Uno de los argumentos esgrimidos para oponerse a las fotomultas que durante un corto tiempo estableció la administración de Javier Duarte de Ochoa era que sus montos eran estratosféricos e imposibles de pagar para el ciudadano común, lo que implicaba una violación a sus derechos, pues entre otras cosas, nadie está obligado a lo imposible.
Pues resulta que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares van por el mismo camino. La nueva Ley de Tránsito del Estado contempla multas hasta de cinco mil pesos por no detener el vehículo cuando el semáforo marque luz ámbar –ni siquiera en alto- o por conducir con audífonos; cuatro mil pesos por no usar el cinturón de seguridad y cuatro mil 800 por manejar y usar un teléfono al mismo tiempo, y mil 200 pesos por no contar con llantas en buen estado. Hasta por no traer la verificación vehicular habrá sanciones.
Si bien todos los ciudadanos debemos cumplir con las leyes y ser responsables al manejar un vehículo para evitar accidentes, aquí, como en el pasado reciente, lo que se nota es un ánimo por hacer negocio y sangrar a como dé lugar a los contribuyentes.
Y se quejaban de los otros.
