretaba una ficha noticiosa: desapareció unas horas antes, sus familiares la habían reportado, los asesinos metieron su cuerpo en tres bolsas negras, chorreaban sangre. Era de Córdoba, apareció en Yanga.
Han pasado 46 días desde que encontraron el cuerpo, el 1 de diciembre. Otras 25 chicas han sido asesinadas en distintos municipios de Veracruz. La más reciente fue en Xalapa. Nancy Carballo, madre de una hija, embarazada. Los mínimos relatos de la prensa reseñan que le dispararon en la frente, en una calle oscura.
En otros casos, como en los amplios reportajes que ha firmado Ignacio Carvajal desde el sur de Veracruz, se cuentan dónde estudiaban las víctimas, cómo se llaman sus madres, cuáles eran sus sueños. Estos relatos suman 234 mujeres asesinadas violentamente en Veracruz durante los dos años del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes. Ahora, otras 26 han sido asesinadas en el primer mes y medio del de Cuitláhuac García, según cifras preliminares de colectivos civiles, la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Veracruz es el único estado de México con dos alertas de género por desaparición, feminicidio, violencia sexual. Desde que fueron anunciadas en noviembre de 2016 y diciembre de 2017, los colectivos han comprobado que los asesinatos siguen aumentando en un ritmo más o menos similar, desde el último año del priista Javier Duarte hasta el primer mes y medio del morenista Cuitláhuac García, contó para esta columna Esmeralda Lecxiur, abogada e integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz.
El año pasado 111 asesinatos violentos de mujeres fueron catalogados como feminicidios. La diferencia ahora, dicen las activistas, es que la disputa política entre el fiscal Jorge Winckler y el gobernador García arreció la guerra de cifras. Dice Lecxiur: “El actual fiscal en el gobierno panista desdeñaba las cifras de feminicidios. Lo que ha hecho a partir del 1 de diciembre es señalar los casos. Es un tema político”.
Este 15 de enero, el nuevo gobernador estaba convocado a la inauguración del Centro Integral de Justicia para la Mujer, en Xalapa. No asistió.
En diez días, los colectivos fueron citados a una reunión con el gobierno estatal y los municipales. Les adelantaron que él emitirá un duro mensaje contra la violencia de género en el estado.
Entre las activistas, unas dicen que le dan un voto de confianza. Otras, que seguirán insistiendo. Mientras tanto, las carpetas siguen acumulándose sin que se haya puesto en marcha una unidad de análisis de contexto en la Fiscalía, requerimiento de las alertas. Dos años después, ellas siguen sin entender por qué las matan, por qué en esa calle, a esa hora, a chicas de esa edad. Siguen sin saber por qué, ni cómo evitar la próxima.
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Peniley Ramírez / Linotipia / Heraldo de México
