Las recientes fugas que se han suscitado en distintos centros de readaptación social de la República, han evidenciado problemas más graves que aquellos que se han dado a conocer a través de los medios.
El problema es añejo y recurrente desde los ochenta, la presión demográfica en los reclusorios acabó con la seguridad y todo se agravó aún más cuando se catalogaron quinientas conductas ilícitas como graves, aumentando en consecuencia la población de internos; de tal suerte que la mayoría de las conductas, incluso las no violentas, ameritaban prisión preventiva.
La maraña de corrupción que impera en los reclusorios ha demostrado que quienes gobiernan al interior de los mismos son los propios internos y no la autoridad; se vuelve en consecuencia una tarea prioritaria para los estados y la Federación recuperar la gobernabilidad de los reclusorios para así detener las fugas, eliminar los privilegios, limpiar la corrupción y abatir la impunidad y esto es solo el inicio del trabajo.
Cada una de las fugas evidencia directamente la corrupción y coparticipación de las propias autoridades a cuyo encargo se encuentran los reclusorios.
Recientemente, el secretario de Gobernación enfatizó que los recursos federales destinados a los centros de readaptación social y seguridad no son totalmente destinados a los fines para los cuales fueron etiquetados; lo cual, de ser cierto, evidencia la comisión de delitos.
En consecuencia, la Segob debe denunciar de manera inmediata el desvío de estos recursos por parte de los gobernadores o sus funcionarios que los han usado de manera distinta al fin para el cual fueron asignados.
El análisis de las fugas del Chapo Guzmán, las de Sinaloa, Tamaulipas y otras entidades, dejan en el ambiente el sabor amargo de la corrupción, pues hay preguntas que no tienen respuesta, como: a quién se le ocurre enviar a delincuentes acusados de narcotráfico y homicidios a una prisión light, o quiénes más han participado en las fugas del Chapo, a quién solo le faltó salir con honores y por la puerta principal.
Si analizamos las fugas, en el contexto del narcotráfico, lo que ha ocurrido dentro de ello, hago referencia al escándalo por la detención del fiscal de Nayarit, sorprendido con depósitos por 250 mdd, la presencia de Los Zetas en Veracruz y ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación en la misma entidad, y por supuesto la orden de detención librada por la Fiscalía de EU en contra de los ex gobernadores Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y otros casos similares, debemos concluir que el narco se metió hasta la cocina, es decir, ha infiltrado centros vitales del poder político como son los gobiernos de los estados y áreas federales estratégicas e importantes para la seguridad nacional.
Si a esto agregamos algo que empieza a ser cíclico, como es la sustitución de carteles en distintas entidades, nos lleva a la conclusión de que el problema es más grave de lo que pensamos. Las reacciones hasta ahora del gobierno federal no se conocen, ni sobre las órdenes de detención pendientes, ni sobre el gobierno de Nayarit, quien otrora fue ejemplo de cómo abatir la inseguridad en las entidades.
Lo menos que se puede solicitar al gobierno federal es fijar una posición y revisar el Sistema Nacional de Seguridad, la información o su ausencia sobre estos casos y hasta el papel de la Conago. Para acabarla de fastidiar en Veracruz y Chihuahua los gobiernos han asumido un papel de fiscales y diariamente declaran sobre los graves ilícitos que se cometen en sus entidades, culpando o exonerando, realizando funciones que no les competen, protagonismos que evidencian su impotencia. Lo grave es que pueden incurrir en conductas que afectan el debido proceso.
La población y los periodistas están pagando de entrada el alto costo de esta realidad. Habría que ver nada más el incremento de las estadísticas en homicidios violentos en el país y asesinatos de periodistas. Que al final de cuentas son víctimas directas del narcotráfico pero también de un Estado que no asume sus obligaciones en forma eficiente y al que le están pasando frente a las narices el narcotráfico como un naciente poder político con su estela de crímenes y delitos.
Lo menos que pueden hacer es investigar, como antes, a los candidatos de puestos de elección popular. No hacerlo, ya vimos, es un precio alto.
(Ignacio Morales Lechuga, Notario público y ex procurador general de la República / EL UNIVERSAL)
