Ningún Poder Político, ninguna élite de actores políticos, estará por encima de la Constitución Federal

A propósito de la mal llamada “reforma política” recién aprobada por el Congreso Local, cuyo propósito final atenta en contra de los valores fundamentales de toda norma jurídica, que debe consignar las aspiraciones de una sociedad para vivir en democracia, con absoluto respeto a los Derechos Humanos y a los principios de Libertad, Igualdad, fraternidad y sin autoritarismo gubernamental.
El hecho de controlar al congreso, con una apretada mayoría de legisladores, quienes son utilizados para “acuerdos en lo oscurito”, en lugar de honrar la investidura como dignos representantes del pueblo; su pobreza de miras sólo demuestra la ambición de quienes sin “vocación de servicio”, consideran a sus electores, escalones para alcanzar y conservar el poder político, a costa de lo que sea.
Seguramente la reforma política Veracruzana, propuesta y aprobada en la sesión de anteayer, caerá por su propio peso, igual que ocurrió con la famosa “ley Bonilla” aprobada por el corrupto grupo plural de legisladores de B.C., que pretendieron pisotear la voluntad del pueblo, y modificaron la elección convocada para un gobierno de “dos años”, que pretendieron convertir en quinquenio, sin éxito, gracias al fallo que anuló la vulgar reforma tiránica que sólo favorecía al multimillonario empresario Jaime Bonilla.
La definición de la Democracia, en la forma más clara y sencilla que desde la escuela primaria hemos aprendido, la define como: la forma de elegir un Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la Constitución Política federal, establece que la Soberanía reside en el pueblo, que es quien la ejerce y determina la forma de su gobierno para su beneficio. Su ejercicio en los Estados está sujeto a las definiciones, alcances y limitaciones impuestos por la Carta Magna. Los artículos 1, 39, 40 y 41 de la Ley Máxima, así lo establecen.
Y las bases constitucionales de las Entidades federativas y Municipios, se rigen en cuanto a su estructura y gobierno por los artículos 115 y 116 de la Ley Fundamental. Todo lo demás que aprueben, abroguen o deroguen las legislaturas locales en contravención a la Ley de Leyes, constituye un mero intento para legitimar la inmoralidad política que todos rechazamos.
Estamos seguros, que no faltará un veracruzano que impugne las aberraciones legislativas en comento, mediante el ejercicio de una Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN.