El crecimiento anárquico y sin servicios públicos de urbanización, son el resultado de la corrupción que propicia la impunidad a los invasores y especialmente a sus líderes, quienes amparados con credenciales de afiliación a cualquier asociación o partido político, son atendidos por autoridades gubernamentales, especialmente del ámbito municipal.
Jamás se ha aplicado alguna ley que sancione la venta de terrenos que carecen de drenaje, banquetas, guarniciones, pavimentos, energía eléctrica, agua potable y rutas de transporte público.
Esto sucede en la periferia de las grandes ciudades, donde todos los días se cometen violaciones, homicidios dolosos, secuestros y feminicidios al por mayor, por la tolerancia de los fraccionamientos irregulares, que además de la falta de esos servicios públicos, permanecen a oscuras y sin vigilancia policiaca municipal.
En diversos lugares del país, han sucedido hechos sangrientos, que momentáneamente llaman la atención, pero pasado el tiempo se olvidan los hechos y mediante dádivas económicas, se encubre a los responsables, a los manipuladores y patrocinadores de quienes dirigen las invasiones en medio de la tolerancia oficial.
Hoy medios de comunicación informan, de algunas muertes a causa del coronavirus Covid 19, y se menciona a Guadalupe Buendía Torres (la loba), quien hace más de 20 años fuera líder de la OPC, del municipio de Chimalhuacán; invasora profesional de terrenos, amparada con credenciales apócrifas de Gobierno, surgida en los años 80.
La loba siempre se ostentó como protegida del profesor Carlos Hank González; y de sus cercanos Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet y César Camacho, quienes gobernaron en su momento el Edo-mex, y utilizaron a Guadalupe “la loba” en el acarreo de “agremiados” para sus campañas políticas.
En el año 2000 en un conflicto entre los partidarios de “la loba” contra las bases de Antorcha Campesina, y armados de ambos bandos, se enfrentaron y dejaron un saldo de 10 muertos y 50 heridos; por lo que la “loba” fue sentenciada a 50 años de prision de los que sólo alcanzó a cumplir 20 años, en el Penal del altiplano.
Esperamos que el mal ejemplo de Guadalupe Buendía Torres qepd, sirva a los líderes y socios malandrines, así como a las Autoridades Municipales, que han olvidado que “no hay crimen sin castigo”.
