Lo que otros dicen

Detención de Duarte podría acelerar desafuero de Tarek

17 abril, 2017 9:32 am

“A propósito de la reciente captura de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, a quien también se le avecinan días difíciles es a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que preside el priista Ricardo Ramírez Nieto. Y es que resulta que aunque se tiene previsto que el juicio de desafuero contra el legislador Tarek Abdalá, ex tesorero veracruzano, se resuelva hasta junio, las bancadas de oposición presionarán para que sea antes de que acabe el actual periodo de sesiones, el próximo 30 de abril. Ya veremos.” (Fuente: Milenio, “Trascendió”, 17/ABRIL/2017).

Duarte, la cortina de humo y Odebrecht

17 abril, 2017 9:29 am

Maldición eterna para aquellos, seres bajos y despreciables, que suponen desde su falsa lozanía y siniestra apostasía, que la detención en Guatemala de Javier Duarte es una artimaña electorera para apoyar las nobles causas de la campaña priista en el Edomex que, es bien sabido, no requiere de este tipo de bajezas para que el mirrey original, Alfredo del Mazo Maza, triunfe como dictan los cánones de Atlacomulco. Y peor aún: hay lenguas bífidas y viperinas que insinúan sin sopesar el triste recaudo de sus falacias, que las caras que hacía Javidú a la hora del operativo que derivó en su aprehensión y que incluían los ojos chereques y un poco destorlongados como los de Scooby Doo en espera de una scooby galleta, formaban parte de la cortina de humo para ocultar un supuesto caudal de sobornos que la compañía brasileña Oderbrecht dejó caer en México y de los que dice tener perfectamente detallados, registrados y auditados con nombres y apellidos (nada más falta que hayan tomado videos como Ahumada, el voyeur de la vida galante), creyendo que Lozoya es de su condición… En realidad este gran operativo realizado en Guatemala (craso error, solo a Javiercito se le ocurrió esconderse en una nación que ha puesto el mal ejemplo de detener a su propio presidente) demuestra que nuestras autoridades trabajan dentro del marco de derecho para castigar abusos y excesos de funcionarios que, a sabiendas de que en la patria mexica no hay impunidad, se atreven a cometer atracos en despoblado. Claro que gracias al debido proceso que tanto exige el presidente del PRI, estos personajes tendrán los debidos amparos a que tienen derecho dentro del marco constitucional. Aquí cabe reconocer que Yarrington tuvo más sentido del glamur que Javidú, que demostró que cachete no es sinónimo de caché. Yo que lo hacía en Shangri-La. Suele preguntarse por qué la gente sigue votando por un partido que tiene a tanto miembro aquejado del síndrome de la cleptomanía para el que al parecer todavía no hay terapia disponible: porque hay esperanza de que salpiquen. Pero Javidú era un ser milagroso: se convirtió en el villano favorito de México al hacer el milagro de la reproducción de los ranchos, becar deportistas muertos y curar el cáncer con placebos. Lo bueno es que ya apañaron a Javier Duarte. Lo malo es que no traía la lana que se robó. Lo bueno es que ahora Yunes finalmente se pondrá a trabajar. Lo malo es que se seguirá haciendo wey. Lo bueno es que la esposa de Duarte, Karime, sigue mereciendo abundancia. Lo malo es que nadie se acordó del tío Fidel, el Yoda de Javidú. (Fuente: Milenio, “Política cero”; Jairo Calixto Albarrán, 17/ABRIL/2017).

La Joyita de Xalapa, en riesgo por acuerdos políticos

17 abril, 2017 9:10 am

Uno de los principales pulmones de Xalapa, Veracruz, está en riesgo por supuestos acuerdos políticos con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de junio. Así, la ciudadanía, nos comentan, se muestra preocupada ya que de ganar el candidato priísta a la alcaldía de esta ciudad, Alejandro Montano Guzmán, su administración podría facilitar a la familia empresarial Fernández Garibay, dueños del predio La Joyita, los permisos necesarios para que allí se construya un fraccionamiento y una área comercial; proyectos rechazados por los dos gobiernos anteriores gracias a la férrea oposición de la sociedad civil. Incluso, nos dicen, la familia Fernández prometió a don Alejandro varias hectáreas de dicho pulmón a cambio de que un miembro de ese clan consiga una regiduría en el cabildo capitalino. (Fuente: El Universal, “Kiosko”, 17/ABRIL/2017).

Cómo cayó Javier Duarte

17 abril, 2017 9:09 am

Javier Duarte se asomó a través de la persiana del departamento 505, que ocupaba en el hotel La Riviera de Atitlán, de cuatro estrellas, en Guatemala. La foto la captó el comando de agentes investigadores mexicanos que llevaba meses siguiéndolo. Fue la confirmación de que estaba ahí. La última prueba que se necesitaba para proceder a su captura. Pero detenerlo no fue tan inmediato. En Guatemala los jueces no giran tan rápido las órdenes de captura. Así que el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, y su par de la Interpol Guatemala se sentaron en la cafetería del hotel de al lado… a esperar… horas… En la desesperación, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, voló a Guatemala para presionar. Casi a las ocho de la noche, hora local, recibieron por correo electrónico la autorización del juez. Imprimieron la orden de captura en la recepción del hotel contiguo y fueron al sitio donde se encontraba su objetivo. Podían aprehenderlo si salía. Pero no podían entrar a su apartamento por él. En Guatemala la ley prohíbe los cateos después de las 6 de la tarde. Llegaron al hotel de Duarte, quisieron subir los cinco pisos por elevador, pero éste no funcionó. Por las escaleras y a tocarle la puerta, a ver si salía. Las autoridades del país vecino advirtieron a las mexicanas que los jueces son tan estrictos que el caso se les podía caer si ingresaban al departamento aun cuando Duarte los invitara a pasar. El departamento ocupado por Duarte se ubicaba al final del corredor. Cuando estaban por llegar, el ex gobernador de Veracruz, con más kilos que la última vez que se le vio en público, abrió su puerta y se los topó en el pasillo. Las autoridades mexicanas que lo detuvieron, fuera de la vista de su cónyuge e hijos que estaban ahí de vacaciones, describen que estaba muy nervioso, pero tratando permanentemente de demostrar que no tenía miedo. Buenas noches, les dijo. Los de Interpol Guatemala le contestaron con el protocolo legal de toda detención y Duarte aceptó sin respingar. “No lo voy a esposar, pero tenga las manos atrás”, le dijo el policía guatemalteco. Duarte obedeció. Se metieron cinco personas al elevador para bajar. Sí funcionó esta vez. Duarte identificó a los policías mexicanos. ¿Cómo están?, les preguntó. ¿Se le ofrece algo?, le reviraron. Cuentan que en el trayecto a la austera comisaría local se exhibió muy nervioso. Lo metieron ahí y se quejó de que dos fotógrafos locales se habían colado, que eso era violar su presunción de inocencia, que lo cambiaran de lugar. Y luego sonrió para las cámaras. Todo esto me lo revelaron agentes de inteligencia y altas autoridades del gobierno mexicano. Según la indagatoria oficial, comandada por el Cisen y la Agencia de Investigación Criminal, con la cooperación de la Marina y la Policía Federal, así como de autoridades civiles y militares de Guatemala, Duarte presentó licencia al cargo de gobernador el 12 de octubre del año pasado, horas después de anunciarlo cuando lo entrevisté en el programa Despierta en Televisa, y desapareció del ojo público. No tenía orden de aprehensión aún. Se la giraron dos días después. Duarte se había reunido con su fiscal, Luis Ángel Bravo, en Xalapa y de ahí un helicóptero —que le facilitó el gobernador interino Flavino Ríos y que cambió dos veces de plan de vuelo— lo llevó hasta Coatzacoalcos. Un Jetta que lo transportó por tierra a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se hospedó en casa de un hermano de su suegro. Se movió por carretera a Tecún Umán, Guatemala, y rentó un helicóptero que lo llevó a la capital, Ciudad de Guatemala. Ahí lo alcanzó su esposa Karime Macías el 19 de octubre. Ahí, Javier Duarte de Ochoa estableció su base de operaciones, presuntamente apoyado por el empresario oaxaqueño Sergio Castro López y por Gustavo Eduardo Fernández del Campo Sheremberg. Las autoridades consideran que desde ahí se trasladó a distintas localidades por helicóptero. Con apoyo del gobierno de Guatemala, México contactó a uno de los pilotos. Él reconoció en fotografías a Javier Duarte y su esposa Karime Macías. Habían sido sus pasajeros. Y aportó nuevos datos: él lucía barba y se veía más flaco; ella, pelo rojo corto. Él dijo llamarse Alejandro. Ella, Andrea. Sin embargo, según la investigación oficial, nada de todo esto lo supieron las autoridades hasta el 10 de noviembre de 2016, casi un mes después de su última aparición pública, cuando la Policía Federal detuvo en Chiapas a Mario Medina Garzón. Llevaba 7 mil 500 dólares y dos pasaportes falsos que debía entregar a Duarte y su esposa. La detención fue clave. Por lo que dijo él y por lo que dijo su celular, cuando le hicieron el examen forense digital. Los teléfonos intervenidos a partir de ese número dieron muchas pistas. El uso de tecnología de punta permitió el cruce de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos de todo el entorno de los Duarte Macías. 1.2 millones de metadatos. A pesar de rumores sobre que estaría en Inglaterra, España, Costa Rica, Argentina, Nicaragua, El Salvador, el Cisen siempre pensó que se estaría moviendo entre Chiapas, Guatemala y Belice. Sobre todo Guatemala porque estuvieron a horas de agarrarlo en Tecún Umán. Duarte y pareja trataron ahí de obtener en el mercado negro dos identidades falsas. Sin poder dar con el ex mandatario, las autoridades vigilaron a los abogados y empezaron también a observar a la familia. Sus tres hijos vivían en casa de sus abuelos maternos en Chiapas. Los investigadores supieron que los niños estaban muy tristes. Hasta que un día, súbitamente, fueron llevados a casa de su tía, la hermana de Karime, Mónica Macías Tubillo, también en Tuxtla Gutiérrez. Y después, a los niños se les vio felices. Catearon la residencia. Y nada. Ni Duarte, ni Karime, ni túneles, ni escondites, ni teléfonos satelitales. Entonces, las autoridades mandaron un mensaje a la familia política de Javier Duarte: que el asunto no era con ellos, sino con el ex gobernador.

En la recta final de la investigación, un hombre clave para detectar el paradero del ex gobernador fue su mensajero, Nelson Benito Carchalac. La infección a su celular permitió saber que iba y venía entre Alto Valle y Panajachel. Hasta se hospedó en el hotel de la captura. De acuerdo con el reporte de inteligencia al que tuve acceso, las autoridades supieron que se estaba preparando todo para una reunión familiar. Eran vacaciones de los niños. Era la oportunidad. El jueves llegaron Duarte y su esposa. El viernes viajaron sus hijos en vuelo privado desde Toluca, con sus tíos Mónica Macías y José Armando Rodríguez Ayache, sus primos y su abuela. Se juntaron, lo vieron tras la persiana y el sábado, a las 8:01 pm hora local, sucedió. (Fuente: El Universal, “Historias de reportero”; Carlos Loret de Mola, 17/ABRIL/2017).

Duarte: la telenovela

17 abril, 2017 8:56 am

Llevaba 182 días prófugo. Se le vio por última vez en la Casa Club de Golf Xalapa. Jugaba un partido con absoluta tranquilidad. Al día siguiente desapareció. El 11 de octubre Javier Duarte se había reunido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Según su versión, Osorio le dijo al mandatario estatal “que era muy difícil trabajar con alguien tan cuestionado” (se hablaba de desvíos de miles de millones). Duarte habría respondido que estaba dispuesto a solicitar licencia para separarse del cargo y enfrentar a la justicia. Entrevistado en el noticiero de Carlos Loret, se hizo pública esa decisión. El 12 de octubre Duarte escribió en Twitter: “Veracruz requiere un gobernador de tiempo completo, lo he sido más de cinco años 10 meses; es tiempo de encarar con la verdad falsas acusaciones”. Ese mismo día felicitó a Flavino Ríos por su designación como gobernador interino, “sabedor de su alta capacidad”. Luego, en un helicóptero facilitado por Flavino, huyó del estado. El nuevo gobernador le había pedido “a la gente del aeropuerto” que “le dieran las atenciones de un gobernador”. El rastro de Duarte se perdió misteriosamente a partir de entonces. Las circunstancias que rodearon la fuga parecían indicar que lo habían dejado huir. El 19 de octubre Osorio Chong intentó atajar los rumores. Dijo que las autoridades no podían detener a nadie antes de que se liberara una orden de aprehensión, y que al momento de la huida ésta no existía. La declaración del secretario no hizo sino agravar las sospechas: no podían detener a Duarte, cierto. Pero sí podían ponerlo bajo vigilancia. Durante las 24 horas del día. No lo hicieron. El 10 de noviembre de 2016 la Policía Federal detuvo en el aeropuerto internacional de Tapachula a un hombre que portaba 7 mil dólares y dos pasaportes falsos: Mario Medina Garzón. Los pasaportes estaban a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, pero contenían las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías. Medina Garzón dijo que “un tío” le había enviado a entregar los pasaportes en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Señaló algunas propiedades en Tapachula y Ciudad Hidalgo, en las que Duarte se habría escondido. Pero sobre todo, según fuentes allegadas a la investigación, Medina Garzón le abrió a la Agencia de Investigación Criminal dos pistas sobre el paradero de Javier Duarte. La primera señalaba que el ex mandatario se había hospedado en el hotel Tucán Dugú, en Livingston, Guatemala; la segunda, que luego se había desplazado a zonas residenciales de AltoValle y la Antigua, en donde le habían proporcionado “algunos inmuebles”.

La detención de Medina Garzón (quien luego fue dejado en libertad) permitió también a las autoridades llegar al círculo que asesoraba y preparaba la fuga de Duarte. Antes de que él pidiera licencia, los miembros de este círculo realizaron viajes a El Salvador, Costa Rica y Guatemala para tratar de ubicar zonas que convinieran como resguardo. Este círculo había puesto en manos de Medina los pasaportes falsos. Este mismo círculo está siendo investigado, según afirmó ayer en conferencia de prensa el director de la Agencia Criminal de Investigación, Omar García Harfuch. Ha circulado la noticia de que fue un concuño, sorprendido el viernes pasado en el aeropuerto de Toluca —tanto con los hijos de Duarte como con varios miles de euros dentro del equipaje—, quien condujo a autoridades mexicanas y guatemaltecas hasta el sitio en donde se refugiaba el veracruzano: el hotel Riviera de Atitlán, ubicado en la Bahía de San Buenaventura.

En realidad, cuando esto ocurrió, García Harfuch se hallaba ya en Guatemala. Había llegado el jueves pasado, en cuanto se supo que Duarte estaba en apartamento 505 del hotel (el cual, según la reportera guatemalteca Michelle Mendoza, fue adquirido hace apenas cinco meses). Duarte y su esposa se habían dejado ver, almorzando, en el restaurante del lugar. Miles de turistas visitan la bahía en Semana Santa. La pareja confiaba en pasar inadvertida. Esa mañana, Duarte vestía la camisa y el chaleco con el que apareció luego en las fotos de su detención. Su esposa lucía un chaleco verde, una blusa blanca y unos jeans. Los agentes que realizaron el operativo de vigilancia dicen que “se les veía contentos”. Karime Macías fue vista más tarde bebiendo agua en el balcón de la habitación. Hay dos versiones sobre la captura. Una, ofrecida por el subdirector de Investigación Criminal de Guatemala, indica que Duarte salió de su habitación hacia las ocho de la noche para “pedir algún licor”. En ese momento lo abordaron la Interpol y la Policía Nacional Civil.

La otra, del subjefe de Interpol en Guatemala, indica que llamaron a Duarte a su habitación para decirle que había sido localizado y pedirle que se entregara. Agentes que tomaron parte en el operativo dicen que el ex gobernador parecía “perturbado”. Unas veces sonreía, otras se mostraba soberbio, y otras de mal humor. Ocurrió la anhelada detención. La telenovela apenas comienza. (Fuente: El Universal, “En tercera persona”, Héctor de Mauleón, 17/ABRIL/2017).

¿De qué se ríe Javier Duarte?

17 abril, 2017 8:46 am

Lo que más llamó la atención de todos los mexicanos en la sorpresiva captura de sábado de gloria fue esa sonrisa burlona y cínica de Javier Duarte. En el momento en que el grupo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR lo detuvieron y lo esposaron para sacarlo del hotel donde tenía ya varios días alojado en la rivera del lago Atitlán, en Panajachel, el ex gobernador de Veracruz, que justo cumplía ese día 6 meses prófugo de la justicia mexicana, se reía de una manera extraña, como si se burlara de haber puesto en jaque a todas las agencias de seguridad e inteligencia del gobierno mexicano por más tiempo incluso que Joaquín El Chapo Guzmán al que detuvieron tres días antes de que se cumpliera el semestre de su espectacular fuga de Almoloya. Esa extraña sonrisa de Duarte, que el puñado de policías de la PGR y de la Policía Nacional de Guatemala que lo detuvo en el búngalo que ocupaba hacia varios días, definen como una “actitud de cinismo y soberbia, casi de locura” y que irritó tanto a los mexicanos que dio pie a teorías y suspicacias en las redes sociales sobre una “entrega pactada”, también recordaba a la de otro peligroso criminal, Édgar Valdez La Barbie que sonreía y se burlaba cuando lo llevaban esposado y detenido en agosto de 2010. ¿Será que la mente criminal del corrupto gobernador priísta y la de aquel temido narcotraficante funciona de la misma manera? El caso es que en la oportuna captura del político veracruzano, en su momento apoyado, promovido y aliado del presidente Enrique Peña Nieto, no fueron finalmente las sofisticadas células de inteligencia de la Marina, que varias veces estuvieron a punto de detenerlo pero se les escapaba de último momento —producto de “filtraciones de información” según se quejó alguna vez un alto mando naval—, tampoco fue el Ejército ni la Policía Federal; fue un grupo de agentes de la AIC, comandados por el joven director Omar García Harfuch, quienes desde el jueves llegaron a Guatemala con un discreto operativo basado en información que ya indicaba la presencia de Duarte en ese complejo turístico ubicado en las orillas del lago Atitlán, cerca de Antigua, Guatemala. Ya ese día sabían que en ese lugar, en una cabaña rentada, dormían Duarte y su esposa Karime Macías. Para el viernes santo, la información del aterrizaje en Guatemala de un vuelo privado contratado en México por su cuñada y en el que viajaban los hijos del ex mandatario, vino a confirmar la pista que ya seguían los policías mexicanos.

Para el sábado por la mañana el equipo de la PGR se regresó para solicitar en la ciudad de Guatemala, junto con la Policía Nacional de ese país, una orden a un juez guatemalteco para poder entrar al complejo privado donde se alojaba. La orden de aprehensión tardó una hora en salir, pero el lugar seguía estrictamente vigilado. Para la tarde que comenzó el operativo para ingresar, no sabían al 100% si lo iban a encontrar aún en el lugar y al ingresar los agentes de la AIC y de Guatemala se encontraron de frente con Duarte en un pasillo de la casa y ahí fue detenido y esposado. Su esposa Karime Macías se encontraba dentro de la habitación y aunque vio llegar a los agentes de seguridad decidió ya no salir de su cuarto y no quiso despedirse de su esposo con el que había huido durante los últimos seis meses. Fue cuando él salió sonriendo, como burlándose, y abandonado por su inseparable Karime y su familia, que hasta entonces lo había protegido. ¿Sería que más que entrega pactada, la de Duarte fue una entrega de su propia familia política? Como sea, la mayor parte de la inteligencia para la captura fue de la Agencia de Investigación Criminal, apoyada en el operativo y las órdenes judiciales por la Policía Nacional de Guatemala. Fue tan sigiloso el operativo en PGR que solo 10 personas supieron de su existencia, todas de alto mando, para evitar “fugas” de información. A nadie más se avisó ni del gabinete de seguridad ni de ninguna otra instancia. Nada tuvo que ver, por cierto, el gobierno de Miguel Angel Yunes, que ayer salió de inmediato a “celebrar y festinar” la captura como un mérito también de su gobierno que, dijo, tiene varias órdenes pendientes contra Duarte. La realidad es que esa “politización” descarada de Yunes sorprendió y molestó en el gobierno federal pues la aprehensión fue por las denuncias de la Auditoría Superior y de la Secretaría de Hacienda, pero nada que ver con denuncias del gobierno veracruzano. Por ahora, y en espera de que Duarte rinda sus primeras declaraciones —en las que podrían aflorar los nombres de sus socios, amigos y aliados, incluidos los de Los Pinos— hay muchas dudas y pocas certezas; una de las certezas es que nadie va a cobrar la recompensa de 15 millones de pesos que la PGR había ofrecido y dos grandes dudas: la primera, ¿qué tanto quiere o puede revelar Duarte que involucre supuestos financiamientos a campañas del PRI incluida la presidencial con recursos provenientes de Veracruz?; y la segunda, que tal vez esté relacionada con la primera, ¿de qué se ríe Javier Duarte? (Fuente: El Universal, “Serpientes y escaleras”; Salvador García Soto, 17/ABRIL/2017).

Denuncian presuntas torturas perpetradas por marinos, en Córdoba

13 abril, 2017 8:17 pm

“Ya te cargo la puta madre, fueron las palabras que V1, joven originario de Córdoba, Veracruz, escuchó del marino que le apuntaba con una pistola a unos centímetros de su cabeza, interrogándolo en la sala de su casa, que fue allanada sin orden judicial por una decena de elementos navales cuando estaba con su pareja, de 17 años, y su hija, de tres meses de nacida.

De acuerdo con el testimonio de V1 (como es nombrado en el documento para resguardar su identidad), recogido en la recomendación 31/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares lo golpearon y amenazaron con matar a su familia si no respondía sus preguntas.

Tras dos horas de tortura, lo sacaron de su domicilio y lo llevaron a la caseta de Fortín de las Flores, donde existía un puesto de control de la Secretaría de Marina. Ahí fue torturado y golpeado durante dos días y posteriormente lo trasladaron al cuartel ubicado en el puerto de Veracruz, donde siguieron las golpizas. La CNDH corroboró las declaraciones e imputó a los marinos falsedad sobre la forma en que fue detenido.

Elegido al azar entre las 17 recomendaciones emitidas a las fuerzas armadas en los dos años recientes –incluyendo la de Tlatlaya, estado de México–, este caso es similar a otros en los que se acusa a militares de violaciones como detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, allanamiento sin orden judicial y tortura.

En la recomendación más reciente (4/2017), la CNDH da cuenta de otro hecho similar cometido contra una mujer, a quien también se apuntó en la cabeza con un arma, la interrogaron a golpes e intentaron asfixiarla con una bolsa de plástico.

En este caso los agresores fueron dos mujeres: una militar y una agente de la Policía Federal, en hechos ocurridos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el 14 de abril de 2016, que tuvo notoriedad pública por la existencia de un video que fue difundido en redes sociales.

Pinche vieja dramática, si estás respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres la mamada. ¿Ya te acordaste o quieres más bolsas o quieres más agüita?, le dice la policía a la detenida, mientras la militar –se observa en otra parte del video– le coloca el cañón de un arma larga en la cabeza.

Incluso hay casos de ejecuciones arbitrarias cometidos contra dos menores y cuatro adultos, de las cuales da cuenta la recomendación 42/2016, en hechos ocurridos en Tecpan de Galeana, Guerrero, el primero de septiembre de 2012.

En esta recomendación, T1 (como de identifica al testigo de las ejecuciones) declara: Escuché gritos a una distancia de unos cien metros, me asomé y vi un grupo de soldados, unos 12, y seis civiles que estaban parados; los estaban golpeando, se quejaban, y luego oí dos o tres disparos y me retiré, pero al irme escuché más disparos.

La CNDH, que entrevistó al testigo, añade que la distancia entre los militares y los civiles era de alrededor de un metro cuando T1 escuchó los disparos. (JOSE ANTONIO ROMAN/ LA JORNADA/ 13.04.2017)

ADELANTE, VERACRUZ COMIENZA CONTIGO

10 abril, 2017 11:53 am

Hace seis años, en todos los foros del estado, el gobierno duartista hablaba de realizar censos de gente pobre en cien municipios, de credencialización y de la implementación de una política social que integrara diversas acciones de gobierno. Ahora, Indira Rosales San Román, la novel secretaria de desarrollo social, habla de lo mismo y casi con las mismas palabras. En el gobierno duartista se llamó Estrategia Adelante. Ahora lo han denominado Programa Veracruz comienza contigo.

Cuando Indira presentó su programa en Coatzacoalcos en diciembre pasado, dibujó su estrategia y desde entonces, muchos pensaron que era un adelanto del Adelante yunista. También habló de encuestar. Y lo está haciendo desde enero. Ella comanda una legión de operadores políticos panistas incrustados como nuevos funcionarios en varias dependencias, donde han organizado gente, en su mayor parte recién contratada, para encuestar a los pobres que todas las autoridades municipales conocen perfectamente y que hacen inútil y costoso ese trabajo de la nueva funcionaria de SEDESOL estatal.

Pero no importa eso en las altas esferas de la administración. Es la única manera de tenerlos empadronados para darles una bonita despensa, en una bien diseñada y costosa caja de cartón con el membrete del programa, que llevan a las zonas marginadas diligentes empleados cubiertos con bonitos uniformes, también al estilo Adelante. Las formas recuerdan el dinero tirado a la basura en el programa Adelante que no alivió la pobreza, porque sólo eran paliativos de una política asistencialista. Exactamente como las dichosas despensas que habrán de repartir, o como las que ya prometieron, pero sólo hasta finales de abril en varias colonias y localidades, antes del interesante y “campañístico” mes de mayo que tendremos.

La secretaria Indira informó que tiene una bolsa de mil millones de pesos para su política social. Y es probable que en efecto la tenga, pero distribuida en los presupuestos de varias dependencias. Pero será ya pasado el año, y cuando el ORFIS revise a posteriori la cuenta pública 2017, cuando se verá si la funcionaria verdaderamente contaba con fondos permitidos por la ley para adquirir esos miles de despensas que, se cree, están repartiendo rápida y furiosamente. En este momento no lo sabremos, porque el contralor Moreno Chazzarini anda muy ocupado tratando de echar andar el Sistema Estatal Anticorrupción, que tiene fecha fatal en julio próximo.

Ojalá y no estén utilizando fondos que por normatividad no puedan ser usados en compras de despensas. Porque podrían exigir su devolución las autoridades federales, si ese fuera el caso.

Por lo pronto, los empobrecidos veracruzanos (400 mil dixit Indira) de esos 100 municipios donde corre el programa Veracruz comienza contigo, (cuyas siglas podrían ser VCC), podrían estar dando este tipo de bienvenida al personal del gobierno del estado: Adelante jóvenes, sé que Veracruz empieza conmigo.

Y el proyecto yunista del 2018 también.

(José Antonio Flores Vargas / Palabras Claras)

Moreno Chazzarini: oscuro e invisible

5 abril, 2017 9:54 am

Medios de comunicación nacionales, informaron que ayer se llevó a cabo la primera sesión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin embargo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Jacqueline Peschard, la Presidenta del Comité Ciudadano del SNA, declaró: “Urge que el Senado se tome en serio y nombre Fiscal Anticorrupción”

El fuerte pronunciamiento lo hizo debido a que esa primera reunión se tuvo que realizar sin Fiscal, a causa de la falta de acuerdos para su elección en el Senado. Hasta el día de ayer no se había nombrado al fiscal que perseguirá los delitos, ni tampoco a los magistrados que sancionarán los actos de corrupción.

El llamado de la señora Peschard, alerta y preocupa porque a nivel nacional son constantes los casos de corrupción e impunidad que impiden el desarrollo de la nación. En Veracruz el problema aplica a la perfección, ya que a pesar de estar sumidos en la más escandalosa corrupción gubernamental de los años recientes, poco se sabe de las actividades de control y evaluación que se realizan en las dependencias de la entrante administración yunista, donde además se guarda como secreto de estado, todo lo relacionado con el Sistema Local Anticorrupción, que de acuerdo con la Ley, deberá estar implementado a más tardar el 18 de julio próximo, igual que en las demás entidades federativas.

Lo que se propone con la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción es sencillamente la búsqueda del bien común, a través del correcto manejo de los recursos públicos. Es una convocatoria a la unidad, a la transparencia y a la eficacia, que se hace a la Federación, a los Estados y a los Municipios.

A nivel federal, el nombramiento del Fiscal tiene un retraso de dos años. En Veracruz, como en la mayoría de los estados, el tema va más atrasado, a pesar de haberse incluido en el Plan Veracruzano de Desarrollo. De momento, se ignora todo lo relativo a las funciones sustantivas de la Contraloría General, aunque, eso sí, su titular parece más bien fungir como auxiliar de la Fiscalía General.

Lo único que se sabe de esa área de gobierno, son las 65 denuncias multipublicitadas por Moreno Chazzarini. Porque entre otras deficiencias, nunca se dijo el estado que guardaba la administración pública pasada, a pesar de que así lo determina la ley, que debió informarse en el último día del mes de enero. Pudiera ser que en lo oscurito se estén preparando otras acciones o integración de expedientes y denuncias adicionales, en apoyo a la Fiscalía.

Mientras tanto, los secretarios y titulares de entidades se podrían estar despachando con la cuchara grande en el manejo de los recursos presupuestales, en el despido injustificado de personal, en las designaciones de colaboradores –como de los directores administrativos en el COBAEV y en Protección Civil- y quizá en las escasas licitaciones de obras y servicios que permite el raquítico presupuesto.

Buen filón de expedientes para revisar.

(José Antonio Flores Vargas / palabrasclaras.mx)

¿Cárdenas será candidato presidencial de nuevo?

5 abril, 2017 8:35 am

“Crece en los corrillos políticos la versión de que algunos seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas quieren que el ingeniero lance su candidatura presidencial. El entusiasmo parte del programa político, Por México Hoy, que presentó hace un par de semanas y que bien podría aglutinar a la izquierda y a un sector no partidista de la sociedad. Los más escépticos aducen que por la edad (82) Cárdenas no aguantaría una campaña. No lo conocen ni lo han visto. Está más sano y fuerte que muchos jovenazos, dicen sus partidarios.” (Fuente: El Financiero, “Confidencial”; 05/ABRIL/2017).

Morales Lechuga critica al gobierno de Veracruz

5 abril, 2017 8:24 am

Las recientes fugas que se han suscitado en distintos centros de readaptación social de la República, han evidenciado problemas más graves que aquellos que se han dado a conocer a través de los medios.

El problema es añejo y recurrente desde los ochenta, la presión demográfica en los reclusorios acabó con la seguridad y todo se agravó aún más cuando se catalogaron quinientas conductas ilícitas como graves, aumentando en consecuencia la población de internos; de tal suerte que la mayoría de las conductas, incluso las no violentas, ameritaban prisión preventiva.

La maraña de corrupción que impera en los reclusorios ha demostrado que quienes gobiernan al interior de los mismos son los propios internos y no la autoridad; se vuelve en consecuencia una tarea prioritaria para los estados y la Federación recuperar la gobernabilidad de los reclusorios para así detener las fugas, eliminar los privilegios, limpiar la corrupción y abatir la impunidad y esto es solo el inicio del trabajo.

Cada una de las fugas evidencia directamente la corrupción y coparticipación de las propias autoridades a cuyo encargo se encuentran los reclusorios.

Recientemente, el secretario de Gobernación enfatizó que los recursos federales destinados a los centros de readaptación social y seguridad no son totalmente destinados a los fines para los cuales fueron etiquetados; lo cual, de ser cierto, evidencia la comisión de delitos.

En consecuencia, la Segob debe denunciar de manera inmediata el desvío de estos recursos por parte de los gobernadores o sus funcionarios que los han usado de manera distinta al fin para el cual fueron asignados.

El análisis de las fugas del Chapo Guzmán, las de Sinaloa, Tamaulipas y otras entidades, dejan en el ambiente el sabor amargo de la corrupción, pues hay preguntas que no tienen respuesta, como: a quién se le ocurre enviar a delincuentes acusados de narcotráfico y homicidios a una prisión light, o quiénes más han participado en las fugas del Chapo, a quién solo le faltó salir con honores y por la puerta principal.

Si analizamos las fugas, en el contexto del narcotráfico, lo que ha ocurrido dentro de ello, hago referencia al escándalo por la detención del fiscal de Nayarit, sorprendido con depósitos por 250 mdd, la presencia de Los Zetas en Veracruz y ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación en la misma entidad, y por supuesto la orden de detención librada por la Fiscalía de EU en contra de los ex gobernadores Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y otros casos similares, debemos concluir que el narco se metió hasta la cocina, es decir, ha infiltrado centros vitales del poder político como son los gobiernos de los estados y áreas federales estratégicas e importantes para la seguridad nacional.

Si a esto agregamos algo que empieza a ser cíclico, como es la sustitución de carteles en distintas entidades, nos lleva a la conclusión de que el problema es más grave de lo que pensamos. Las reacciones hasta ahora del gobierno federal no se conocen, ni sobre las órdenes de detención pendientes, ni sobre el gobierno de Nayarit, quien otrora fue ejemplo de cómo abatir la inseguridad en las entidades.

Lo menos que se puede solicitar al gobierno federal es fijar una posición y revisar el Sistema Nacional de Seguridad, la información o su ausencia sobre estos casos y hasta el papel de la Conago. Para acabarla de fastidiar en Veracruz y Chihuahua los gobiernos han asumido un papel de fiscales y diariamente declaran sobre los graves ilícitos que se cometen en sus entidades, culpando o exonerando, realizando funciones que no les competen, protagonismos que evidencian su impotencia. Lo grave es que pueden incurrir en conductas que afectan el debido proceso.

La población y los periodistas están pagando de entrada el alto costo de esta realidad. Habría que ver nada más el incremento de las estadísticas en homicidios violentos en el país y asesinatos de periodistas. Que al final de cuentas son víctimas directas del narcotráfico pero también de un Estado que no asume sus obligaciones en forma eficiente y al que le están pasando frente a las narices el narcotráfico como un naciente poder político con su estela de crímenes y delitos.

Lo menos que pueden hacer es investigar, como antes, a los candidatos de puestos de elección popular. No hacerlo, ya vimos, es un precio alto.

(Ignacio Morales Lechuga, Notario público y ex procurador general de la República / EL UNIVERSAL)

Transparencia Veracruzana: la mujer del César

4 abril, 2017 10:26 am

La última década del siglo pasado trajo al mundo y a México dos organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad. A nivel global, y con la participación de más de 70 países, nació primero Transparencia Internacional. De manera similar en sus fines, y adhiriéndose a ella inmediatamente, en nuestro país se creó Transparencia Mexicana durante el último año del siglo XX.

Todos hemos observado los temas que usualmente tratan estas instituciones y, quien lo iba a decir, transparencia es algo muy importante que le ha faltado a Veracruz durante estos primeros años del tercer milenio, cuando todo supone abundancia de ilustración, progreso, valores y justicia.

Hemos escuchado que Veracruz ocupa, tal vez, el primer lugar mundial cuando se habla de corrupción gubernamental. Y quizá en el asunto de la impunidad, ocupemos también ese deshonroso sitio.

Es entonces cuando pensamos en los procesos de transparencia institucional en el gobierno del estado. Hace más de un año, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos sorprendió en cadena nacional con la noticia de que en Veracruz se habían perdido 35 mil millones de pesos, que la administración estatal no podía comprobarle al gobierno federal. Incluso dijo que el gobernador Duarte debía estar en la cárcel.

Después vinieron como en apestosa cascada diarreica, las denuncias de la propia ASF, la denuncia periodística sobre las empresas fantasma, la renuncia del ex gobernador Javier Duarte y su huida inmediata. Después la denuncia de la Procuraduría General de Justicia contra él, así como otras denuncias contra sus cómplices.

Hasta que por fin, llegó el primero de diciembre y el cambio de gobernador. Conforme a sus dichos de campaña, todos esperamos que Miguel Ángel Yunes Linares, el mesías salvador de la patria chica, limpiara el oprobio y el abuso y llevara al estado a un verdadero cambio, con rescate incluido.

Desde ese momento pudimos observar los intentos yunistas por arreglar el desbarajuste duartista. Pero también vimos acciones para desarreglar lo que estaba bien. Así corrieron a miles de empleados para contratar a otros miles. Y desde el principio vimos los logros punitivos. Noticias de hallazgos en horario estelar, grandes revelaciones de cómplices, denuncias y más denuncias, recuperación de ranchos y cosas menores. Lo último, un tremendo bodegazo con diario personal incluido. Hace poco, otras persecuciones y otras detenciones de cómplices.

Pero surgieron los problemas con el exigente pueblo que también quiere transparencia. Dónde está el dinero, cuánto se ha recuperado, porque aún no lo hemos visto. Conclusión: ya encontraron un poquito.

Hasta la semana pasada este es el conteo: tenemos un gobernador perdido en el espacio interestelar, donde obvio, las fiscalías y procuradurías no pueden llegar. Seis detenciones y un pollito en fuga desde el viernes pasado.

Pero lo triste del caso, es que pasarán y pasarán detenciones, y los dineros perdidos y robados no aparecerán. Podremos llegar a 20, a 30, o a 100 o más detenidos. Y la gente se preguntará si habrá alguna recuperación en metálico, similar a lo robado. Porque para eso queríamos a los ladrones, no para publicidad preelectoral.

Aquí es donde pensamos, otra vez, en la transparencia veracruzana –acaso en la necesidad de crearla como institución de la sociedad, recordando a Transparencia Internacional, o a Transparencia Mexicana–. Pero también pensamos en nuestro gobierno actual, a quien le pedimos actuar como a la hermosa Pompeya Sila, a quien su marido el César exigió que no sólo debía ser honrada, sino que también tenía que parecerlo.

Es cuando surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Existe suficiente transparencia en estos casos de corrupción, en los dineros recuperados y en los que piensan recuperar, y en los procesos que realizan desde el punto de vista judicial y administrativo. ¿O está haciendo falta lo que Cayo Julio César le exigía a su mujer?

(José Antonio Flores Cancela / palabrasclaras.mx)

Alinearse es la actitud

3 abril, 2017 9:38 pm

Si algo nos dejó a los veracruzanos la semana que acaba de terminar, fue el hecho de entender cabalmente lo que puede significar en estos tiempos la decisión de incluirse en una línea o una fila con otras personas. O si queremos encontrar una razón más acorde a nuestro maltrecho ego, durante los últimos siete días, aprendimos sobre lo conveniente que a uno le puede resultar la decisión de incluirse en una determinada tendencia ideológica o intelectual.

Al final de la jornada, los que han seguido esa postura, habrán comprendido que simplemente han adoptado una actitud incluyente. Y en ese tenor, quizá todos debiéramos reconocer que, por activa o por pasiva, estamos siendo parte de un gobierno incluyente.

Si tomamos como punto de partida lo acontecido en Pánuco, donde en el PAN hubo un cambio de candidato, para colocar a otro que, dicen por allá, es uno de los cercanos simpatizantes del que hicieron a un lado, se entienden estos democráticos conceptos a la perfección. Se terminan de comprender, cuando Ricardo García Guzmán, el personaje más famoso en ese asunto, declara en un concurrido mitin que “hay que alinearse con el gobernador, porque si no, jamás llegarán las obras”. Y más aún cuando el señor nos confiesa que el gobernador lo trata como a un verdadero amigo.

Y lo entendemos a plenitud, si analizamos lo acontecido el fin de semana durante la nocturna instalación de un circo en el lujoso fraccionamiento El Lago en Xalapa. A diferencia de otras sorpresivas acciones punitivas para encarcelar a varios ex duartistas –Bermúdez, Flavino, Audirac y los demás que han pisado Pacho–, el cateo a la casa del ex tesorero Carlos Aguirre, con cámara incluida, madre preocupada por su bebé, paredes falsas, fajos de billetes de a 500 pesos y vecinos curiosos, dejó más dudas que certeza en el tema de la procuración de justicia en Veracruz.

Inmediatamente se desplegó por todo el estado el famoso video del cateo y al mismo tiempo un meme del programa estrella de Duarte, pero ahora en lugar de decir “Adelante” colocaron un “A Pacho”, junto al dibujo coloreado de la familia, cuyos integrantes apuntan con el dedo hacia un lugar determinado.

El tema resultó interesante, sin embargo, la duda inicia cuando, el contador Aguirre se convirtió en prófugo. Y algunos medios apuraron en señalar que el zorruno experto de la contabilidad gubernamental recibió el pitazo desde algún oscuro sitio.

Cabe recordar que este señor ya había sido mencionado como uno de los que había negociado su libertad a cambio de información.

Pero si eso ocurrió, de entrada, ha ocasionado un verdadero dilema para quien gobierna el estado. De acuerdo con las leyes federales y estatales que rigen el uso y disposición de los recursos públicos, el primer involucrado en el turbio manejo de los recursos del erario veracruzano, al estilo Javier Duarte o mediante la famosa “licuadora”, es el funcionario que ocupe la tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Y en este sentido, cualquier negociación liberadora será muy difícil de cumplir.

Por consiguiente, Carlos Aguirre, Vicente Benítez, Tarek Adbalá y alguno más que haya ocupado esa posición, caerán tarde o temprano en el reclusorio, así se hubieren alineado meses atrás por la izquierda, por la derecha o por donde haya preferido la alineación.

(José Antonio Flores Vargas / Palabras Claras)

Perdonará el PRI a Tarek

3 abril, 2017 8:31 am

Nos adelantaron desde la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que el PRI no le va a entrar a desaforar al diputado priista veracruzano Antonio Tarek Abdala Saad. A pesar de las acusaciones en contra del extesorero de Javier Duarte, entre ellas peculado, por el desvío de 23 mil millones de pesos, no correrá la misma suerte que el chihuahuense Antonio Tarín. Nos dicen que el dictamen viene en el sentido de que “no ha lugar” al desafuero y que ya va muy adelantado en sus aclaraciones con la Auditoría Superior. (Fuente: El Financiero, “Confidencial”, 03/ABRIL/2017).

Acaparan Edomex y Veracruz 70% del ‘turismo electoral’

3 abril, 2017 8:30 am

El Estado de México y Veracruz concentran 70 por ciento de las 6 mil 427 averiguaciones previas por el delito de turismo electoral que se han registrado en la última década.

Según cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), en todas las entidades se da este hecho, incluso, hay casos como el de Chiapas donde ciudadanos guatemaltecos votaron en 2015 a favor del Partido Verde.

En la zona oriente mexiquense Antorcha Campesina y el Frente Popular Francisco Villa se encargan de movilizar el día de la jornada a sus bases para apoyar a sus candidatos, principalmente de PRI y PRD.

El área dependiente de la Procuraduría General de la República, encabezada por el fiscal Santiago Nieto, define el turismo electoral como “el cambio de domicilio de un grupo numeroso de personas de un municipio o entidad a otro, generalmente colindante”.

Previo a la jornada electoral, estos ciudadanos realizan su registro ante los representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar una credencial para votar con una residencia nueva, la cual no habitan.

Desde 2007, año en que se denunció el primer caso de turismo electoral hasta la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en junio de 2016, se iniciaron 6 mil 427 averiguaciones previas, siendo Veracruz, con 2 mil 286, y Estado de México, con 2 mil 221, las que concentran 70 por ciento de los casos.

Estas entidades destacan porque este año el Edomex renovará el Ejecutivo estatal y veracruz 212 ayuntamientos.

Otros estados que rebasan los 100 reportes son Quintana Roo (621), Sonora (514), Chihuahua (291), Hidalgo (285), Michoacán (186), Tabasco (160), Yucatán (159), Nuevo León (138) y Puebla (134).

Desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio hasta marzo pasado, se han iniciado 492 carpetas de investigación siendo, de nuevo, el Estado de México el que encabeza este delito con 116 casos; le siguen Ciudad de México con 112 reportes, y Chiapas, 41.

Casos

En el Estado de México la Fepade tiene detectados a integrantes de Antorcha Campesina y del Frente Popular Francisco Villa.

También hay una investigación por 280 personas que pretendían votar en San José Independencia, Oaxaca, en el proceso electoral de 2016. Sin embargo, fueron interceptados, dados de baja del listado nominal y les aseguraron sus credenciales.

En los comicios de 2015 se consignaron y giraron órdenes de aprehensión contra cuatro policías de Coyoacán, en CdMx, por turismo electoral.

A los procesados se le atribuye haber acudido en enero de 2015 a diversos módulos de atención ciudadana del INE en la demarcación para solicitar la expedición de una credencial para votar con fotografía por cambio de domicilio, proporcionando uno que no les correspondía.

Lo anterior provocó una investigación en la que elementos de la Agencia de Investigación Criminal, realizaron inspecciones oculares en los referidos domicilios, así como las declaraciones ministeriales de los ciudadanos que habitaban en los inmuebles mencionados, quienes manifestaron no conocer a los procesados, ni reconocerlos como que hubieran habitado en esos domicilios.

La Fepade obtuvo auto de formal prisión contra cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a Coyoacán por alterar el Registro Federal de Electores.

En Veracruz, un juez de distrito encontró penalmente responsable a una ex delegada en Lázaro Cárdenas del Río del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por haber organizado, en enero de 2010, el traslado de aproximadamente 440 ciudadanos, a quienes les prometió, a cambio de apoyar a un candidato en Veracruz, sin especificar a cuál, despensas, cobertores y cantidades de dinero en efectivo que oscilaban entre los 200 y 320 pesos, así como el pago de todos los gastos de traslado, incluyendo desayuno y comida.

La investigación de la Fepade reveló que para su propósito fueron contratados 11 autobuses de pasajeros, los cuales partieron los primeros días de febrero de 2010 de Cuernavaca rumbo a Veracruz.

La inculpada indicó a las personas que serían trasladadas que debían llevar su acta de nacimiento y credencial de elector original, pues sin esos documentos no podrían viajar ni recibir la ayuda.

El expediente relata que cuando llegaron a Veracruz, les solicitó a dos cómplices les entregaran a los pasajeros recibos de luz y agua con domicilios en la entidad, acompañados de un croquis hecho a mano, donde especificaban una dirección; posteriormente, taxis y camionetas los llevaron a diferentes módulos del entonces IFE, donde les entregaron fichas de turno para posteriormente tomarles la fotografía y darles un comprobante, los cuales les fueron recogidos, por lo que finalizado el trámite emprendieron su regreso.

Al llegar a Cuernavaca, la inculpada les informó que les haría llegar despensas y cobertores; asimismo, entregó a algunos sobres con diferentes cantidades de dinero y les prometió a las viudas, madres solteras y personas de la tercera edad que se encontraban en los autobuses que serían incluidas en un programa de apoyo económico.

La Fepade obtuvo sentencia condenatoria contra la instigadora.
(MILENIO / 03-04-2017)