“No te pago para que me pegues”, fue la norma no escrita que durante décadas fomentó una relación perversa entre la prensa y el poder.
Ningún gobierno en la historia ha gastado tanto, despilfarrado tanto, como el de Peña Nieto. Excediendo en mucho lo presupuestado, gastó cientos de millones de dólares con el objetivo de controlar a los medios de comunicación para posicionar una imagen irreal. Además de la publicidad oficial, los medios recibieron sobornos, empleos y contratos no relacionados con la propaganda.
Entre 2013 y 2018 se gastaron más de 60 mil millones de pesos, los cuales se asignaron sin reglas claras, de manera discrecional. Esta práctica replicada durante varios años alimentó a un sector de la prensa claramente inclinado hacia el régimen que recién fue desplazado del poder. Para varios medios de comunicación, que subsistían como direcciones editoriales del gobierno, la victoria de López Obrador fue un revés a su modo de subsistir.
La prensa mexicana se acostumbró a depender del gobierno a tal punto que sin la publicidad oficial se amenaza su misma existencia.
No creo que se pueda cuestionar que en México existe libertad de prensa, sin embargo, los medios de comunicación han sido incapaces de construir fuentes de ingreso que les permitan ejercer esa libertad. Probablemente la razón estriba en haberse enfocado en un cliente único: el gobierno.
De ahí que el tema de la publicidad oficial cobra una nueva dimensión: no sólo se trata de la asignación de recursos para la propaganda del gobierno, que debe ser transparente y equitativa, sino que de su ejercicio depende la propia existencia de la mayoría de los medios de comunicación y, al menos de manera indirecta, también depende la libertad de expresión.
El gobierno de López Obrador ha dado un importante paso hacia adelante, al reducir el gasto de publicidad al 50%, pero sobre todo por declararse a favor de que los recursos sean asignados de manera racional y no discrecional. Aún falta claridad sobre los criterios de objetividad y equidad, y que la asignación se lleve a cabo con mediciones confiables que despejen cualquier duda sobre el ejercicio caprichoso de los recursos.
De cumplir con lo prometido seríamos testigos de una reconversión en la relación prensa-gobierno y estaríamos frente a un parteaguas en nuestra democracia.
Los medios tienen que hacer su parte y buscar alternativas para dejar de ser tan dependientes del presupuesto gubernamental; no puedo imaginar mejor escenario para nuestro país que tener medios de comunicación críticos, objetivos, fuertes e independientes.
El autor es director de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción
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