En enero del 2018 el Congreso del estado de Veracruz reformó al artículo 367 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para incluir el delito la violencia política en razón de género y sancionar a quienes violenten a mujeres que buscan cargos de elección popular o puestos de responsabilidad pública, sin embargo, se convirtió en letra muerta, los abusos continuaron en el proceso electoral local del 2018, sin que existiera castigo a los responsables de innumerables actos de violencia a las mujeres que participaron en esa campaña para un puesto de elección popular.
En plena campaña, el 14 de mayo y tras varias amenazas telefónicas, desconocidos tiraron una mano humana a las puertas del domicilio de la candidata a diputada local por el Distrito I del Partido Verde en Pánuco, Octavia Ortega Arteaga, con la oscura intención de amedrentar, intimidar y desalentar su participación en esa elección.
Días después la candidata acompañada del dirigente estatal de ese partido, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez dieron una rueda de prensa para exigir garantías de participación y frenar la violencia de género, a pesar de la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, no se registraron detenidos y se mantuvieron las amenazas aunque en menor medida.
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) también tomó en cuenta la denuncia y condenó los hechos, solicitó la intervención de Seguridad Pública para que se le asignará seguridad extraordinaria a la candidata del Partido Verde, pero ahí quedó, con temor la aspirante cumplió los días de campaña con valentía pero con la zozobra permanente redujo su ímpetu de lucha, sin alcanzar el triunfo.
Los ajustes al Código Penal realizados en ese mismo año, no se aplicaron porque la Fiscalía no fue capaz de dar con los responsables, así, las sanciones para sancionar con penas de dos a seis años de prisión así como una multa de siete mil a quince mil pesos, a quien realice o busque causar daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, en contra de las mujeres con el fin de restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales, se quedó sin estrenar a pesar de las denuncias y evidencias.
La violencia política de género y la valentía de la candidata de ese entonces del Partido Verde, sentó precedentes, dejó clavada la espina en las mujeres que participan en política y fue la diputada Monica Robles Barajas quien en la actual LXV Legislatura propuso y cabildeó la iniciativa para llevar la violencia política contra las mujeres al Código Electoral, normatividad que se aplica con mayor rigor que en el plano del Poder Judicial.
El pasado 6 de noviembre, el Pleno del Congreso Local votó a favor de la modificación del Artículo 396 del Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que se considere causal de nulidad el delito grave de violencia política en contra de las mujeres, aprobada con la amplia responsabilidad de las y los diputados en la LXV Legislatura y que será una realidad aplicada en los próximos proceso electorales.
Aunque la iniciativa se aprobó por mayoría, llamó la atención que algunos diputados varones del PAN, votaron en contra, es decir, con actitud misógina se opusieron a tal avance que ofrece más garantías a la equidad de género y la participación de la mujer en la política.
Destruyendo a los jóvenes
El programa del gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en un dolor de cabeza en vez de una solución, el problema es que algunas autoridades registradas como tutores, lo contaminaron. Por ejemplo en el municipio de Totutla gobernado por Mayra Paredes Morales del PAN, la administración municipal se dio de alta como tutora e incorporó a 503 jóvenes, un número inusual para una localidad tan pequeña, apenas en el segundo mes los beneficiarios padecieron las consecuencias y hoy en día el programa es ya un desbarajuste.
La alcaldesa colocó a su secretario particular como coordinador del programa Jonathan este sujeto les pide a cada uno de los beneficiario la cantidad e 50 menos mensuales para mantenerse en el padrón, lo que significa más de 25 mil pesos de los cuales se desconoce el destino.
Conforme pasa el tiempo, el programa se contamina más y más, y así ha llegado el punto de que decenas de jóvenes acordaron con el coordinador no asistir a cambio de un 30 por ciento de la beca, es decir entregan mensualmente mil pesos para no ser molestados.
En contraparte quienes se niegan a ese acuerdo son dados de baja y reportados como incumplidos en el sistema del programa, por eso urge la intervención de las autoridades de la Delegación Federal para que supervisen a detalle y den de baja al tutor y los becarios que se prestaron a la simulación, pero que se reconozca a quienes creyeron en el programa y que cumplieron en tiempo y forma con su parte.
