Presidente: ¿Requetebién?

La inseguridad nos rodea una vez más, con mayor impunidad e insolencia criminal desbordada. Nos preguntamos si nuestros hijos regresarán de la escuela o del trabajo, el asalto o el secuestro se respira hasta en la proximidad del transporte público, en cualquier calle y a cualquier hora. Ya somos el país del miedo y la psicosis.

Inseguridad pública, violencia y corrupción, son el trinomio fatal, sin embargo, hay otro factor, de enorme gravedad porque evidencia los años perdidos por la incompetencia oficial ante la delincuencia desbordada. Vemos con más frecuencia sociedades enteras, en regiones y localidades, apoyando como base social a los narcotraficantes, a huachicoleros, asaltantes de camiones y a bandas de secuestradores y extorsionadores de toda laya.

No es exagerado decir que mucha gente los percibe como los Robin Hood que encarnan la respuesta social contra el egoísmo de los ricos. No importa que los delincuentes incurran en graves delitos si es “una causa buena”, supuestamente, la que los mueve. Son también quienes reparten –así sea migajas del botín— entre la población que los acoge y los protege.

Si en las calles se extiende la violencia, cunde en las redes el lenguaje de la violencia y del odio. Entre ambos hay vasos comunicantes. El Presidente achaca y machaca sobre una línea de tiempo que inculpa de todo lo malo e indeseable al pasado. El ciudadano, se enconcha en su miedo. Comparte y rumia en corto su impotencia. Entre la casi segura indiferencia con la que es “atendido” y el temor a las represalias, la víctima se aleja de lo que queda de las ineficaces instituciones que cuidan la seguridad pública o que procuran justicia.

La mayoría de los delitos no se denuncian, pero su cifra real sigue creciendo. Los homicidios dolosos han dado paso e interconectan con las desapariciones. Madres dolientes en distintos puntos de Veracruz o Guerrero y en algunos estados del norte, se han vuelto expertas zapadoras para localizar fosas clandestinas, ante autoridades más cerca de la simulación que de las respuestas, alejadas de cualquier solución que frene la ola delictiva, como sería conseguir el abatimiento de la impunidad.

El presidente confía en que la Guardia Nacional resuelva este lastimoso flagelo de manera casi inmediata. Sus apuestas al perdón y la amnistía fueron breves, cayeron estrepitosamente, como igual pasó por su escritorio la legalización de las drogas a la manera de una acción mágica y justiciera que transforma lo malo en bueno y lo informal en formal. Los más entusiastas desconocen el mundo de las adicciones y solo proclaman el del negocio y la economía.

Desde el simplismo, se confunde la legalización de las drogas con una varita mágica que transformará la antisocialidad; la adicción en divertido esparcimiento y la muerte de los adictos en un logro de la paz social.
Información del Reporte de Seguridad de la CDMX muestra que la denuncia del robo a transeúnte se incrementó 70% en febrero; el robo de vehículo, un 43.6%; las violaciones subieron 544%, mientras que los delitos sexuales distintos a la violación tuvieron un incremento del 178.5%; el homicidio se incrementó cerca de 80% y los delitos en el metro 365%. El robo a negocio casi 230%. Estos números a nadie sonrojan, el Gobierno hace mutis y así como no se ve la yesca seca ni se atiende preventivamente la proliferación de incendios en el cinturón montañoso que rodea a la CDMX o a otras ciudades, tampoco existe un programa de seguridad pública específico para la capital del país y las zonas conurbadas.

Si el Presidente, como ha dicho, se reúne todas las mañanas con su gabinete de seguridad para dictar personalmente instrucciones en asuntos de seguridad, ¿qué comentarios le merecen las cifras, no las suyas, sino las que desbordan el círculo de silencio del que le gusta rodearse ante realidades tan preocupantes en las que no se advierte cambio alguno de fondo? ¿En dónde y cómo piensa articularse la operación de la Guardia Nacional con un mejor Ministerio Público, con el sistema judicial y el del funcionamiento de los reclusorios ilusamente llamados de la readaptación social? Si el presidente tiene sus propios números y piensa que vamos requetebién debería contrastarlos después de darse una vuelta por nuestras calles.

Casos recientes de alto impacto en la opinión pública como los de Minatitlán y Cuernavaca, son indicativos de la terrible penetración criminal en las corporaciones policiales. En el doble homicidio de Cuernavaca el arma que usó el homicida estaba en custodia desde hace dos años en un depósito de la autoridad investigadora y en Minatitlán el asesino contaba con protección oficial. Sin duda la corrupción campea en el trasfondo de ambos casos. ¿Es en ese entorno tan tóxico y tan repentino y circunstancial donde se piensa que podrá funcionar mejor un nuevo cuerpo de seguridad pública?

Establecer y hacer avanzar un programa de Seguridad Pública será prácticamente imposible si el mismo no incluye la depuración de los cuerpos policiales, así como su control, evaluación, profesionalización y combate a la corrupción en todos los terrenos. De esos terrenos el Presidente no ha dicho nada aún nada al respecto, pero le toca encabezar la búsqueda de soluciones.

La Guardia Nacional va a ser más de lo mismo si se descuida el marco jurídico que permita a fiscales y jueces calificar como legales las investigaciones y aprehensiones que realicen sus integrantes. Si los servicios de la GN representan un costo económico para los estados y municipios (como si la seguridad fuese un servicio privado y no un derecho humano y una obligación del Estado el proporcionarla) veremos ahí un obstáculo más para que cumpla su misión.

Si es verdaderamente la pieza necesaria para el inicio de una recomposición de la seguridad, será oportuno asumir la realidad de las cifras delictivas al alza, las del miedo fundado a ser la siguiente víctima, las del temor y desconfianza en las policías, las de la grave corrosión de la vida comunitaria. Ninguna es indicativa de que la 4T pueda pregonar, en ningún sentido, que vamos “requetebién”.

Ignacio Morales Lechuga
Exprocurador General de la República