El diputado priista en el Congreso del Estado, Carlos Antonio Morales Guevara, presentó una iniciativa para castigar con hasta 10 años de prisión al servidor público que impida el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento o resolución judicial o administrativa o el cobro de una contribución fiscal o utilice el auxilio de la fuerza pública para tal objeto.
Ello con la reforma al artículo 320 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que establecería una pena mínima de tres años de cárcel y una multa de hasta de cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Recordó el incumplimiento de laudos laborales por parte de ediles y las solicitudes que las administraciones municipales hacen el Congreso para que les autoricen usar recursos federales para el cumplimiento de los mismos.
Para exponer la gravedad que representa para las arcas municipales el tema de los laudos laborales, comentó que el Informe General la Fiscalización Superior de los Entes Municipales, entregado en días pasados por titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, advierte un importe de 470 millones 534 mil 900.31 pesos, por concepto de pasivos derivados de laudos laborales, concernientes a 53 ayuntamientos y seis Paramunicipales.
Además señaló que en el año 2016, la magistrada del Poder Judicial del Estado (PJE), Concepción Flores Saviaga, dio a conocer que el pago pendiente por laudos laborales en la mayoría de los ayuntamientos del estado, ascendía a más de 2 mil millones de pesos.
Morales Guevara señaló que en algunos casos las autoridades municipales inmersas en esa situación, piden autorización a la Legislatura con el ánimo de buscar verdaderamente una posible solución y así estar en condiciones plenas de dar cumplimiento a una resolución, pero otras, según él, solamente inician el trámite ante este Poder con la intención de dilatar el cumplimiento de la resolución administrativa y evadir su responsabilidad.
Enumeró que para poner fin a esta problemática mediante el marco jurídico, en los estados de Durango, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, su legislación penal ya establece como una modalidad de incumplimiento del deber legal por parte de aquel servidor público que, entre otros supuestos, impida el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento o resolución judicial o administrativa o el cobro de una contribución fiscal o utilice el auxilio de la fuerza pública para tal objeto.
En el mismo tenor, destacó, el Gobierno del Estado de México anunció, hace unos meses, su interés por presentar un paquete de reformas legales, a efecto de impulsar una cultura institucional para que los funcionarios municipales actúen en apego al estado de derecho y, consecuentemente, se evite que los Ayuntamientos carguen con adeudos innecesarios.
