Enrique Peña Nieto y Miguel Angel Yunes Linares tendrán que hacer su aritmética electoral este 21 de abril en Antón Lizardo. Los pasivos específicos en Veracruz –por el cinismo y la impunidad que la complicidad con el Poder les brinda- son los primos Karime Macías Tubilla y Antonio Tarek Abdalá Saad, artífices y operadores de la trama para malversar 60 mil millones de pesos en Veracruz.
Estarán juntos durante siete horas Peña Nieto y Yunes Linares. Las decisiones que requieren tomar son profundas, contundentes e inmediatas.
Tienen la oportunidad de realizar el más grande operativo conjunto para denunciar, detener y procesar al mayor cartel de cuello blanco que haya operado en México.
Claro, si quieren, pueden y les permite la Hegemonía Salinista, esa Nomenklatura de Poder que guía las rutas de este país.
En 44 días habrá elecciones que serán una tácita revocación de mandato para ambos. El futuro de EPN y el PRI y sus aliados está centrado en el Estado de México. El futuro de MAYL, sus hijos y los aliados PAN-PRD están centrados en las 212 elecciones municipales.
La teatral reclusión de Javier Duarte en Guatemala fue una burda actuación que no permea entre la opinión pública y los electores porque la complicidad y la impunidad que se exhibe es más poderosa que la fotografía del ex gobernador tirado en la celda de una patrulla.
El cinismo derivado de esos “pactos no escritos” le permiten a Karime Macías y sus padres volar, con toda la displicencia y recursos financieros, a disfrutar de Londres, una de las ciudades más caras del planeta.
La impunidad del Poder le permiten a su primo, Antonio Tarek Abdalá Saad, -operador de la “licuadora- ser diputación federal con un fuero cuyo juicio está en ciernes para el próximo 27 de abril. Por si la protección constitucional fuera insuficiente, el ex tesorero exhibido en la audiencia de Javier Duarte en Guatemala posee sendos amparos judiciales.
Peña y Yunes tienen otros pasivos de menor relevancia pero partícipes y beneficiarios del mayor saqueo público en la historia mexicana. Se ubican en tres frentes.
El primero es el grupo de diputados federales vinculados a Duarte que todavía no están sometidos al juicio de procedencia para retirarles el fuero y sujetarlos a un proceso. Ahí están Noemí Guzmán, Adolfo Mota, Jorge Carvallo, Edgar Spinoso, Alberto Silva y Erick Lagos. Algunos de ellos muestran tal cinismo público y desvergüenza, actúan de tal manera que afrentan a los ciudadanos. Pareciera que ya ejercieron el “vómito negro”, poderoso instrumento que compra impunidad hasta con el más honesto, hasta con el que no pacta con delincuentes.
Otro frente es más reducido y son diputados locales que tienen sobre sí vínculos, acusaciones y fama pública de poseer recursos muy por arriba de lo que sus salarios les permite. Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez, Gerardo Buganza, Juan N Callejas Roldán y Luisa Angela Soto, entre otros. También ellos están bajo el paraguas del fuero y actúan como si estuvieran blindados contra cualquier señalamiento.
El tercer grupo sin protección constitucional, no por ello de menor envergadura por su presencia y participación en el latrocinio está conformado por Gabriel Deantes Ramos, hace doce años sin gloria ni fortuna y ahora poderoso multimillonario; Carlos Aguirre, Manuel Maza de León y Ricardo Sandoval, hábiles operadores y lavadores financieros. Ahí también está la que se desempeño en algún momento como “vicegobernadora”, aliada y socia de Karime Macías desde los últimos días de la administración de Fidel Herrera, María Georgina Domínguez Colío.
Peña y Yunes tienen sobre la mesa a estos presuntos cómplices de Javier Duarte. Tienen los recursos jurídicos y las instancias para ejecutar una magna y contundente operación judicial contra este cartel de cuello blanco.
¿Tienen la disposición? ¿Carlos Salinas les dará permiso?.
