La situación económica en el estado de Veracruz, complica el funcionamiento de las estructuras del gobierno local y la paralización de las obras y los servicios a cargo del gobierno estatal, al detenerse en su ejecución y pago, generando a su vez, una parálisis económica que afecta a todos los estratos sociales de la entidad; Xalapa la capital de Veracruz, es muestra clara de lo que ocurre en la región norte, comprendida principalmente por los municipios de Pánuco, Alamo, Tuxpan, Poza Rica y Tihuatlán entre otros, en el sur del estado desde Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos por mencionar los más importantes de la zona sur; más en el centro por el lado colindante con Puebla, el corredor Fortín, Córdoba, Orizaba y las Cumbres de Acutzingo, Maltrata y demás municipalidades; y los municipios cuenqueños Cosamaloapan, Alvarado, Tlacotalpan; más el Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín, padecen hoy un grave rezago en infraestructura carretera, escuelas, hospitales, fuentes de empleo; y prevalece en todas esas localidades, la invasión de la delincuencia que trae asoladas todas las regiones del estado, paralizadas en su actividad económica por la quiebra financiera heredada del gobierno que presidió el doctor Javier Duarte de Ochoa.
La noticia de la negativa en el Congreso local, para autorizar la renegociación de la deuda pública del estado, resulta de fatales consecuencias, puesto que trae consigo la incapacidad en las finanzas públicas, para hacer frente a los pasivos que dejó pendientes de cubrir el Gobierno Duartista y que ha sido la principal causa señalan los empresarios y los dueños de empresas productivas y de la construcción, algunos de los cuales han tenido que cerrar por incosteable el mantenimiento de esas empresas, esperanzadas al pago de los pasivos, que son deudas institucionales y que le corresponde cubrir al gobierno en funciones, fincando las responsabilidades a quienes tuvieron el dispendio, el manejo y desvío de recursos, por haber dispuesto para provecho personal del gasto público, que no llegó a su destino, con la inconformidad de todos los veracruzanos y el rechazo total que se ha expresado en las urnas y en la impopularidad de los políticos que ya cargan con un linchamiento social, que no les permite pisar tierras veracruzanas, so pena de exponerse a recibir agravios de la población dolida por los fraudes y el abandono en que viven.
La esperanza del cambio, es lo que hace que la actividad política nunca descanse y que los políticos no tengan un minuto de reposo, para estudiar la forma de cómo convencer al electorado en los próximos procesos electorales, despertando nuevamente el interés de los sufragantes, para garantizar el voto en favor de los políticos que ofrezcan resolver los problemas y satisfacer las necesidades más urgentes del grueso de votantes, que lo constituyen quienes viven en zonas urbanas y rurales, llenas de desencanto y frustración, por haber recibido solo promesas y engaños de políticos en campaña, que jamás cumplen las ofertas que los llevaron al triunfo como el viejo refrán popular que dice: “prometer para vencer, y después de haber vencido nada de lo prometido”; de tal forma que la preocupación de quienes aspiran a gobernar los doscientos doce municipios de Veracruz, radica precisamente en encontrar y concretar las ofertas que llevarán al pueblo para recibir a cambio, su voto el próximo cuatro de junio, con la certeza para los votantes, prometida en pasadas campañas, que a la fecha, jamás se han cumplido.
El origen partidario de los diputados del congreso local, pesa más, que el interés público y el fortalecimiento de las instituciones, pues al no haberse autorizado la renegociación de la deuda, el gobierno estatal seguirá paralizado en su función; preocupándose únicamente por el pago de los intereses generados por la deuda existente, que según lo expresado por el gobernador Miguel Angel Yunes Linares, equivale al pago de veinte millones de pesos diarios, solo por concepto de intereses; de ahí que la Constitución Política Federal y la particular del estado de Veracruz, establecen que los diputados federales y locales, son representantes populares y no, como equivocadamente han tergiversado su función, representantes de sus partidos o de sus propios intereses. La política es ética, aunque los políticos la ensucien y actúen sin razonar las consecuencias de sus actos; no se vale anteponer el interés partidario de los diputados, al interés supremo de las instituciones públicas, representadas por el gobierno estatal y federal en sus tres poderes que por el mismo mandato constitucional, son los encargados de la elaboración de las leyes, de la aplicación de la justicia y del mando policial y la construcción y mantenimiento de las obras públicas y de los servicios que recibe la población.
Ahora resulta, que en las Cámaras de Diputados, donde se autoriza el presupuesto público y la ley de ingresos, los frustrados padres de la patria, se reservan siempre una partida presupuestal para su operación que en nada beneficia al pueblo; y en esa partida también se incluyen fabulosos sueldos, compensaciones, gastos ordinarios y extraordinarios; plantilla de auxiliares (aviadores ) con que cuenta cada diputado, más otras canonjías que se mantiene ocultas, pero que despiertan la ambición de todos aquellos que aspiran a formar parte de la Legislatura estatal y federal. El gobernador Miguel Angel Yunes Linares, tendrá la tarea de buscar otras fuentes alternativas de financiamiento que impidan la paralización del estado y permitan mediante pagos escalonados y a plazos que deberán cumplirse cabalmente, pagar el multimillonario adeudo que dejó la administración de JD; lo que también urge es que se capture al responsable principal y se castigue a todos sus secuaces para que devuelvan el dinero mal habido, que en conjunto equivale al noventa por ciento del presupuesto anual de la entidad; salvo los gastos de sueldos y salarios de la burocracia, todo lo demás se dejó de aplicar al pago de los endeudamientos pasados, presentes y futuros; quedando en el olvido los beneficios de la bursatilización, pero vigentes los compromisos de pago.
Por el bien de Veracruz, antes que por el bien de los partidos políticos representados en la cámara local de diputados, se impone la reflexión y la prudencia, para revocar el acuerdo que impide la renegociación de la deuda pública estatal, y autorizarla con las limitaciones y restricciones impuestas por los acreedores, que ven a nuestra entidad con la mala reputación que tiene cualquier deudor incumplido. Contra Veracruz, nunca tendremos razón; frase atribuida al ex gobernador Fernando López Arias.
