Gracias a la investigación que llevó a cabo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre las actividades violatorias por parte de los llamados “Servidores de la Nación”, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó limitar su actuación y la suspensión personalizada de Andrés Manuel López Obrador, pues violenta la Constitución al promover la imagen del presidente, afirmó la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD.
La DNE integrada por Ángel Ávila, Camerino Márquez, Karen Quiroga, Estephany Santiago, Fernando Belaunzarán, Adriana Díaz y Arturo Prida, informaron que la denuncia presentada el pasado 8 de agosto, contiene más de mil 500 pruebas que demuestran la violación al artículo 134 constitucional que establece que no puede haber propaganda personalizada.
El INE al contar con el sustento legal proporcionado por este Instituto Político, puso a discusión ante la Comisión de Quejas y Denuncias un dictamen que señala la violación constitucional por parte de los 19 mil integrantes de los “Servidores de la Nación”, los cuales usan accesorios que promocionan el nombre del mandatario federal.
Por ello el órgano electoral, ordenó a todos los servidores públicos no usar el nombre del Presidente de la República o de algún otro servidor público durante el levantamiento de censos o entrega de programas sociales.
En ese sentido, el PRD reconoce el papel de los Consejeros del INE para estar en la defensa de la democracia y que en este caso haya aprobado medidas cautelares en contra de quien resulte responsable, con el fin de garantizar imparcialidad y equidad entre los partidos políticos.
Los dirigentes perredistas denunciaron nuevamente que este grupo de trabajo, coordinado por el “súpersecretario” Gabriel García, está recorriendo casa por casa de todo el país y hacen propaganda de los programas sociales a favor exclusivamente Andrés Manuel López Obrador, lo que genera una grave inequidad electoral.
Finalmente, este Instituto político reitera su defensa y el derecho de los ciudadanos a recibir programas sociales conforme lo marca la ley y no para que los ciudadanos sean utilizados en una estructura electoral que nos cuesta a los mexicanos 4 mmdp y que este año va a repartir 190 mmdp.
