Más Vida presenta iniciativa para definir en la Constitución términos familia y matrimonio

El presidente de la organización “+Vida, +Familia”, Tomás Segovia, entregó a la presidenta del Congreso del Estado, María Elisa Materola, una iniciativa ciudadana que pretende definir en la Constitución los términos de familia tradicional y matrimonio; que la terna para presidir el Tribunal Superior de Justicia salga del mismo tribunal y sea electo por los ciudadanos; incluir a los padres de familia en el diseño y aplicación de las políticas educativas del estado, y que los planes estatal y municipales de desarrollo puedan someterse a plebiscito.

En un comunicado, informó que el objetivo es “provocar que desde la Constitución Local se abran los espacios de participación a los ciudadanos”.

A continuación, el comunicado íntegro:

La participación ciudadana en el Estado de Veracruz no está garantizada en la práctica. La representación está limitada y condicionada con meros discursos ideológicos.

El incumplimiento del gobierno en materia de igualdad y libertad; el desprestigio de la clase política causada por la imposición de intereses personales o de grupo; el aumento de congresos desvinculados de la ciudadanía que los eligió; la falta de representatividad de los partidos políticos; el dominio total de la vida política por parte de partidos políticos cerrados y que no practican la democracia interna; el predominio de la política mercadotécnica y un Estado debilitado ante los efectos de la violencia y la globalización nos hace acudir nuevamente al Congreso del Estado a hacer vida la ley número 76 estatal, para presentar la 2ª INICIATIVA POPULAR CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE PODERES, FAMILIA, MATRIMONIO Y EDUCACIÓN, que entre

otras cosas tiene como objeto, lo siguiente:

a) Abrir espacios a la participación ciudadana para estar presentes en la toma de decisiones.

b) Fortalecer la división de poderes, quitándole la atribución al ejecutivo de enviar las ternas de magistrados al momento de elegirlos y que el Presidente del Tribunal sea electo por los ciudadanos de una terna que emita el Pleno del propio Tribunal.

c) Elevar a rango constitucional a la Familia y al Matrimonio como el referente en la elaboración e implementación de políticas públicas que la refuercen.

d) Establecer en la Constitución que los Padres son quienes tendremos injerencia en la educación de nuestro hijos y no el Estado unilateralmente.

e) Establecer el sometimiento a plebiscito de los documentos que contengan los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo con la finalidad de que estos documentos que en estricto sentido son la brújula de los gobiernos y justifican el diseño de políticas públicas que son de interés y mejorarán la calidad de vida de los veracruzanos se encuentren legitimados por una mayoría de ciudadanos.

Nos preocupa de sobremanera el diseño de las Políticas Públicas, que se generan a partir de un Plan Veracruzano de Desarrollo que carece de una legitimidad al no haber existido ni fomentado una participación mayor de los veracruzanos, que permitiera plasmar en él, un verdadero enfoque de las situaciones que lastiman a las mayorías.

Como sociedad civil organizada mediante +Vida+Familia queremos provocar que desde la Constitución Local se abran los espacios de participación a los ciudadanos, incluyendo figuras como la revocación del mandato y fortaleciendo otras.

La Iniciativa Popular reviste una precedente histórico y sin igual porque es la primera en su forma y esencia en un Congreso Local que abre sus puertas a los ciudadanos.

La participación ciudadana, como eje articulador de las acciones de gobierno en el ámbito público y como método a través del cual la ciudadanía participa, individual o colectivamente, en la definición, ejecución y evaluación de las acciones de gobierno y del órgano legislativo, constituye un componente fundamental de la democracia contemporánea.

Los primeros antecedentes en nuestro país de ejercicios de participación ciudadana sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824, que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación. Otro antecedente fue la convocatoria del 14 de agosto de1867, mediante la cual el presidente Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos cámaras.

Un parteaguas en la historia de la participación ciudadana fue el sismo de 1985 y sin duda el acontecido el 19 de septiembre de 2017. La magnitud de las consecuencias del terremoto rebasó la capacidad de reacción del gobierno. Si bien el terremoto afectó principalmente el Distrito Federal, sus efectos sociales se dispersaron a lo largo del país. Este acontecimiento permeó muchos proyectos tanto sociales como civiles, y cambió las actitudes de ciudadanos y ciudadanas que ya no permanecieron instalados en conductas y acciones solo de queja, y pasaron a la elaboración de propuestas para solucionar los problemas públicos.

En este sentido, es indispensable aportar al debate público la reforma de la Constitución Política de Veracruz en materia de Participación Ciudadana. El proceso de análisis y discusión sobre esta misma iniciativa debe ser signo inequívoco de la voluntad de Veracruz por arribar a nuevos estadios en materia de participación ciudadana.

Veracruz exige una reforma integral y una innovación de los mecanismos de participación ciudadana que se traduzcan en una democracia más participativa y por consiguiente efectiva.

+VIDA +FAMILIA con esta iniciativa fortalece la cultura de la participación ciudadana en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular, enmarcada por los valores, los principios, la ética, la solidaridad, el bien común, la honestidad, el bien social, la voluntariedad, la defensa y protección del medio ambiente.

En el mismo sentido, pretendemos fortalecer una real división de poderes estableciendo que las propuestas para ocupar las magistraturas sean realizadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y ya no por el Ejecutivo para que de esta manera se garantice a quienes tienen una verdadera trayectoria dentro del Poder Judicial, la posibilidad de acceder a una magistratura, valorando su desempeño a lo largo de su carrera judicial y no atendiendo a un interés meramente político, de esta manera también contribuiríamos a combatir la corrupción al interior de los órganos que imparten justicia en nuestro Estado ya que de constituirse una probable responsabilidad al emitir sentencias o llevar a cabo procesos judiciales sospechosos no podrían ocupar un cargo tan honorable.

Se propone establecer que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz sea electo por el voto popular al igual que los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cada 6 años durante la misma jornada electoral en la que es electo el Ejecutivo, sin posibilidad de reelección. Lo anterior a partir de la propuesta que envíe el Pleno del Tribunal Superior de Justicia atendiendo la trayectoria intachable y honorable de quienes pudieran dirigir los destinos de este Poder, encargado de la interpretación de las Leyes emanadas del Poder Legislativo.

Esta propuesta, combina la base de la democracia representativa con algunos mecanismos de la democracia directa, como el referendo, el plebiscito, la revocación de mandato o la iniciativa popular.

Hemos hecho entrega el día de hoy, a esta soberanía, un total de 12,123 firmas (Doce mil ciento veintitrés) de ciudadanos veracruzanos, que corresponden a más del 0.2% del padrón electoral de nuestra entidad, en términos de los artículos 34 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12 y 13 de la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular, foliadas y certificadas por el Notario Nº 7 de la demarcación notarial de Coatzacoalcos, Veracruz; como requisito básico en este procedimiento.

De igual forma hemos solicitado a esta legislatura declare su procedencia para efecto de someterla al proceso legislativo y a su correspondiente aprobación y publicación.