Ha sorprendido a muchos el extraño injerencismo de la Fiscalía General del Estado en actividades que, en teoría, corresponderían al Tribunal Superior de Justicia, como es el caso de la investigación y sanción al personal judicial, particularmente a los jueces que actúan al margen de la ley… Y es que hace unos días, desde la Fiscalía del Estado, se difundió un comunicado en el que parecían haberle “ordenado” al Poder Judicial que se pusiera las pilas e investigara la actuación de una juez de control que dejó en libertad a unos policías.
Llama la atención el hecho de que fuese en la Mesa de Coordinación por la paz, que encabeza el gobernador del Estado, donde -por votación unánime- se obligó prácticamente al Poder Judicial a realizar lo conducente sobre este y otros casos, donde existiría una mala actuación de jueces y juezas, ante la inacción de la presidenta del Poder Judicial, quien se ha mantenido en silencio.
Se comenta lo anterior, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que supuestamente es un poder autónomo aunque -ahora en los nuevos tiempos- supeditado al Ejecutivo y principalmente a la Fiscalía del Estado, indica que es el Consejo de la Judicatura el responsable de sancionar a jueces y servidores públicos que incurran en fallas durante su función.
Llama la atención, se insiste, el silencio, la ausencia de posturas claras y el mal manejo de la comunicación institucional del Poder Judicial, pues pareciera que el Tribunal Superior de Justicia terminó siendo un organismo más de la Fiscalía del Estado… Plop y recontraplop…
