La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró “preocupada” por políticas impuestas por México, Estados Unidos, y Centroamérica para contener el flujo de migrantes, ya que aumentan el riesgo de violaciones a las garantías individuales.
Durante el arranque del 42 periodo de sesiones, la diplomática consideró que la política migratoria impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un “retroceso”, ya que coloca a los migrantes en una situación de mayor riesgo de violaciones y abusos a una población altamente vulnerabilidad.
“Me preocupa que las políticas que se están implementando actualmente en Estados Unidos, México y algunos países de América Central están poniendo a los migrantes en mayor riesgo de violaciones y abusos de los derechos humanos, y pueden violar los derechos de las personas vulnerables”, indicó.
En su discurso, la Alta Comisionada externó su particular preocupación por la detención de niños migrantes, al ser un elemento contrario al interés superior del menor, un principio fundamental en el derecho internacional.
“Sigo profundamente perturbada por estas políticas, en particular la continua separación de niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de niños, simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño”, enfatizó.
Recordó que quienes se ven obligados a abandonan sus lugares de origen es por la angustia social y económica que existe en sus países de origen e incluso como resultado del cambio climático, la inseguridad y corrupción, entre otros factores de grande alcance, según su discurso publicado en la página Web del ACNUDH.
“Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen al Estado de destino y entren en él, ni las llamadas políticas de “tolerancia cero” detendrán las fuerzas que impulsan a las personas a irse, pero si presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más riesgosas, donde puedan estar expuestas a la violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos”, dijo.
La ex presidenta chilena recordó que en lo va de este 2019, al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias y que las oficinas del ACNUDH en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento en detenciones y deportaciones de migrantes.
“Los acuerdos para ‘devolver’ personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución; evaluación individualizada; el interés superior de los niños; y garantías del debido proceso”, apuntó.
