Pareciera que los negros nubarrones que presenta la economía veracruzana se centran en la grave crisis financiera del gobierno estatal, legada por las últimas tres administraciones priistas que se caracterizaron por un desmedido endeudamiento a cambio de prácticamente una nula inversión productiva. Pero, no.
Para el ejercicio presupuestal de 2017, la inversión pública del gobierno federal en Veracruz presenta una preocupante disminución de 38.3 por ciento respecto a 2016, por arriba del recorte nacional que presenta cifras de menos 30.7 por ciento, lo que en metálico significará una sangría de 293 mil 190 millones de pesos, según el paquete económico 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un amplio reportaje de la periodista Dulce Olvera, publicado en el portal Sin Embargo http://www.sinembargo.mx/05-03-2017/3162331 , se observan los asimétricos ajustes que en este rubro hizo el gobierno federal que siguió privilegiando el apoyo a la infraestructura en estados que tienen una importante vocación hacia la exportación a Estados Unidos, además de aquellos que este año tendrán comicios para renovar sus gobiernos estatales, y ha dejado en abierta desventaja a los tradicionalmente olvidados estados del sureste del país.
Aunque el texto periodístico se centra en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y señala las dificultades que representará para sus poblaciones en el mediano plazo abandonar los profundos niveles de pobreza (no solo por el recorte presupuestal del Gobierno de la República sino además por la casi nula inversión privada), los casos de Puebla, Michoacán y Veracruz también deben ser preocupantes porque muestran una confirmación del abandono que ha decretado la administración de Enrique Peña Nieto de los estados más pobres, a pesar de la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que en poco ha ayudado para atraer inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Los estados que son más afectados en el presupuesto de este año en el rubro de inversión pública son, en atención a la reducción porcentual respecto a 2016 (si bien son distintos los montos en términos absolutos) son: Puebla, -61.6 % (816.4 millones de pesos); Michoacán, -52.6 % (1,253.4 mdp); Oaxaca, -49.7 % (2,475.3 mdp); Veracruz, -38.3 % (21,189.2 mdp); Guerrero, -38.2 % (2,661.3 mdp), y Chiapas, -28.7 % (7,106.8 mdp).
El caso de Veracruz es verdaderamente molesto porque significó que en el último año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 2016, el gobierno federal destinó a ese fin la friolera de 34 mil 342 millones de pesos que, si pasaron por la licuadora de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acabaron en las enormes alforjas de este ladrón de altos vuelos. Para este año, la inversión será de 21 mil 189,2 millones de pesos, lo que significa un tijeretazo de casi 40 por ciento.
Contrastan estos datos con los incrementos que recibirán los estados de Quintana Roo (85.8 %), Jalisco (11.0 %) y Querétaro (10.8 %) y los reducidos recortes que sufrirán entidades como Durango (-1.0 %), Guanajuato (-8.0 %), Estado de México (-19.1 %) y Campeche (-21.6 %).
La justicia raptada
No parece que las autoridades estatales del cambio quieran o puedan hacer lo suficiente como para disminuir los graves rezagos en materia de impartición de justicia.
A cada día que pasa, en Veracruz se acumulan cientos y hasta miles de expedientes de casos criminales, que van desde desapariciones hasta secuestros y homicidios, que no son investigados y que pasan al estatuto de la impunidad, una circunstancia que permite que la violencia se multiplique. Si nadie castiga, el negocio de la delincuencia se vuelve más redituable.
Veracruz, prácticamente todo mundo lo sabe, es el mayor cementerio clandestino del país. No hace falta ir a países que sufren guerras intestinas cruentas como Siria para conocer la dimensión de una crisis humanitaria como la que vive Veracruz, con miles de veracruzanos buscando (o guardando un secreto luto) por familiares desaparecidos a quienes nadie busca, más allá de los colectivos que andan tras pistas o sospechas y que han mostrado la dimensión de la impunidad que nos han heredado los gobiernos priistas y que el nuevo gobierno parece estar de acuerdo en mantener.
Este miércoles escuchamos al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señalar que pedirá al gobierno federal recursos para hacer las pruebas de ADN de cientos, tal vez miles, de restos humanos que han sido enterrados en diversas partes y que, según el padre Alejandro Solalinde, apenas representan la punta de un iceberg que se extiende por casi todo el territorio veracruzano.
¿En qué momento se convirtió Veracruz en un santuario de la delincuencia? Por supuesto, hay evidencias de que en los últimos tres gobiernos priistas hubo desde un imprudente descuido hasta una abierta complicidad con los grupos criminales, que permitió la obtención de enormes cantidades de dinero (que se sumaron al que robaron sistemática y cínicamente del erario) y la eliminación de enemigos, tanto en el terreno político como en el periodístico.
Solalinde ha puesto de nuevo en el tapete la existencia de un enorme número de tumbas clandestinas donde se hacinan los cuerpos de miles de veracruzanos castigados por la delincuencia, sea porque formaban parte de ella o porque simplemente fueron asesinados porque no obtuvieron lo que exigían, porque fueron encargos de quienes podían pagar sus ejecuciones o porque eran obstáculos para su trabajo delictivo.
Que Mariely Manterola Sáinz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, pida al padre Alejandro Solalinde que presente las pruebas necesarias para localizar las fosas clandestinas, cuando nadie se ha dignado solicitárselo y, en cambio, se le ha defenestrado. “Es muy fácil decir que hay fosas, yo creo que lo prudente y lo que nos obliga a hacer en este momento es dar esa información de algpun lugar, rancho o predio donde haya la sospecha que se ha suscitado el problema”.
La verdad es que no es fácil denunciar fosas. Solalinde lo ha hecho en varias ocasiones, pero quienes tienen que investigar son las autoridades ministeriales. Que el Fiscal General Jorge Winckler, con el beneplácito de su jefe, no quiera añadir más trabajo al que ha de tener en la encomienda de cazar exfuncionarios corruptos, es una cosa, pero lo cierto es que es obligación de la Fiscalía velar por la impartición de justicia, dar con los veracruzanos desaparecidos y, si es muchísimo pedir, atrapar a quienes han sumido a Veracruz en el estado ignominioso en que se encuentra.
Si no puede, que renuncie. Porque si el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió justicia, esta no debe ser exclusivamente para castigar a los ladrones que fueron sus enemigos políticos, intentar detener la ola de violencia mostrando a los criminales que recibirán el justo castigo que la ley establece. La impunidad es el mejor alimento para la violencia y los familiares de los desaparecidos solo piden encontrarlos para darles sepultura.
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