Lo que faltaba: Ramírez Cuellar, y su propuesta “indecorosa”, para fiscalizar la intimidad patrimonial de los contribuyentes

Aumenta la división al interior del partido MORENA, después de un proceso electoral interno, “amañado” según la visión de Yeidckol Polevnsky; y se ha partido en 2, al Movimiento de Regeneración Nacional, que le permitió al Presidente López Obrador un triunfo arrollador en su tercer intento por llegar al Palacio Nacional.
Tal parece que el diputado federal con licencia, Alfonso Ramírez Cuellar, quien ahora se ostenta como dirigente nacional de MORENA, trae la consigna de “divide y vencerás”, no solo al interior de su partido, sino también de dividir a los contribuyentes con la iniciativa de ley que promueve, para otorgarle al INEGI, facultades de fiscalización, para medir la concentración de la riqueza de quienes, con sus aportaciones sostienen el gasto público.
Las organizaciones que agrupan a los miembros de la Iniciativa Privada, ya rechazaron el planteamiento de Ramírez Cuellar, a quien el propio AMLO, tuvo que frenar para evitar abrir otro frente de confrontación política, innecesario, inoportuno y fuera de lugar, sobre todo, en este periodo de bancarrota económica e inactividad laboral a causa de la pandemia.
Hasta el Líder de los Senadores de MORENA, Ricardo Monreal, se deslindó de la absurda iniciativa del ex dirigente y fundador del “Barzón”; identificado porque en diciembre de 2002, siendo diputado bajo las siglas del PRD, entró a caballo hasta su curul en el Recinto de San Lázaro. El argumento de Monreal se apoya en que no se ha consultado a las “bases” de su partido y porque además, su propuesta implica una “progresividad fiscal”, que ya generó confusión y polarización.
Estudiosos del Derecho Tributario afirman, que cuando el legislador no conoce la doctrina del Derecho Fiscal o la pasa por alto, la legislación que produce, será un fracaso. Los recaudadores del fisco, han olvidado o ignoran el “sacrificio del contribuyente” que desembolsa dinero de su propio peculio, para contribuir al gasto público, y por ello debe ser lo menos gravoso posible.
Más ahora que el desvío de recursos públicos y la corrupción de los políticos, están a la orden del día y no hay institución pública que aplique la Ley (a secas), para obligar a los políticos ladrones a devolver al pueblo lo robado, pues como se ha visto prefieren pagar con Cárcel, antes que regresar al Estado, el producto de sus fraudes. Por lo visto, la Justicia Fiscal, no existe.